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Domingo, 23 de Septiembre de 2018

APLP COMPENDIA LOS CASOS QUE AFECTARON AL EJERCICIO PERIODÍSTICO DURANTE 2017

SOCIEDAD | 31 Dic 2017

VISOR BOLIVIA / Redacción y monitor.- La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) realizó un recuento de hechos que afectaron el ejercicio informativo durante 2017. El compendio fue elaborado por el presidente de esa entidad, Nelson Martínez, que tomó las agresiones a reporteros en el altiplano, la polémica ocurrida en Chile hasta los proyectos fallidos del oficialismo para tratar de censurar a la prensa.

VISOR BOLIVIA reproduce hoy, el texto de Martínez en su integridad, tomado del portal oficial y la página de Facebook de la APLP. 

“En febrero, en torno a los hechos violentos registrados en el municipio de Achacachi, en los que participaron manifestantes en contra del alcalde Édgar Ramos Laura y sus seguidores, varios periodistas de medios locales y de medios de comunicación de La Paz fueron amedrentados y se ejerció violencia física contra ellos, para que no reflejaran la realidad de los hechos, con lo cual se vulneró el derecho a la información de toda la ciudadanía, para impedir que los enfrentamientos salgan a la luz pública.

En marzo, funcionarios de migración de Chile retuvieron a la periodista Sandra Mariscal y expulsaron al camarógrafo Érick Condorena, de Bolivia Tv, para impedir que realizaran su trabajo de cobertura periodística sobre la visita de los familiares de los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en el Penal de Alto Hospicio, en Iquique.

Las autoridades chilenas vulneraron los derechos de periodistas bolivianos y ejercieron en plena democracia la censura de prensa, que fue repudiada por el Colegio de Periodistas de Chile, mientras que la SIP no se pronunció frente a semejante atropello.

En abril, la Asamblea Legislativa Departamental intentó transferir los predios del Campo Ferial de El Alto al Ministerio de Obras Públicas, con la pretensión de despojar e intervenir las instalaciones de Radio Líder, emisora de la Gobernación de La Paz. Este intento, que no logró consumarse, fue una maniobra para intentar acallar a este medio crítico al Gobierno.

BAJO LA LEY DE IMPRENTA

En septiembre, en relación al polémico debate del artículo 200 del Nuevo Código del Sistema Penal, referido a la mala praxis profesional, una interpretación equivocada de la norma, de parte del Presidente de la Cámara de Senadores, propició una confusión al vincular la mala praxis profesional con el ejercicio del periodismo, siendo que bajo ninguna circunstancia un hecho informativo puede poner en riesgo la vida o integridad física de las personas.

Las organizaciones del sector periodístico, en una mesa de diálogo, lograron aclarar la redacción con los presidentes de ambas cámaras y dejaron en claro que la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce la autorregulación y que está en plena vigencia el Tribunal Nacional de Ética.

En octubre, los periodistas Moisés Cornejo y Sergio Gandarillas fueron maltratados y víctimas de la prepotencia y violencia por parte de uniformados de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales en inmediaciones de la Plaza Murillo, situación que repudiamos y denunciamos públicamente.

En noviembre, a 70 días de que la Policía lo detuviera por presuntas agresiones a pasajeros del bus PumaKatari, el periodista Agustín Mamani recuperó su cámara de video, que le fuera arrebatada por un uniformado el 29 de agosto, cuando realizaba la cobertura de una manifestación de pobladores del municipio de Mecapaca.

Según el seguimiento de este caso que realizó la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), el equipo no fue consignado en la orden de detención de manera intencionada, pues el policía que lo decomisó tenía la intención de quedarse con la cámara. La presión ejercida desde los medios de comunicación a la fiscalía logró que el mencionado equipo fuera devuelto.

AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO

En noviembre, periodistas de Radio Líder denunciaron amenazas de muerte, hostigamiento y serios intentos de amedrentamiento en relación a su trabajo periodístico; según las investigaciones de la fiscalía, las amenazas procedieron de un celular que está a nombre del alcalde de Achacachi, Édgar Ramos Laura; a estos hechos se sumó la caída de la antena y el corte violento de la señal de internet a esta emisora.

La página web de la APLP recibió 10 alertas de intentos de hackeo, cuando publicó una noticia sobre el pronunciamiento de la APLP contra las amenazas y el constante acoso que soporta el equipo periodístico de Radio Líder.

“LEY MORDAZA” FALLIDA

En diciembre, cuatro diputados del oficialismo presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto denominado “Ley de información Responsable”, que en resumen pretendía controlar la información y regular y sancionar el trabajo periodístico, en abierta vulneración a la CPE y a la Ley de Imprenta vigente.

La declaratoria en estado de emergencia de las organizaciones de prensa del país, frente a una nueva “ley mordaza”, movilizó a periodistas y medios de comunicación en defensa de las garantías constitucionales que respaldan la libertad de expresión en Bolivia.

El fallido proyecto de ley fue retirado de la Asamblea Legislativa Plurinacional siete horas después del pronunciamiento conjunto de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y de la APLP, que fue ampliamente respaldado por la población.

La APLP, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz establecieron, tras el retiro de la nueva “ley mordaza”, un Pacto por la Defensa de la Libertad de Expresión y Prensa.

Las tres organizaciones periodísticas llegaron a este acuerdo “ante las circunstancias históricas que vive el país y considerando la necesidad vital de defender la libertad de expresión y prensa”.

PROCESADO POR SEDICIÓN

El caso más grave que enfrenta el periodismo boliviano es el proceso penal iniciado por el ex ministro de la Presidencia y actual embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, contra el periodista y director del Sol de Pando, Wilson García Mérida, por el cargo de sedición y otros cuatro delitos. No hay en América Latina un caso semejante y de esta magnitud en el último año.

García Mérida, quien ha asegurado que para precautelar su seguridad tuvo que ausentarse a Brasil, tiene una orden de aprehensión y era juzgado en rebeldía, aunque hasta hoy no se conocen las pruebas que sustentan nada menos que una acusación por sedición.
La APLP, en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y Reporteros sin Fronteras, se ha propuesto realizar todas las acciones a su alcance para que se restituyan los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso del periodista García Mérida y así pueda defenderse en libertad, en el marco de la Ley de Imprenta, si el caso lo amerita.

SOBRE LA PUBLICIDAD ESTATAL

Sería imposible terminar este recuento sin mencionar que en el país se utilizan los recursos públicos destinados a la publicidad estatal de forma discrecional, privilegiando a algunos medios y castigando a otros.

Esta política estatal de premio y castigo es atentatoria al principio de pluralidad y sobre todo a la libertad de expresión, porque propicia la autocensura.

//@VisorBolivia / Foto El Diario// 

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