Hay dos detenidos por avasallamientos y apuntan al alcalde de El Puente como responsable de la toma de tierras

Foto agencias

SEGURIDAD | 20 Sep 2021

Juan Montaño, propietario del terreno avasallado, recibió tres impactos de bala. Se encuentra en cuidados intensivos en una clínica privada 

EL DEBER.- Dos personas fueron aprehendidas por la Policía acusadas por el intento de homicidio y otros delitos, tras el enfrentamiento ocurrido el sábado pasado cuando el dueño de un predio, junto a sus trabajadores, fueron atacados con arma blanca (machete) y armas de fuego por personas que han avasallado sus tierras.

El ataque de los avasalladores ocurrió en el Núcleo 53 de la comunidad El Carmen, zona ubicada entre el municipio de El Puente y San Julián. Se espera que los dos detenidos sean presentados en audiencia cautelar durante la jornada de este lunes.

Luciana Oliver, esposa de Juan Montaño López, el dueño del predio que resultó afectado por disparos de arma de fuego, solicitará que se amplíe la orden de aprehensión contra otras 10 personas más por los delitos múltiples como intento de asesinato, asociación delictuosa, avasallamiento, tráfico de tierras, entre otros.

Entre los acusados se encuentra el alcalde de El Puente, Proofel Huaylla Arteaga, a quien se vincula con la organización de los asentamientos y las agresiones producidas en los últimos días. El ataque del sábado ha dejado como saldo una quincena de heridos, entre ellos, dos por arma de fuego.

Juan Montaño, propietario del terreno avasallado, recibió tres impactos de bala. Se encuentra en cuidados intensivos en una clínica privada, mientras se completa la evaluación médica. El último informe sobre su estado de salud indica que se aguarda la mejora del pulmón para poder trasladarlo a planta.

Un segundo herido de bala, Pascual Corma, que es trabajador de Juan Montaño, también está recibiendo asistencia médica en la capital cruceña.

"Esto no puede quedarse impune", reclama Oliver tras vivir el temor provocado por las agresiones del pasado sábado. Hasta el momento no pueden retornar a sus viviendas ni propiedades. "Los avasalladores se han masificado y siguen armados", lamenta la mujer.

Una decena de comunarios que trabajan la tierra con la plantación de soya presentarán una denuncia formal contra, al menos, doce personas identificadas por participar en la agresión del pasado sábado. Junto con los trabajadores agredidos y otros testigos, acudirán a la Fiscalía de San Julián para presentar sus testimonios.

El domingo, tres patrullas policiales se acercaron a las propiedades afectadas, que son en total 10, pero fueron recibidos de manera agresiva por los avasalladores. Incluso, "trataron de retener a un sargento y tomarlo como rehén para intercambiarlo por los dos detenidos", contó Oliver.

Los avasalladores amenazan con quemar los cultivos de soya y de girasol de 10 propiedades involucradas. Se trata de algo más de 1.000 hectáreas de soya lista para cosechar y unas 300 cabezas de ganado, según la mujer.

Oliver asegura que se entregarán videos y documentos que muestran al alcalde de El Puente como el instigador de las tomas. "Han mantenido reuniones desde el 6 de septiembre, antes de las agresiones del sábado", insiste la afectada. Además, explica que los propietarios de los diez predios avasallados, entre ellos su esposo, "llevan luchando desde tiempo atrás, de manera legal, contra los avasallamientos, pero sin obtener las garantías por parte de las instituciones correspondientes".

Uno de los trabajadores agredidos con machetes pidió a las autoridades correspondientes que actúen y expulsen de dichas tierras a los avasalladores armados, pues estos permanecen asentados en la zona impidiendo la llegada de la policía al lugar.

Defensoría del Pueblo condena violencia en Guarayos

Mediante un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público una investigación diligente para esclarecer los hechos ocurridos el pasado sábado y que dejó una quincena de heridos. Pide trabajar en la prevención de este tipo de conflictos o avasallamientos y resguardar la propiedad privada y pública.

Igualmente, expresa su condena por los hechos violentos registrados en la comunidad “El Carmen”, en la provincia Guarayos. De manera explícita reprocha la portación de armas de fuego por parte de civiles.

Espera una proceso ágil que identifique y sancione a los responsables de las agresiones.

//FUENTE: EL DEBER//