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Viernes, 16 de Noviembre de 2018

ASESORAS DEL LEGISLATIVO TRABAJARON “A MEDIO TIEMPO” PARA REDACTAR EL CÓDIGO ABROGADO

Senador Ortiz pide conocer a participantes en la elaboración del polémico texto, costos y su financiamiento

POLÍTICA | 25 Ene 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Dos asesoras de ambas cámaras legislativas fueron las redactoras del Código del Sistema Penal, abrogado en las últimas horas, confirmó el presidente del Senado, Alberto Gonzáles. La oposición pide conocer a cada participante del polémico texto para establecer responsabilidades y cuantificar posibles pérdidas económicas por una ley que la ciudadanía boliviana rechazó.

La asesora jurídica de Diputados, Pilar Quintanilla, y la asesora jurídica del Senado, Giovana Mendoza, dividieron su labor trabajando “medio tiempo” en ambas cámaras y el otro lapso en la redacción del Código del Sistema Penal promulgado el 15 de diciembre y que se tradujo en 681 artículos, muchos de ellos reprobados por la población porque “criminalizaba” la acción y actividad ciudadana. 

El presidente del Senado agregó que a ambas funcionarias se unió en principio el abogado Reynaldo Imaña en el equipo técnico, financiado por una cuota de la “cooperación internacional”, aunque Gonzáles no entró en mayores detalles del monto recibido.

Quintanilla y Mendoza, agregó, no gastaron “ni un solo centavo” del presupuesto estatal, pues ambas, al dividir su labro en la Asamblea Legislativa solo recibieron su acostumbrados salario por las funciones asignadas en el ámbito jurídico.

El senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, mandó este jueves dos peticiones de informe escrito sobre el tema.

La primera PIE fue remitida al propio Gonzáles para conocer la nómina de la comisión redactora del CSP o Ley 1005, los procedimientos establecidos, los costos y el financiamiento.

En respuesta, Gonzáles dijo que el procedimiento de Ortiz es incorrecto porque una petición con esas características no se pueden interponer entre legisladores de una misma cámara, además que aquel ya adelantó criterio sobre el tema.

“Yo le manifesté al senador Ortiz que él ya se había adelantado a decir que no había transparencia, que habíamos ocultado, que habíamos despilfarrado, es decir un montón de cosas que no se ajustan a la verdad”, declaró.

Las segunda PIE de Ortiz se dirigió al Ministerio de Justicia para que se explique al país cuáles son los otros proyectos de ley en puertas, dentro de los denominados “Códigos Morales” que el régimen del MAS va generando desde 2010.

El senador opositor espera una respuesta del ministro Héctor Arce, pues considera que el país debe conocer las leyes que afectarán a la ciudadanía como la Ley de Derechos Reales que ya está en comisión de Diputados.

Otras fuentes en reserva citaron al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de las entidades que financiaron la redacción del CSP bajo tuición del coordinador residente Mauricio Ramírez.

Se suman nombres como los juristas Alberto Binder de Argentina y Jorg Stippel de Alemania. Binder, según Gonzáles, estuvo en Bolivia para asesorar el código con financiamiento de la cooperación.

Nombres como Rosaly Ledezma y Verónica Patricia Navia, así como la diputada del MAS y presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, completan la nómina de oficialistas que elaboraron una ley por demás polémica y criticada que llevó al mandatario Evo Morales a retroceder en su aplicación a 41 días de promulgada la Ley 1005.

//@VisorBolivia//
  

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