Visor Bolivia Diario Multimedia
Martes, 24 de Abril de 2018

CONOZCA A LA “CAZADORA DE TIRANOS” QUE HARÁ SEGUIMIENTO A DICTADURA DE MADURO

MUNDO | 9 Feb 2018

PANAM POST.- El jueves la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya anunció la apertura de un examen preliminar contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Quien velará por el caso será la fiscal jefe de la Corte, Fatou Bensouda, quien dejó claro que ha seguido “de cerca” la crisis en Venezuela.

No se trata aún de una investigación, sino del proceso preliminar para determinar si se debe proceder con una investigación. No obstante, luego de varios años de demandas contra la dictadura chavista, finalmente se da el segundo paso decisivo para que eventualmente la Corte Penal Internacional actúe.

En un video, Bensouda aseguró que la Corte Penal Internacional tomó la decisión luego de una “revisión independiente e imparcial de numerosos informes”. Y se enfocará en analizar los crímenes y excesos que se cometieron durante las manifestaciones opositores a partir de abril del 2017.

Desde su cuenta de Twitter, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, celebró la decisión de la Corte Penal Internacional. Aseguró que la “medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran el fin de la impunidad y el logro de la justicia”.

Cuando a mediados de enero el presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, visitó la Corte Penal Internacional y se reunió con la presidenta, Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi, la desesperanza se regó. Sobre todo por el historial de la argentina.

Pero ahora mucho recae sobre Fatou Bensouda. Es la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y su palabra es decisiva. Este es su perfil:

¿QUIÉN ES FATOU BENSOUDA, LA FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ENCARGADA DEL EXAMEN PRELIMINAR CONTRA MADURO?

De acuerdo con el diario El Confidencial, Bensouda “es la mujer más temida por los criminales de guerra”. “Imparable, si se trata de hacer justicia”, se lee en el medio. Muchos reconocen su temple a la hora de buscar dictadores y delincuentes.

Nació en Gambia, al oeste de África. Se crió en el seno de una familia musulmana y polígama. Estudió derecho en Nigeria y regresó a su país en 1987 para desempeñarse como abogada.

Continuó desenvolviéndose en la academia y logró obtener un máster en Derecho Marítimo Internacional y Derecho del Mar. Se convirtió, entonces, en la principal experta en Gambia en esa área.

Fue escalando poco a poco en su país: directora general de un banco comercial, Consejera del Estado, fiscal general, directora adjunta del Ministerio Público, procuradora general, secretaria jurídica de La República, fiscal general y ministra de Justicia hasta su despido en el año 2000 (cargo que la somete a la polémica, ya que el presidente era Yahya Jammeh, denunciado por violaciones a derechos humanos). Todos logros conseguidos en un plazo de 20 años.

Asimismo, sus estudios en Derecho Marítimo también le permitieron ejercer el puesto de asistente de la Organización de Naciones Unidas en esa área.

Fue abogada, acusadora del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que fue creado en 1994 para juzgar el denominado Genocidio de Ruanda, cuando el Gobierno hutu ejecutó el asesinato de miles de miembros de la etnia tutsi.

Fatou Bensouda también formó parte de las negociaciones sobre el Tratado de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, en el Parlamento de África Occidental y el Tribunal ECOWAS.

A principios de siglo, Bensouda se mudó a La Haya, donde empezó a crecer profesionalmente. En el año 2004 asumió como segunda fiscal de la Corte Penal Internacional y empieza a desenvolverse en el tribunal de justicia ubicado en Países Bajos.

Se inclinó a favor de los crímenes de género, la violencia sexual y las arbitrariedades contra las minorías y diferentes etnias. De igual forma, ha insistido contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por Estados contra individuos.

La presidenta de la India en el año 2009, Pratibha Patil, le otorgó a Fatou Bensouda, a nombre de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Suiza, el distinguido Premio Internacional de Juristas.

En el 2011 la Asamblea de los 121 Estados miembros de la Corte Penal Internacional la eligió por consenso y la convirtió, de esa forma, en la primera mujer al frente de ese organismo, cuyo objetivo es investigar los crímenes de guerra, el genocidio y cualquier delito internacional, sin importar las fronteras.

Asumió como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional el 15 de junio de 2012. Ese mismo año la revista TIME la incluyó entre las cien personas más influyentes del mundo.

Siendo fiscal de la CPI, uno de sus propósitos fue reivindicar a quienes padecieron los excesos de la Guerra de Afganistán (2001-2014). Según Fatou Bensouda, el expresidente estadounidense, George W. Bush, es responsable de “‘crímenes de guerra, torturas y trato inhumano’, al menos durante el período” del 2003 a 2004.

Ahora tiene otro objetivo, apartado de sus intenciones contra Bush. De forma sorpresiva, anunció este ocho de febrero la decisión de abrir un examen preliminar contra el dictador venezolana para investigar “los presuntos crímenes cometidos (…) al menos desde abril de 2017 en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política”.

“En particular se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones. Que han oprimido y encarcelado a miembros de la oposición”, dijo la fiscal en un video publicado por la Corte Penal Internacional.

A Fatou Bensouda la llaman también “la mujer que caza tiranos”. En el medio The Guardian se asegura que ella “pretende hacer lo que otros no pueden: impartir justicia a criminales de guerra y a déspotas genocidas”.

Si bien la Corte Penal Internacional no tiene amplias capacidades, como algunos desearían, Bensouda asegura que “los desafíos están allí”. Mantiene un compromiso firme con la justicia y tiene una lista de cosas por hacer, pese a las complejidades legales.
Y ahora Venezuela se suma a esa lista, con Nicolás Maduro en la mira. Probablemente, en algún momento la Corte Penal Internacional conquiste otro logro importante.

Victorias, como el enjuiciamiento a los rebeldes congoangoleños, Thomas Lubanga y Germain Katanga; la persecución contra el líder rebelde Joseph Kony, el traslado a La Haya del ugandés Dominic Ongwen; y la condena contra el exvicepresidente del Congo, Jean-Pierre Bemba —logros en su mayoría bajo la administración de Fatou Bensouda—.

“NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO”

Hay una frase conocida: ”no todo lo que brilla es oro”. Aunque Bensouda pareciera tener un limpio y decente perfil curricular, está rodada de personas de dudosa credibilidad.

La fiscal fue la “mano derecha” del argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional que recibió 22 causas bien fundamentadas sin hacer ningún tipo de investigación.

Además a Moreno Ocampo se le descubrió que estaba recibiendo dinero y que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales. Bensouda posiblemente estuvo enterada de todo lo que el fiscal hacía.

A esto se suma que la fiscal Bensouda, quien emprenderá un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tiene muy cerca de Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente de Venezuela Tarek El Aissami, quien a su vez es acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

Haifa El Aissami, es la embajadora de Maduro ante la CPI y quien hace “contribuciones especiales” al presupuesto del organismo internacional.

//Fuente: es.panampost.com//
 

SI ¿Fue interesante la noticia? NO
Oposición cree que Gobierno tendrá acceso a datos privados de la ciudadanía / WEB

POLÍTICA | 23 Abr 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- La oposición reveló otro proyecto de ley lanzado desde el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, esta vez bajo el rótulo de ley de ciudadanía digital para regular los trámites de las personas en entidades públicas y privadas que tengan servicios delegados por el Estado.

Manifestantes tomaron las calles de Managua pese a retroceso de Ortega / VOA

MUNDO | 23 Abr 2018

VOA NOTICIAS.- Estados Unidos suspendió los trámites regulares de su embajada en Nicaragua y está retirando algunos de sus diplomáticos debido a las violentas protestas en el país centroamericano.

La gestión de Paco se caracterizó por la constante agresión a los medios informativos / ARCHIVO WEB

POLÍTICA | 23 Abr 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- La exministra de Comunicación, Marianela Paco, ha postulado a la Dirección Ejecutiva de ERBOL citando un título académico “en trámite”, además de citar que tiene disponibilidad de tiempo, pese a que aún cumple labores en la sala de redacción del diario cruceño La Estrella del Oriente.

Paco fue férrea vocera del régimen contra la prensa nacional / ERBOL

SOCIEDAD | 22 Abr 2018

MONITOREO / RADAR / IMPRESOS.- La exministra de Comunicación, Marianela Paco Durán, presentó su postulación para ocupar el cargo de directora ejecutiva de la red ERBOL (Educación Radiofónica de Bolivia).

Migración boliviana a Chile se multiplicó en el último lustro / EL MERCURIO

ECONOMÍA | 22 Abr 2018

MONITOREO / RADAR / IMPRESOS.- Norah Fuentes y sus dos hijos esperan con ansias el 10 de cada mes para recibir los 500 dólares (300.000 pesos chilenos aproximadamente) que el jefe de familia, Mario Zurita, les envía de Chile, desde hace cuatro años.

Pese a incumplir plazos, MAS niega responsabilidades penales futuras / DIPUTADOS

POLÍTICA | 22 Abr 2018

MONITOREO / RADAR / IMPRESOS.- Con seguridad es el instrumento legal más utilizado por la ciudadanía en su vida diaria. Desde redactar un testamento, vender una casa, suscribir un contrato de cualquier tipo o resguardar los derechos de los hijos en un divorcio, casi todo pasa por esta norma. Y ahora se abre un nuevo debate porque el Código Civil usado por los litigantes hoy, para algunos expertos, es inconstitucional debido a que el plazo impuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que la Asamblea Plurinacional lo eleve a ley feneció en diciembre de 2017. El Gobierno admite parcialmente la crítica, pero niega que se genere inseguridad jurídica o responsabilidad penal para el Legislativo.