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Martes, 11 de Diciembre de 2018

ACTIVISTAS Y ESTADO ESPERAN NOTA FORMAL TRAS RECEPCIÓN EN CIDH DE PETICIÓN CONTRA REELECCIÓN INDEFINIDA

Información errónea provocó confusión y fue argumento para que Gobierno vuelva a calificar las acciones civiles contra la repostulación como “mentiras”

POLÍTICA | 11 Feb 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, tuvo que aclarar a la opinión pública la versión sobre la “admisión” de la demanda que presentó junto al también exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano por el tema de la pretendida repostulación de Evo Morales.

Una versión errónea difundida por el docente Remberto Cárdenas, citado en ANF, hablaba sobre la “admisión” de la demanda por la CIDH. Esa información equivocada fue difundida por los medios impresos y generó confusión sobre los alcances de esa medida que pretende ser la primera vía para que la Organización de Estados Americanos (OEA) haga cumplir el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 que negó la posibilidad de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 168 referido a la reelección presidencial.

Albarracín, entrevistado por Panamericana, remarcó que hay una confusión entre el concepto de recepción y el de admisión de la denuncia que fue presentada el 31 de enero a la CIDH con sede en Washington.

“Nos comunicaron la recepción de la misma y nos dieron el número de caso o de registro, eso nos han comunicado, pero nosotros no hemos recibido un comunicado de la CIDH en sentido de que la demanda ha sido aceptada, porque eso ya es un acto jurídico. La aceptación viene después de un proceso de verificación, en sentido de haber cumplido las formalidades legales, los requisitos y entre ellos haber agotado las instancias internas. Una vez que verifica aquello, la comisión comprueba que la denuncia está planteada y que se adecúa a la normativa que rige el sistema interamericano procede a la aceptación y eso se presenta tanto a la parte denunciante como al Estado denunciado”, explicó Albarracín en detalle.

La petición contra el Estado boliviano por incumplir el resultado vinculante del 21 de febrero de 2016, mediante la sentencia constitucional del 28 de noviembre de 2018 fue firmada en primera instancia por los exdefensores del Pueblo, Albarracín, Villena, además de Cárdenas y Sandro Fernández de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

Los denunciados son los magistrados firmantes de la sentencia constitucional, hoy fuera del cargo, Macario Lahor, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Neldy Andrade y Ruddy Flores. También el mandatario Evo Morales y su segundo Alvaro Garcia por ser los directos beneficiados con el fallo político y los legisladores oficialistas que activaron el recurso en septiembre de 2017: Nélida Sifuentes, David Ramos, Nelly Lenz, Aniceto Choque, Ana Vidal, Julio Huaraya, Felipa Málaga, Ascencio Lazo, Juan Vásquez, Edgar Montaño, Víctor Alonzo y Santos Paredes.

La petición, extrañamente, no incluye a los disidentes del Unidad Demócrata que avalaron ese recurso como Víctor Gutiérrez, Santos Paredes y Margarita Fernández.

La demanda argumenta que estos funcionarios incurrieron en la violación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. XX de la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

El documento presentado ante la CIDH, agrega Albarracín, será expuesto a partir del cronograma de audiencias que esa instancia anunciará en marzo, de acuerdo con la carga procesal que se tenga en Washington.

Sobre la confusión provocada por Cárdenas y ANF, el ministro de Justicia, Héctor Arce, calificó la información como otra “mentira” y recordó que existen procedimientos internos en la CIDH para analizar cada caso.

“Faltan a la verdad quienes afirman que demanda ha sido admitida en la CIDH, y que en una semanas se dictaría resolución”, citó el funcionario vía Twitter.

Finalmente, la Procuraduría General del Estado, mediante un comunicado, explicó que esa es la instancia que recibe cualquier notificación de la CIDH y por ello, hasta la fecha no tiene registro de ninguna admisión sobre la petición de Albarracín y Villena.

“Adicionalmente se informa que la admisión de peticiones ante la CIDH constituye un procedimiento previo y de especial pronunciamiento, mismo que no ha sido iniciado. En ese sentido, a la fecha de dicha petición tampoco ha sido admitida por la CIDH, como erróneamente ha sido informado por algunos medios de comunicación”.

//@VisorBolivia// 

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