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Viernes, 19 de Abril de 2024

Escribe: Andrés Gómez Vela

“Las Organizaciones No Gubernamentales”

OPINIÓN | 11 Jun 2017

ANDRÉS GÓMEZ VELA / 11 junio.- Hasta octubre de 2010, había en el país 604 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), según el estudio realizado por Daniel F. von Freyberg y publicado por la Fundación Para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). De esa cantidad, sólo el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) decidió rebelarse públicamente y ejercer su derecho a no acatar una ley (351) violatoria de derechos constitucionales.

El resto se supone que ya se adecuó a la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas de 2013, mucho antes que el cuestionado y deslegitimado Tribunal Constitucional la declarara constitucional sin argumentos jurídicos válidos y sin tomar en cuenta la opinión de Naciones Unidas, que criticó esta norma por atentar contra el derecho a la Libertad de Asociación porque obliga a las ONG a seguir la línea de pensamiento del gobierno del MAS y apoyar sus políticas bajo amenaza de cierre.

En julio de 2016, el entonces ministro de Autonomías, Hugo Siles, confirmó esa línea antidemocrática del MAS, cuando aseguró que las ONG o fundaciones "que vayan contra las políticas de nuestro Estado y Gobierno, de la legislación boliviana, de los planes de la Agenda Patriótica 2025 y el plan de desarrollo económico social” serán pasibles de cierre (Los Tiempos, 07/07/2016).

Los representantes del Gobierno, empezando por el Presidente y terminando en ministros y viceministros, saben cómo funcionan las ONG y también, cuán efectivas son en su condición de laboratorios de pensamiento y acción política porque crecieron cobijados por ellas.

No creo que se hayan olvidado que en la década del 80 se estructuró el Equipo Técnico Campesino, conformado por intelectuales y técnicos de las ONG de Cochabamba (CIDRE, CINEP, CEDIB, CERES) para apoyar la lucha cocalera. Es más, pusieron dinero y personal para asesorar políticamente a Evo Morales y su directiva, y formular un plan de desarrollo alternativo del Trópico (Carlos Crespo Flores, Bolpress).

Precisamente porque las conoce, el Gobierno hizo dos movidas que asustaron y apagaron a la mayoría de las ONG: la primera fue la aprobación de la Ley 351 en marzo de 2013; y, la segunda, la expulsión de la danesa IBIS, en diciembre de 2013, por "injerencia política” ("dizqué”) en el movimiento indígena y por apoyar a Erbol.

Ambas movidas fueron acompañadas por amenazas desde el púlpito del poder. El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió, en agosto de 2015, a cuatro ONG (Milenio, Fundación Tierra, CEDIB y CEDLA) con expulsarlas del país por responder a "intereses transnacionales” y por "mentir”, pero nunca dijo en qué mintieron y a qué trasnacionales responden.

La amenaza fue efectiva, por ejemplo, causó la "desaparición” de ONG dedicadas al medioambiente, que según el estudio del PIEB es el área que concentró en 2010 el mayor número de ONG bolivianas, después de la educación. ¿Qué habrá sido de Fobomade y Lidema? La última vez que se escuchó algo de ambos fue antes y durante la marcha por el TIPNIS.

Las ONG nacieron en Bolivia en la década del 60 para hacer las tareas que el Estado no cumplía (salud, educación, desarrollo, lucha contra la pobreza). Durante las dictaduras crearon espacios de debate político, capacitaron líderes indígenas, alfabetizaron y fortalecieron sindicatos para restituir la democracia.

Recuperada la democracia, se dedicaron a apoyar a poblaciones vulnerables, excluidas e impedidas de hacer política para exigir sus derechos.

Durante el llamado neoliberalismo, trabajaron en la difusión de derechos, siguieron con la alfabetización, la defensa del medioambiente y formaron líderes indígenas para terminar con la exclusión social y étnica. Y parieron, en cierto modo, el "proceso de cambio”.

En la era masista, si las ONG seguirían respirando tendrían cuatro tareas fundamentales: recuperar la democracia, reconfigurar la institucionalidad del Estado, defender el medioambiente y formar nuevos líderes. Pero no podrán hacerlo porque la Ley 351 se los impide y pueden ser cerradas.

Además, ya quedan pocas y las que aún viven con oxígeno están invisibles, ya sea por estrategia, por pausa obligada o por no perder las comodidades "oenegeras”.

/*Andrés Gómez es periodista/

//**Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial plural – liberal de este medio de comunicación/

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