DUDAS PARA EL ALTO LUEGO DE REVELACIONES DE SÁNCHEZ DE LOZADA POR OCTUBRE NEGRO

Entre el 7 y 15 de octubre de 2003 se produjo la llamada masacre por el gas / ARCHIVO WEB

POLÍTICA | 21 Mar 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada declaró bajo juramento que el 13 de octubre de 2003 firmó un acuerdo con los entonces dirigentes de organizaciones sociales de El Alto para dar fin al conflicto que ya había saldado con 60 muertos. Los sindicados niegas ese extremo, pero otros dirigentes aún se preguntan ¿qué pasó durante aquellas jornadas?

El exdirigente Roberto de la Cruz cuestionó las palabras de Sánchez de Lozada y preguntó a sus contemporáneos si esa versión es real. Lamentó que el expresidente esté tratando de deslindar su responsabilidad por la llamada masacre de octubre.

En respuesta, el expresidente de la Federación de Juntas Vecinales – FEJUVE de El Alto, Mauricio Cori, consultado por ATB sobre el caso, dijo que no hay ningún documento firmado para pacificar al país, tal como asegura tener Sánchez de Lozada.

“Qué podemos esperar de un mentiroso que esta cobijado en EEUU, que lo demuestre. Una cosa es lo que dice, otra cosa es que lo demuestre”, declaró.

A su turno, el exdirigente de los gremiales en la urbe alteña, Braulio Rocha, citado por Erbol, dijo no recordar la firma de algún documento, pero reconoció que las bases superaron cualquier dirigencia luego de la masacre de vecinos del sector norte lo que derivó en el pedido unánime para la renuncia de “Goni”.

Rocha lleva detención en San Pedro por los luctuosos sucesos de febrero de 2016 en la toma y quema de la Alcaldía de El Alto que dejó seis funcionarios fallecidos por intoxicación de humo. El exsecretario de los gremiales fue sindicado como autor intelectual de esos hechos que iban destinados a desestabilizar la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón.

Sánchez de Lozada y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, son acusados por las víctimas de Octubre Negro en un juicio civil que espera el resarcimiento a la parte damnificada. El proceso se desarrolla en la Corte Federal de Fort Lauderdale en la Florida.

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