SENADOR EXIGE INVESTIGAR DAÑOS ECONÓMICOS AL ESTADO EN CASO TALADROS YPFB
Implicados son investigados por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, pero se excluye conducta antieconómica o contratos lesivos
POLÍTICA | 14 Jun 2017
VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- No son suficientes la detención preventiva de las dos gerentes del área jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la investigación a 15 ejecutivos por la elaboración y firma del contrato de adjudicación para la compra de tres taladros de la empresa italiana Drillmec. La oposición exige incluir en la investigación el probable daño económico al Estado.
El senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, que inició la denuncia por este nuevo escándalo en la estatal petrolera y sus subsidiarias, advierte que las investigaciones sobre algunos ejecutivos reproduce la estrategia asumida en otros casos como el Fondo Indígena o Camc – Zapata, en los que se excluyen figuras como conducta antieconómica o contratos lesivos al Estado, dejando los procesos en simples imputaciones por incumplimientos de deberes.
Por ello, el legislador espera que el Ministerio Público, la Unidad e Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y los fiscalizadores internos de YPFB se hagan parte querellante por esas figuras antieconómicas contra los imputados, sin descartar la indagación de responsabilidades sobre el presidente de la petrolera boliviana, Guillermo Achá.
Ortiz recordó que Drillmec ganó la convocatoria de adjudicación de tres equipos de perforación con una propuesta de 148,8 millones de dólares entre siete empresas, de las cuales otras cuatros tenían costos menores en el rango de $us 124 millones de la empresa LSPE y $us 120 millones del consorcio Honghua.
“Eso es lo que nos llamó la atención al principio, porque se adjudicaba el contrato a una empresa cuando había otras dos con menos de 20 millones de dólares”, dijo Ortiz al programa Cabildeo.
Dentro del Gobierno ninguna autoridad quiso referirse al caso y menos a las posibles responsabilidades de Achá sobre la aprobación de ese contrato que denota más de 20 millones de dólares de posible sobreprecio.
La ministra de Comunicación, Gisela López, consultada por los medios de cobertura, dejó el caso en manos de la Fiscalía General y evitó, con notoria molestia, mayores comentarios sobre Achá.
El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, por su lado, aseguró que desde el Gobierno y la Presidencia de Estado “no se protegerá a nadie” en la prosecución de las investigaciones. También explicó que todos los servidores públicos que obedecen el mandato de Evo Morales tienen la confianza del jefe del Estado Plurinacional hasta que se tenga indicios de alguna irregularidad.
El escándalo podría definir la suerte del presidente de YPFB, pues los rumores en pasillos hablan de una inminente renuncia.
//@VisorBolivia/ Fotos: UD/ ABI//
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