JURADO EN EEUU HALLA RESPONSABILIDAD EN "GONI" Y SÁNCHEZ BERZAÍN POR “OCTUBRE NEGRO”
Defensa de los exdignatarios espera que inconsistencias encontradas sean tomadas en cuenta por juez Cohn en sesión convocada para mayo
POLÍTICA | 3 Abr 2018
VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Menos de un mes tardó la justicia estadounidense para terminar con el proceso civil que nueve familias de las víctimas de “Octubre Negro” activaron contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. “Goni” y el “Zorro” fueron hallados por el jurado como responsables de la masacre de 2003, pero su defensa espera la última palabra del juez James Cohn ante la figura de inconsistencia asumida en el proceso.
La Corte Federal de Fort Lauderdale fue el escenario para el primer fallo contra el expresidente y el exministro de Defensa, ambos identificados en Bolivia como los autores de los hechos sangrientos de septiembre y octubre de 2003. En caso de ratificarse este fallo, en la instancia superior que se deliberará el 4 de mayo, se concretará el pago de la respectiva indemnización para las víctimas de la masacre de El Alto.
Una primera reacción en la Sede de Gobierno se dio con la Asociación de las Víctimas de Octubre Negro, cuyos voceros calificaron el veredicto de responsabilidad como un paso para hacer justicia y un importante antecedente para activar el proceso de extradición que se espera en el país.
El exencargado de comunicación de la embajada norteamericana en Bolivia, Erik Foronda, hizo el seguimiento al caso en la Florida y en contacto con radioemisoras de La Paz explicó las fases de este proceso.
Foronda aclaró que en la lectura del veredicto no estuvieron presentes ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín, tan solo un familiar del expresidente, mientras que por las víctimas de El Alto escucharon la decisión, con mucha emotividad, cinco de las nueve personas que interpusieron el juicio civil.
El veredicto halló responsabilidad en ambos sindicados y con ello se estableció el pago de 10 millones de dólares para los demandantes, monto que deberá ser repartido en diferentes fracciones, según decisión del jurado.
La defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín alegó inconsistencias en la decisión del jurado porque aquellos no encontraron intencionalidad en ambos procesados, para provocar la muerte de esas decenas de personas. Entonces hallar responsabilidad sin intencionalidad podría dejar sin efecto el veredicto en primera instancia.
Esa figura será analizada por el juez Cohn en la sesión informativa convocada para este 4 de mayo. A partir de esa fecha correrá el plazo para definir la suerte de “Goni” y “zorro” y ese resarcimiento millonario a favor de las víctimas de “Octubre Negro”.
La masacre de octubre de 2003 dejó 60 muertos por la represión militar en El Alto, Warisata y el sur de La Paz. Nueve familias acudieron al abogado Rogelio Mayta y este coordinó el caso por la vía civil con el jurista estadounidense Thomas Becker que había llegado como estudiante de leyes a Bolivia para hacer su voluntariado en 2007.
El caso fue asumido en EEUU por el Centro de Derechos Constitucionales, un centro jurídico progresista abocado a los derechos humanos en ese país.
Los demandantes, entre afectados y familiares sobrevivientes de la masacre de “octubre negro” son Eloy Rojas Mamani con Etelvina Ramos Mamani, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa.
El pasado 5 de marzo se instaló el juicio civil en la Corte Federal de Fort Lauderdale, al sur de la Florida, con la designación del jurado conformado por diez ciudadanos que fueron seleccionados por no tener ningún conocimiento de los hechos acaecidos en Bolivia hace 15 años.
Sánchez Berzaín alegó no tener poder de decisión en la represión militar y deslindó toda responsabilidad al entonces Alto Mando. También cuestionó la labor de Felipe Quispe y Evo Morales como promotores de la violencia que se desbordó en el país.
A su turno, Sánchez de Lozada reveló acuerdos firmados con la dirigencia de El Alto para pacificar el país, pero estos compromisos no se respetaron y su administración fue derrocada el 17 de octubre de 2003.
//@VisorBolivia//
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