ACLARAN QUE CIDH INDAGA POSIBLE EJECUCIÓN SUMARIA Y NO ACTOS DE SEPARATISMO EN BOLIVIA

Dentro de la polémica mediática vuelven a salir los nombres de los hermanos del vicepresidente y el gobernador cruceño

Parte de un video que captó las acciones posteriores de la UTARC en el Hotel Las Américas / CAPTURA PANTALLA

POLÍTICA | 6 Abr 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, tras asumir su derecho a petición dentro de la admisión de un proceso contra el Estado Plurinacional por el caso Rózsa de 2009, indagará si hubo una ejecución extrajudicial en el Hotel Las Américas y no los hechos de terrorismo o separatismo como apunta la defensa del régimen de Evo Morales.

Esa es la conclusión del informe de admisión de la CIDH, conocido esta semana, sobre la denuncia que activó en 2011 el representante de los ciudadanos europeos implicados en el caso, Gianni Prado, además de Carolina Dwyer, hermana de Michel Dwyer, uno de los tres sujetos ejecutados junto a Arpad Magyarosi y Eduardo Rórzsa Flores.

Sin embargo, desde el régimen de Evo Morales se trata de descalificar dicha denuncia, de hecho el Gobierno presentó su observación a la competencia de la CIDH en 2016, porque se argumenta que el caso terrorismo, separatismo se desarrolló bajo la jurisdicción nacional e incluso ya hubo varios procesados que admitieron su responsabilidad y cumplieron su condena penal.

A través de un mensaje difundió en redes sociales, el exdiputado opositor y parte de la comisión legislativa que investigó el caso, Bernardo Montenegro, salió a aclarar esa figura por la que la CIDH tomó interés en este caso que podría derivar en un futuro juicio al mandatario Evo Morales.

“…si bien las instancias internacionales exigen se agote la vía interna, en este caso específico son dos causas totalmente distintas; una de ellas es la investigación y proceso en curso en Bolivia sobre terrorismo y separatismo, y otro muy diferente es el de la CIDH que es una denuncia de delitos de lesa humanidad, en este caso específico el delito de ejecución sumaria, que pese a las recomendaciones de nuestro informe, en el país se obvio investigar este tema, por tanto y ante la falta de acción judicial y el tiempo transcurrido, la CIDH está perfectamente habilitada a admitir dicha demanda”, citó Montenegro.

Romero manifestando su opinión sobre la demanda en la CIDH / ABI

DEFENSA DEL RÉGIMEN

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la denuncia en la CIDH es un insulto al Estado Plurinacional y a la inteligencia de las personas.

“Es una afrenta, más aún cuando estamos hablando que el proceso judicial sigue sustanciándose en Bolivia y más aún cuando los demandantes son quienes han sido sentenciados y condenados porque ellos mismos reconocieron que todos estos hechos fueron reales”, declaró el funcionario a medios estatales.

La defensa anticipada del régimen llegó en voz del ministro de Justicia, Héctor Arce, remarcando esa figura del debido proceso a nivel interno pro los actos de terrorismo que cometieron Rózsa y su grupo.

Anteriormente el propio Evo Morales reaccionó contra la CIDH porque en su parecer esa instancia dependiente de la Organización de Estados Americanos – OEA solo apoya a los separatistas.

“Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admite la demanda del caso hotel Las Américas, entonces, la CIDH es defensora del terrorismo y del separatismo que quiso dividir la Patria y enfrentar a hermanos bolivianos en 2009”, escribió en su cuenta de Twitter.

SOZA HABLA DE LOS HERMANOS GARCÍA Y COSTAS

En otra arista del tema, el exfiscal Marcelo Soza, a quien el Gobierno delegó plenos poderes para hacer la investigación, señaló a los hermanos del vicepresidente Alvaro Garcia y del gobernador Rubén Costas como dos sujetos que conocen bastante del operativo en el Hotel Las Américas y los actos delincuenciales previos al operativo de la UTARC.

Soza, entrevistado por radio Fides, dijo que Raúl García Linera estuvo presente en ese operativo sangriento el 16 de abril de 2009, pese a que el sindicado negó en dos oportunidades tener conocimiento de esos hechos.

También reiteró que Pablo Costas Aguilera tuvo conocimiento pleno del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, día antes del operativo de la UTARC, cuando un grupo de personas colocó explosivos en el portón del entonces prelado cruceño.

Lo nuevo en sus palabras, empero, fue señalar un posible “pacto” entre el actual gobernador cruceño y el régimen del MAS para evitar que su familiar ingrese en la lista de 35 personas que Soza elevó a juzgados con la consecuente detención preventiva para los implicados.

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