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Lunes, 20 de Mayo de 2019

EL NUEVO CÓDIGO CIVIL YA COMPLICA AL OFICIALISMO

POLÍTICA | 22 Abr 2018

MONITOREO / RADAR / IMPRESOS.- Con seguridad es el instrumento legal más utilizado por la ciudadanía en su vida diaria. Desde redactar un testamento, vender una casa, suscribir un contrato de cualquier tipo o resguardar los derechos de los hijos en un divorcio, casi todo pasa por esta norma. Y ahora se abre un nuevo debate porque el Código Civil usado por los litigantes hoy, para algunos expertos, es inconstitucional debido a que el plazo impuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que la Asamblea Plurinacional lo eleve a ley feneció en diciembre de 2017. El Gobierno admite parcialmente la crítica, pero niega que se genere inseguridad jurídica o responsabilidad penal para el Legislativo.

El Código Civil se aprobó en la década de los 70, durante la dictadura de Hugo Banzer. Por tratarse de un Gobierno de facto que no era fiscalizado por un Congreso, el Poder Ejecutivo lo promulgó a través del Decreto Ley 12760, el 6 de agosto de 1975.

El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia Iván Lima y el expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia Bernardo Wayar coinciden en que el Código Penal, el de Comercio y otros, que también se aprobaron en esa dictadura, fueron elevados a rango de ley ya en democracia. Eso no ocurrió con el Código Civil hasta hoy.

Durante más de 35 años, diferentes abogados litigantes plantearon recursos judiciales ante el Tribunal Constitucional, para que se expulse del ordenamiento jurídico ese decreto.

El TCP, “con un carácter previsor”, exhortó a la Asamblea a que apruebe un nuevo Código Civil como una ley del Estado a través de dos sentencias constitucionales: la 24/2004, en la que se dio un plazo de cinco años y venció el 2009; y posteriormente la sentencia 2139/2012, que venció en diciembre de 2017.

La segunda sentencia, en su fase resolutiva, exhorta al Legislativo a que “en el plazo previamente establecido se subsanen los vicios de origen de la indicada disposición legal”.

Pero, además, complementa que debía hacerlo “bajo conminatoria de que en caso de incumplimiento, la misma quedará definitivamente expulsada del ordenamiento jurídico al vencimiento del término señalado”. Eso ha desencadenado un nuevo debate.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, admite que muchos de los códigos vigentes vienen de la dictadura de Banzer, por lo que “en una línea correcta sostenida por el Tribunal Constitucional, dichas normas deben ser aprobadas mediante una ley”.

Luego complementó: “Entiendo que el Tribunal ha dado varios plazos y es responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplir esta determinación a la brevedad posible”.
Wayar afirmó que esta omisión de la Asamblea Plurinacional ha generado un problema bastante serio, “porque nos coloca en un vacío jurídico. Debe quedar claro que estamos con un Código Civil expulsado del ordenamiento jurídico que formalmente ha sido declarado inconstitucional”.

Coincidió en que la Asamblea “debe aprobar una ley de artículo único en el que se eleva a rango de ley el decreto ley”.

Arce descarta, empero, que haya un vacío jurídico. “Existe un principio denominado Ultra-actividad de la ley, que evita la existencia de vacíos legales. En la actualidad, el Código Civil está en vigencia y es aplicado todos los días por los jueces y tribunales del Estado”, afirma la autoridad.

¿Y QUÉ DICE LA ASAMBLEA?

Ni el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, ni la titular de Diputados, Gabriela Montaño, accedieron a insistentes solicitudes de entrevistas realizadas por EL DEBER, en las que se les detalló el tema que se pretendía abordar, ni tampoco otros cuatro asambleístas del oficialismo. El único que accedió fue el senador Ciro Zabala, quien recalcó que en lo del Código Civil no hay delito, “solo un concurso de prioridades, y un Estado trabaja en función a ellas”.

Aseveró que hay retraso porque son más de 300 leyes pendientes, y que aunque el trabajo de los asambleístas es intenso, este código está en agenda.

Lima, por su parte, asevera que la sentencia advierte que en caso de no elevar a ley el código, la Asamblea “estaría incurriendo en omisión de deberes constitucionales. Usted sabe que eso, en nuestro Código Penal, inclusive llega a convertirse en el incumplimiento de deberes”.
Por su parte, el abogado José César Villarroel, quien presidió el equipo de técnicos que redacta ese proyecto de norma, dijo que “esa sentencia no declara que el Código Civil es inconstitucional, da plazo para que el Gobierno ponga en vigencia uno nuevo. No veo que eso genere responsabilidades penales en ningún caso”.

Héctor Arce concluyó que al no haber inseguridad jurídica, no hay responsabilidad penal. “Vale la pena aclarar que en el periodo constitucional 2010-2015 se aprobaron cinco nuevos códigos fundamentales para el país, así como toda la base de leyes orgánicas, con base en la nueva Constitución Política del Estado (CPE). En la presente gestión, se aprobó el Código del Sistema Penal, el cual fue criticado injustificadamente por la oposición política, a quien antes nunca le había interesado la construcción de códigos y que solo prestaron atención cuando el tema fue politizado”.

No todos piensan como Villarroel y Arce. Por ejemplo, el exmagistrado del TCP Gualberto Cusi indicó al respecto que “hay un vacío legal enorme. Eso genera efectos económicos, jurídicos y mucho más. Esto definitivamente deriva en responsabilidad penal porque cometieron dos delitos: incumplimiento de deberes y la omisión de resoluciones judiciales”. El abogado adelantó que por este motivo, y por otras leyes, prepara la proposición de un juicio de responsabilidades en contra de los senadores y de los diputados de este periodo.

Cusi y sus excolegas Ligia Velásquez y Rosario Chanez fueron procesados y destituidos por suspender la aplicación de la Ley del Notariado por un periodo corto de tiempo. “Esto muestra que se aplica la ley solo para algunos. En este caso, la Asamblea cometió la misma falta por la que nos acusaron, pero ellos nos procesaron. Ahora deberán sentarse en el banquillo de los acusados”, expresó.

Chanez acotó que “si hay un plazo que feneció, carecemos de una normativa civil. Eso es incumplimiento de deberes. Imagine usted: a nosotros nos procesaron por una suspensión de tres meses, ellos llevan años (sin cumplir sentencias constitucionales)”, dice.

Arce respondió que lo realizado a los exmagistrados Cusi, Chanez y Velásquez fue un hecho grave, ya que, violando el principio jurídico de presunción de constitucionalidad establecido en la CPE, la ley 027 y el Código Procesal Constitucional, suspendieron la aplicación de una ley generando perjuicios para la institucionalidad y para los ciudadanos.

Aclaró que, para él, “el tema jurídico, objeto de esta entrevista, no tiene ninguna relación ni parecido con la Ley del Notariado”.

EL PROYECTO DE LEY TIENE SIETE LIBROS Y 1.603 ARTÍCULOS

El Gobierno trabaja en un nuevo Código Civil que está redactado en siete libros y cuenta con 1.603 artículos, más del doble del Código de Procedimiento Penal que fue eliminado a pedido del presidente Evo Morales, reveló el abogado José César Villarroel, presidente de la Comisión de Redacción.

“El anteproyecto de ley está terminado. Ahora el Ministerio de Justicia desarrolla un programa de socialización, proceso que se realizará en seis meses”, acotó. La comisión que estuvo a su cargo trabajó un primer borrador que se terminó el 8 de diciembre, y un segundo documento que se concluyó hasta febrero. “Iba a socializarse, pero se presentó todo el problema con el Código del Sistema Penal, ahí sufrió un palazo y está herido”.

El experto adelantó algunos detalles del proyecto. “El Código Civil en su artículo 1 establecía que la personalidad, como actitud para titular de derechos y deberes, comenzaba con el nacimiento. Pero, la protección de la vida del ser humano y consecuentemente de otros derechos, se iniciaba con la concepción”.

En el anteproyecto se establece que con la concepción se adquiere la calidad de sujeto de derecho: “Si la calidad de sujeto de derecho comienza con la concepción, sigue nomás considerándose un tipo penal el aborto. Los derechos se consolidan si es que la persona nace con vida”, expresó.

Se consultó al ministro de Justicia, Héctor Arce, si este tema generó debate interno y si influía en la reducción de penas al aborto. “El proyecto de Código Civil aún no está terminado, es un proceso en construcción. El tema de la protección de la vida y la interrupción del embarazo por causas justificadas es un tema consensuado al interior del Gobierno”, contestó.

Otro elemento que César Villarroel adelantó fue el hecho de que la norma establece que la personería es un acuerdo de voluntades de los ciudadanos y no un tema de autorización gubernamental restrictiva.

Aclaró que en este punto hay una reglamentación especial para el caso de las ONG, “que tienen su capítulo independiente, ninguna entidad extranjera puede realizar actividad en Bolivia sin autorización del Estado”.

El ministro Arce aclaró en este punto que “no hay ningún tema ni institución jurídica definida en el proyecto de Código Civil que está en proceso de construcción a cargo de destacados profesores del Sistema Universitario Boliviano, bajo la dirección del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional”.

//FUENTE: EL DEBER//

*Titular original modificado con fines de interés y redacción digital  

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