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Miércoles, 24 de Abril de 2024

BTV SALPICADA POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN, MALVERSACIÓN Y ACOSO SEXUAL

“El Gobierno para proteger su imagen no mide consecuencias, ahí está la periodista, sabía mucho y la hicieron desaparecer”, reiteró Pelaez

SOCIEDAD | 28 Jun 2017

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Bolivia Televisión, el canal estatal, el canal 7, hoy se encuentra salpicada por un sinnúmero de denuncias e investigaciones internas que sindican a sus exejecutivos y algunos asesores en hechos de presunta corrupción, malversación de recursos y dos casos por acoso sexual. Las denuncias saltan cada día y también se ha convertido en cruce de palabras que llegan hasta el Ministerio de Comunicación.

Entre ayer y hoy, la comunicadora Yadira Pelaez ha reiterado su denuncia por acoso sexual contra el exgerente general de BTV, Carlos Flores, en un caso que se hizo público a finales del año pasado junto a la participación activa del colectivo feminista Mujeres Creando.

En entrevista con Cabildeo, hoy, la joven profesional sindicó a otros funcionarios quienes trataron de tranzar un arreglo económico con ella, por un lado, mientras recibía amenazas contra su integridad, por otro.

El jefe de Transparencia del canal, Omar Méndez, la convocó al canal en febrero para informarle que se iban a tomar decisiones en reunión de directorio, pero en un segundo encuentro le informó que la ministra López y el entonces gerente Flores iban a activar un juicio contra ella por difamación.

Méndez incluso le advirtió: “No se olvide Ud. del caso Rózsa, el Gobierno para proteger su imagen no mide consecuencias, ahí está la periodista, sabía mucho y la hicieron desaparecer”. Esas palabras son tomadas como una amenaza de muerte por Pelaez porque se refiere al asesinato de la periodista Hanaly Huaycho, muerta con 14 puñaladas de su expareja el teniente Jorge Clavijo, quien fue parte de las fuerzas especiales de Inteligencia que intervinieron en abril de 2009 el hotel Las Américas para descabezar la célula irregular de Eduardo Rózsa, en el llamado caso terrorismo.

A su vez, el director jurídico Jhonny Barral, la citó un sábado para firmar su desvinculación y ahí le propuso un acuerdo económico, en palabras de Pelaez, quien afirma tener esa conversación grabada.

“Aquí perdemos todos, pierdes vos mucho, pierde Carlos Flores, pierde la ministra, pierden todos, como mediador no te quiero presionar, pero considera llegar a un acuerdo para acabar esto, porque ha crecido mucho”, le dijo el jurídico, pidiendo un monto para acabar con el caso.

ACOSO SEXUAL

La comunicadora beniana trabajó cerca de un año en la estatal televisiva como responsable regional y coordinadora del noticiero Chaco Oriente y Amazonía. Dijo haber llegado al cargo gracias a su labor como colaboradora por contrato en la campaña proselitista del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Beni, con una productora audiovisual que conformó junto a su exesposo.

La mujer se declaró militante del MAS y al poco tiempo fue llamada a hacerse cargo de BTV en Trinidad dirigiendo a 18 personas. Durante ese lapso coordinó trabajos con Flores quien comenzó a abordarla.

Durante todo el mes de noviembre, la comunicadora fue objeto de insinuaciones, invitaciones, hasta una propuesta de mantener relaciones sexuales por parte de Flores, quien, según la denunciante, al recibir una constante negativa, comenzó a criticar la labor profesional de Pelaez llegando a su destitución el 20 de enero de este año.

Pelaez se animó a denunciar el caso en diciembre de 2016, luego de enterarse de otro caso similar en Santa Cruz y dos hechos de acoso sexual a pasantes del canal, todos presuntamente ejercidos por Flores.

Otro funcionario, Joaquín Rodas, tuvo comunicación con el exesposo de Pelaez e insinuó “cuidado le pase algo”. Luego la calificaron como “opositora” al Gobierno en esta campaña de desprestigio que la comunicadora beniana está denunciando en la Sede de Gobierno.

La denunciante espera que se cumpla la Ley 348 contra todo tipo de violencia a la mujer, que establece en el caso de acoso sexual 4 a 8 años de cárcel con agravantes para los servidores públicos.

CONTRATOS MILLONARIOS

Las denuncias salieron desde el propio Ministerio de Comunicación con un informe presentado el pasado lunes por la titular del área, Gisela López, que señaló seis contratos observados en anteriores administraciones gerenciales de BTV y que llegan de Bs 25 millones a Bs 40 millones de posible daño económico al Estado.

La querella fue elevada ante el Ministerio Público que este martes logró la aprehensión del exgerente técnico de BTV, Rubén Márquez, imputado luego por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, según informó esta jornada el fiscal de Distrito, Edwin Blanco.

“De los indicios que se han podido colectar, se tiene que este señor no había cumplido con sus deberes, pues en su calidad de gerente técnico debería haber velado y resguardado porque la maquinaria e insumos entregados a Bolivia Tv, cumplan los requisitos de ley y que las islas (de edición) funcionen”, declaró a los medios de cobertura.

El fiscal alertó que después de definir la situación legal de Márquez, para quien se ha confirmado esta tarde su detención preventiva en el penal de San Pedro, se procederá a analizar los casos de los otros dos exejecutivos denunciados por López, el exgerente general Gustavo Portocarrero y la exgerente administrativa Lidia Peñarrieta.

El caso investigado se refiere a la compra de sistemas televisivos e informáticos por Bs 25 millones que se adjudicó y firmó en 24 horas a la empresa Autorec el 26 de diciembre de 2014. Otros cinco contratos calificados como irregulares por la ministra de Comunicación, fluctúan en Bs 5,8 millones, Bs 10,5 millones, Bs 18,4 millones, Bs 46 millones y Bs 25,5 millones adjudicados entre 2013 a 2014, que serían parte del proyecto Prontis que desembolsó un total de Bs 280,5 millones para el fortalecimiento institucional e innovación tecnológica de BTV.

Como las denuncias llegan hasta la exministra Marianela Paco, no se descarta su comparecencia ante el Ministerio Público. Desde ya, la exautoridad ha deslindado responsabilidades y en cambio señala a López como responsable por no haber facilitado la información respectiva y oportuna cuando era gerente general de la televisora estatal.

“Yo dejé el Ministerio con 30 casos de investigación a nivel Ministerio y también en BTV para que se dé con los responsables de los ilícitos en que se hayan incurrido”, declaró Paco el domingo a radio Panamericana.

Ninguna autoridad o ejecutivo actual de BTV se ha manifestado sobre estas denuncias.

Creada en 1969 como la primera televisora de Bolivia, el canal 7 comenzó emisiones un 30 de agosto durante el gobierno de Luis Adolfo Siles Salinas y desde entonces se convirtió en un medio para la difusión de la propaganda de los gobiernos de turno, muchos de ellos militares, solo contrastada por el sistema universitario y a principios de los años 80s con la irrupción de los canales privados.

//@VisorBolivia// Fotos Min. Comunicación/ Cabildeo/ El Deber// 

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