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Martes, 25 de Septiembre de 2018

ROMPE EL SILENCIO Y GENERA MÁS DUDAS: CASANOVA NO DISPARÓ NINGUNA CANICA

Abogada alerta que no existe ningún testigo ni identikit para establecer autoría del efectivo de UTOP en la tragedia de El Alto

SEGURIDAD | 5 Jun 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Después de su aprehensión y posterior traslado a la cárcel de San Pedro, el subteniente Cristian Casanova, presentado por los funcionarios gubernamentales como sospechoso de dar muerte al universitario Jonathan Quispe, negó haber disparado el proyectil fatal. La abogada Paola Barriga advierte que existen suficientes irregularidades en el accionar de la Fiscalía que podrían desvirtuar las sospechas contra el efectivo policial.

Casanova rompió el silencio, declaró su abogado Juan Carlos Vaca a Fides, asegurando que él no disparó la canica y solo usó su arma cargada con impulsores, que tienen un alcance similar a las balas de fogueo que no conllevan riesgo mortal.

“Estuvo en lugar, pero haber visto quién lesionó la humanidad del universitario no lo hizo, él estaba en trabajos de control del bloqueo”, declaró.

El abogado aseguró que la detención preventiva no fue aplicada con justicia, pues no existen las suficientes pruebas presentadas por el Ministerio Público y por ello se apelará a la medida en las siguientes horas.

En tanto, consultada por VISOR BOLIVIA, la abogada de la familia Quispe Vila, Paola Barriga, advierte que el caso se desarrolla con bastantes irregularidades, pues no se están cumpliendo protocolos elementales, por ejemplo, las víctimas no son notificadas de ninguna acción procesal y se hacen pericias unilaterales que no llegan a evidenciar elementos probatorios suficientes.

Sobre las sospechas de la participación de Casanova la trágica jornada, la abogada de la parte querellante informó que desde su presentación como sospechoso no se presentó ningún testigo, tampoco hubo un identikit y menos acercamientos de las cámaras de seguridad para establecer que el efectivo fue quien disparó contra Quispe.

“Estamos solicitando el listado de todos quienes se encontraban en ese lugar para identificar si entre estas personas se encontraba el subteniente Casanova y de ser así, por qué no se lo identificó la participación del mismo a las 24 horas del hecho”, expuso.

Barriga considera que con esas irregularidades, la defensa del subteniente podrá desvirtuar con facilidad todos los elementos que desde el Ministerio Público han tratado de apuntar como autoría del crimen a Casanova.

“Para nosotros esta solo es una cuarta hipótesis, no hay nada concluido y entendemos que este proceso recién comienza”, acotó a este medio de comunicación.

El pasado jueves, una semana después de los trágicos hechos en la ciudad de El Alto, el subteniente de la UTOP, Cristian Casanova, fue presentado por el Comando de la Policía, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen – FELCC, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, como autor material de la muerte de Jonathan Quispe. El efectivo fue imputado por asesinato y puesto en detención preventiva desde el 1 de junio.

Los funcionarios gubernamentales, entre ellos el ministro Carlos Romero, aseveraron que todas las evidencias “demuestran fehacientemente” que Casanova usó su fusil de reglamento, colocando una esfera de vidrio de forma “individual y autónoma”, para disparar contra el grupo de estudiantes que ya se retiraba del bloqueo cerca a la calle que da al edificio de la Procuraduría en la urbe alteña.

El impacto hirió de muerte al joven estudiante de Comunicación Social, que se refugió en un pasillo particular, donde se desangró, entre 6 a 13 minutos, hasta perder los signos vitales frente a sus compañeros que pedían auxilio a los propios motociclistas de la UTOP que no solo les negaron ayuda, como relatan los testigos, sino que se rieron de la desesperación de los estudiantes de la UPEA.

La representación jurídica de la UPEA y la familia Quispe Vila también activaron una querella criminal contra el ministro de Gobierno, Carlos romero, que fue admitida el pasado viernes y hecha pública ayer. Otra querella por tráfico de armas está en puertas contra el Comando Policial, pues el uso de armas no convencionales o los llamados “proyectiles atípicos” van contra la Ley de Portación de Armas de Bolivia.

Los pedidos de justicia por la muerte del estudiante de 20 años se suman a la exigencia de renuncia del funcionario Romero, además del tema financiero con la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria, que generó el conflicto entre la UPEA y el Gobierno central desde agosto de 2017.

//@VisorBolivia//   

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