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Martes, 25 de Septiembre de 2018

MESA CONTRAATACA CON MEMORIAL SOBRE DEFENSA NO ADECUADA DEL RÉGIMEN EN CASO QUIBORAX

POLÍTICA | 5 Jul 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Después de la interpelación oficialista en la Asamblea Legislativa a los ministro de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, en la que ambos fueron respaldados por los tercios del MAS, Carlos Mesa volvió a acudir a la Fiscalía General, alegando que la pérdida del caso Quiborax se debió a la pésima defensa del Estado.

Mesa entregó un memorial remitido al fiscal general Ramiro Guerrero en el que intenta probar que durante el caso sobre la empresa Quiborax hubo vicios de origen en la demanda que le costó al país 42 millones de dólares, y que esto no se tomó de forma adecuada por la defensa legal del Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones - CIADI. 

“Pruebo además, de letra del propio procurador (Pablo) Menacho, que Quiborax denunció a Bolivia por el control que tenía la Procuraduría sobre el Órgano Judicial del país, generando en gran parte la dureza de la confirmación del fallo contra el país”, escribió Mesa en su blog personal.

En partes sobresalientes del memorial, el presidente de la República entre 2003 y 2005, solicita el rechazo de la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en su contra, argumentando las recientes declaraciones mediáticas de la cúpula oficialista, que denotan contradicciones internas en el régimen de Evo Morales.

Mesa recuerda que desde el Gobierno se anunció una auditoría legal a la Procuraduría para verificar “si hubo alguna otra irregularidad o mala decisión” en este proceso, como dijo el vicepresidente Alvaro Garcia.

Hoy, el segundo se refirió al proceso contra Mesa y reconoció que en aquella administración hubo una buena decisión al recuperar para el país un área de exploración rica en minerales dentro del salar de Uyuni, pero cometió el error de forma al haber incluido en el decreto que sacó a Quiborax del país, un término que no existía en la legislación de 2004, como la “revocatoria” de la concesión.

Garcia, además, dijo que Mesa usa como excusa el discurso de persecución e inhabilitación a una posible candidatura presidencial, pues “él sabe muy bien que un juicio así dura años”.

El memorial de Mesa también recuerda que Menacho, en su condición de representante Legal del Estado, advirtió al entonces procurador Héctor Arce, sobre los riesgos de la fuga de información a los abogados chilenos, en pleno proceso de arbitraje que se desarrollaba en la CIADI.

“…la conducta imprudente de la destituida exsubprocuradora Carmiña Llorenti ocasionó que se filtre a la parte demandante información sensible para la defensa del Estado boliviano”, había escrito Menacho a Arce en noviembre 2017, en referencia a la funcionaria que permitió el acceso de los abogados chilenos a su computadora.

El ahora ministro de Justicia dijo que la funcionaria, hoy destituida, prestó su computadora personal por requerimiento técnico de los abogados de Chile, y recordó que Llorenti tuvo que afrontar un proceso administrativo por esa falta, pero que no se consideró hablar de un proceso sumario penal.

El periodista e historiador, incluyó la declaración del diputado oficialista Edgar Montaño, quien se refirió a la acción de Llorenti como una traición a la Patria, pidiendo además que se investigue si existen otros funcionarios detrás de este escándalo.

De la lista de participantes en la defensa de Bolivia ante la CIADI, el Gobierno ha negado cualquier puerta para conocer los nombres de quienes llevaron el caso internacional por más de nueve años.

Para la experta en política internacional, Karen Longaric, la actitud hermética del Gobierno es bastante cuestionable, pues el pago millonario a la empresa chilena afecta a todo el Estado con el uso de recursos públicos.

Entrevistada pro Erbol, Longaric recordó que ella participó en otros arbitrajes, con menos recursos y mayores beneficios para el país, todo en el marco de la transparencia y manejo diplomático.

Mesa agrega en su memorial que aceptar un juicio en su contra desde el Ministerio Público, habiendo temas pendientes de indagación, se constituiría en “una verdadera aberración jurídica”.

En la administración de Carlos Mesa se firmó el Decreto Supremo 27589 por el que se “revocaba” la concesión a la empresa chilena Quiborax. La empresa observó que esa figura no estaba incluida en el ordenamiento boliviano, como el Código de Minería y amenazó con un arbitraje internacional.

Quiborax no tenía mayoría accionaria extranjera con relación a Bolivia para acudir al CIADI, pero logró falsificar un documento para modificar el paquete accionario a través de un funcionario que luego fue sentenciado a dos años por ese delito.

El caso, sin embargo, avanzó en el CIADI y los juristas chilenos, dentro de las entidades estatales bolivianas, lograron armar una defensa para beneficiarse de la indemnización millonaria. En medio se dio un posible pacto para pagar 3 millones de dólares a la empresa que apenas había invertido $us 800 mil.

Observaciones impositivas no permitieron esa figura de conciliación y luego se llegó a cifras de 27 y 42 millones de dólares, esta última como pago final decretado en el laudo emitido por el Tribunal Arbitral en mayo de este año.

//@VisorBolivia// 

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