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Martes, 25 de Septiembre de 2018

CÓMO CONFIAR EN LA JUSTICIA, CUESTIONA MESA TRAS ACUSACIÓN DEL FISCAL EN CASO QUIBORAX

Para el expresidente, Guerrero es una ficha del Ejecutivo. Reclama la no convocatoria a actuales ministros y procurador que perdieron el arbitraje

POLÍTICA | 9 Jul 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- “Cómo se puede confiar en la justicia”, cuestionó el expresidente de la República, Carlos Mesa, luego de conocer el requerimiento acusatorio que activó la Fiscalía General en su contra por el caso Quiborax que le costó al país, durante la administración de Evo Morales, 42,6 millones de dólares en un laudo arbitral internacional.

“Cómo confiar en el fiscal general que lleva adelante una investigación y no convoca a las personas comprometidas en el caso”, declaró en una improvisada conferencia de prensa. Calificó además al fiscal general, Ramiro Guerrero, como un instrumento del sistema judicial y el poder político para ejecutar las órdenes del Ejecutivo.

Mesa dijo que no se siente acusado sino que es él quien acusó al exprocurador y general y actual ministro de Justicia, Héctor Arce, y el actual funcionario en ese cargo Pablo Menacho por haber llevado “una de las más vergonzosas defensas que se han conocido en función de los derechos y de las seguridades que debía guardar el Estado, contra una empresa pirata como Quiborax”.

El fiscal Guerrero había presentado en la tarde el pliego acusatorio ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, luego de acumular los antecedentes del presente caso para evaluar si el informe llega a la Asamblea Legislativa, donde se activaría un juicio de responsabilidades.

Guerrero, a través de un boletín, explicó que la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría incluye también a los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde, bajo las figuras de presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Para Guerrero, Mesa no quiso responder a las indagaciones del Ministerio Público, pero el expresidente alegó que ya remitió seis memoriales sobre el caso, en el que pide incluir a Arce Zaconeta, Menacho, la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi y otros funcionarios vinculados al desenlace del caso Quiborax.

“Por tratarse de autoridades que no gozan de privilegio constitucional el caso fue remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz”, respondió el fiscal general.

Sobre la politización del caso para dejarlo fuera de cualquier carrera presidencial, Mesa aseguró que no le hará el juego al mandatario Morales Ayma, que quiere asumir su candidatura, pese a la limitación constitucional del artículo 168 de la CPE, y tenerlo a un contrincante electoral para dejar en segundo plano el activismo por el 21F.

“Evo Morales no puede, no debe ser candidato a la Presidencia de Bolivia y quiero expresarles mi compromiso de actuar de manera activa, de manera positiva y de manera comprometida en la defensa del 21F y en la petición democrática de que el Gobierno, el presidente y el TSE escojan el camino adecuado de reconocer el 21F y dar la espalda a esa aberración del TCP, que decidió habilitar al presidente Evo Morales”, concluyó.
El caso de Mesa pasaría del TSJ a la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades que podría derivar en un proceso penal. Sus exministros serán evaluados en la Fiscalía de Distrito de La Paz.

//@VisorBolivia//   

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