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Lunes, 10 de Diciembre de 2018

CARLOS MESA DEBE DECIDIR SU FUTURO POLÍTICO Y DEJAR DE SER TIBIO

Quiborax pone al expresidente en el escenario judicial, pero con proyección política por la defensa del 21F

POLÍTICA | 10 Jul 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Carlos Mesa, el presidente de la República entre 2003 y 2005, está a puertas de un proceso que podría derivar en un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax. Tanto oficialistas como opositores ven el carácter tibio del periodista e historiador, a quien además, le piden tomar una posición concreta en la agenda electoral próxima.

Luego de conocer la acción de la Fiscalía General del Estado, el historiador y periodista se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia, mediante un memorial, pidiendo la anulación del caso, para volver “hasta el vicio más antiguo”, que, según cita el documento, “incluye su resolución de admisión de la proposición acusatoria y todas las actuaciones posteriores de ésta autoridad y ordene que las investigaciones preliminares dentro de este caso, se sujeten a los elementos de juicio proporcionados por todos los sujetos procesales intervinientes en este proceso”.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Edwin Aguayo, anunció que el caso será tomado de acuerdo al orden de llegada de expedientes en Sala Plena del próximo miércoles.

Para el analista Iván Arias, Mesa es víctima de la persecución política y la judicialización de la policía con el único objetivo de anularlo de la carrera presidencial en las elecciones de 2019.

Pese a que Mesa ha señalado reiteradamente que no será candidato, Arias considera que esta es una oportunidad para que el expresidente tome una decisión definitiva sobre su futuro político.

“O se decide a ser candidato de una vez o se convierte en un articulador para la unidad de todos los sectores que quieren un cambio y en democracia”, dijo a Fides.

Un error de Mesa es su ambigüedad política, agregó, y por ello debe dejar de victimizarse y andar solo, para convertirse en la pieza clave que haga frente a Evo Morales, pues éste persistirá en su candidatura inconstitucional más allá del candado que significó el referendo del 21 de febrero de 2016.

Mesa dijo ayer que se compromete de manera activa y positiva en defender el 21F para evitar la candidatura de Morales, además de “no seguirle el juego” para distraer a la población que está movilizada en torno al respeto del voto ciudadano, con la electoralización del tema.

RÉGIMEN ATACA

Desde el régimen masista, el ministro de Minería, César Navarro, salió a descalificar a Mesa, llamándolo “niño mimado” por quejarse del proceso que se le sigue desde la Fiscalía y la Procuraduría.

Recordó que Mesa apoyó desde su entonces red televisiva PAT respaldó e impulsó al jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario – MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, pero en la crisis de octubre de 2003, ya ambos en el gobierno, le dio la espalda y “escapó de su responsabilidad”.

También lo cuestionó por no haber aprobado la Ley de Hidrocarburos, por su constante “tibieza política” que luego le costó la Presidencia.

Sobre el caso Quiborax, Navarro cree que tanto el Decreto Supremo 27589, como el documento que falsificó el funcionario David Moscoso, sobre la mayoría accionaria de esa empresa chilena, pudieron ser resueltos en la misma gestión de Mesa, pero “no cumplió con su deber”.

Navarro fue acusado por Mesa de ser parte de la “pésima defensa legal del Estado” en el caso Quiborax, además de haber entregado los 42,6 millones de dólares a la representación legal de esa empresa chilena, incluido el abogado Andrés Jana quien es parte de la demanda marítima que se ventila en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

EL CASO QUIBORAX

Quiborax llegó a Bolivia y se adjudicó la exploración de una reserva mineral del salar de Uyuni. La administración de Mesa “revocó” esa licencia, pero usando ese término no comprendido en el ordenamiento nacional ni en la Ley de Minería. Tampoco se cumplieron las seis auditorías señaladas por ley antes de intervenir al consorcio chileno.

La empresa chilena tenía mayor capital nacional, pero el funcionario Moscoso logró falsificar un documento accionario para darle mayoría a Quiborax. De esa forma, la empresa pudo argumentar ser transnacional y con ello acudir al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones - CIADI.

Las empresas Quiborax y Non Metallic Minerals S.A habían invertido apenas 800 mil dólares, pero reclamó más de $us 150 millones como compensación por su salida “injustificada” del país.

Ya en el régimen de Evo Morales, el proceso avanzó con la presencia de los abogados chilenos en dependencias estatales bolivianas. La entonces subprocuradora Carmiña Llorenti, incluso prestó su computadora personal a estos abogados, y con ello filtró información sobre la defensa legal que estaba preparando el Estado Plurinacional.

El hecho le valió el despido y una llamada de atención administrativa, pese a que el entonces asesor Pablo Menacho había alertado el peligro de esa fuga documental al que era procurador Héctor Arce, hoy ministro de Justicia y hombre de plena confianza de Morales Ayma.

Desde 2015, en el arbitraje hubo dos negociaciones que pudieron cerrar el caso con una indemnización de $us 3 millones y $us 27 millones, pero la cifra final decretada en el laudo arbitral conocido el pasado 7 de junio fue de 42.6 millones de dólares a favor de la empresa chilena.

Ningún funcionario estatal o del gabinete de Evo Morales ha sido incluido en el proceso de la Fiscalía General, que pasó los antecedentes a su distrital de La Paz.

//@VisorBolivia//  

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