CASO QUIBORAX: MESA Y QUISPE LLAMAN “BRAZO OPERADOR DEL MAS” AL FISCAL GENERAL

Mesa afirma que es acusador y no responsable en caso Quiborax / WEB

POLÍTICA | 21 Ago 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Esta jornada se confirmó desde el Ministerio Público la exclusión del caso Quiborax de los funcionarios del régimen gubernamental. El expresidente Carlos Mesa y el diputado opositor Rafael Quispe, coincidieron en señalar que ese acto jurídico confirma que el fiscal general saliente, Ramiro Guerrero, es un “brazo operador” del Gobierno.

La Fiscalía General desestimó la denuncia interpuesta por los diputados de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría, Rafael Quispe Flores y Julio Huanca, para incluir en el caso Quiborax a los ministros de Justicia, Héctor Arce y de Minería, César Navarro, además del procurador general Pablo Menacho y la ex subprocuradora Elizabeth Arismendi.

El diputado Quispe descalificó el accionar de la Fiscalía e incluso apuntó contra el fiscal Departamental, Edwin Blanco, a quien llamó “golpeador de mujeres”. En ese marco, el legislador llamó funcionales y operadores del régimen a los actuales funcionarios del Ministerio Público, que dejarán el cargo en octubre, cuando asuma un nuevo titular producto de la selección dentro de la Asamblea Legislativa.

Quispe considera que “cuando entre otro gobierno”, se podrá procesar a los actuales miembros del Ejecutivo, sin descartar incluir a los representantes del Ministerio Público.

A su vez, el expresidente Carlos Mesa, entrevistado en radio Compañera FM, dijo que la Fiscalía actúa con una interpretación “inaceptable y aberrante” al determinar excluir a los cuatro señalados.

“Esto confirma que el Ministerio Público es un brazo ejecutor del Poder (Órgano) Ejecutivo, en este caso del ministro de Justicia, entonces procurador, que es el responsable del pago a Quiborax representado por el abogado que es el mismo abogado que participa en la causa marítima”, declaró.

El historiador y periodista es el principal acusado desde el régimen como “responsable” del proceso internacional que activó Quiborax en el CIADI, que derivó en el pago de 42,6 millones de dólares del Estado Plurinacional como resarcimiento a ese consorcio chileno.

Mesa aclaró que fue él quien pidió a la Fiscalía General, a través de un memorial, incluir a Arce, Menacho, Navarro y Arismendi como responsables de la “pésima defensa legal del Estado”, siendo parte acusadora y no acusado.

En 2004, el entonces presidente de la República firmó un decreto para “revocar” las concesiones de Quiborax sobre un área de explotación mineral en el Salar de Uyuni. Luego de una extraña manipulación de paquetes accionarios, el consorcio llevó el caso al arbitraje internacional que tuvo que enfrentar la administración de Evo Morales, con la consecuente pérdida económica dictaminada en mayo reciente.

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