JUEZ PACAJES QUEDA SUSPENDIDA Y CON DENUNCIA POR PREVARICATO

Audiencia del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz / CARLOS QUISBERT

SEGURIDAD | 18 Sep 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La juez del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, fue suspendida este martes, luego de la difusión de un audio en el que ella revela detalles sobre el caso bebé Alexander que derivó en la detención y sentencia a 20 años contra el médico Jhiery Fernández. La oposición, por su lado, ya interpuso una denuncia por prevaricato.

Pacajes había solicitado baja médica por dos días y debía retornar a sus labores en la semana, sin embargo, desde Sucre, el Consejo de la Magistratura determinó la suspensión del cargo para realizar las investigaciones sobre el audio, argumentando además que la juez vulneró la declaratoria en reserva del caso.

La juez Pacajes dictó la sentencia contra el médico del Hogar Virgen de Fátima en marzo de este año, a tres años y medio de la detención de Fernández, junto a los jueces técnicos Gladys Guerrero y Roberto Mérida. La denuncia fue presentada por la Fiscalía General, Fiscalía Departamental y la Gobernación de La Paz, entonces dirigida por el oficialista César Cocarico.

Un audio privado, amplificado por los medios el lunes, reveló cómo la juez se queja de la presión recibida para sentenciar al médico. Ella habló de las fallas procesales, desde la valoración de la forense Ángela Mora, a quien Pacajes vinculó sentimentalmente con el fiscal general Ramiro Guerrero, además de la comisión de fiscales conformada por Patricia Santos, Susana Boyán y Edwin Blanco.

También se menciona presión política de Cocarico, que tendría personal dentro de ese albergue dependiente de la Gobernación paceña; también se cita a la entonces ministra de Justicia, en este caso, Sandra Gutiérrez.

Por su lado, la oposición, a través de los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe, presentó una denuncia por prevaricato contra la juez ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen – FELCC.

“Hemos presentado una denuncia por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, consorcios y se intervenga su oficina como lo hizo la FELCC en otros casos. Este es un pedido de acción directa”, explicó Santamaría.

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