NUEVO FISCAL GENERAL REFLEXIONA SOBRE LA DETENCIÓN PREVENTIVA

Lanchipa tendrá un nuevo marco normativo para reducir la detención preventiva / ABI

SOCIEDAD | 23 Oct 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Este martes fue posesionado en el cargo de Fiscal General del Estado, el abogado Juan Lanchipa para una gestión de seis años al mando del Ministerio Público. En su discurso, reflexionó sobre el abuso que se comete con la medida de la detención preventiva que, durante la era de Ramiro Guerrero, aportó al 75% de hacinamiento en las cárceles bolivianas.

“Soy consciente de que existen muchos problemas en la investigación y persecución penal de los delitos; duración prolongada de los procesos penales, alto índice de detenidos preventivos, abuso de la detención preventiva que se utiliza como un anticipo de pena, sobrecarga de trabajo, hechos gravísimos que quedan en la impunidad, suspensiones de audiencias y otros, de una larga lista de debilidades y problemas”, reflexionó Lanchipa.

Lanchipa aludió a la gestión del saliente fiscal y su entorno en las nueve distritales, por haber impulsado acciones “poco reflexivas” de algunos fiscales “que nos obligarán en primer lugar a efectuar una cuidadosa evaluación de los desempeños profesionales de los mismos”.

Datos consolidados a mayo de 2018, obtenidos por VISOR BOLIVIA, dan cuenta que el 75 por ciento de la población carcelaria en Bolivia, de 18.885 privados de libertad, cumple detención preventiva sin sentencia ni avance procesal.

En la gestión de Guerrero esa medida pareció ser la regla y no la excepción como manda el Código de Procedimiento Penal.

Paralelamente, desde el Ministerio de Justicia también se abordó esta problemática con la aprobación del proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal, elaborado por una de las comisiones de la Cumbre de Justicia.

En ese marco, el proyecto también pretende reducir las cifras de detención preventiva evitando aplicar esa medida a personas mayores de 65 años.

Tampoco se detendrá a acusados de delitos con penas menores a cuatro años ni en casos de daño patrimonial que hayan logrado los pasos conciliación.

La detención preventiva, según este proyecto, tampoco aplicará a mujeres embarazadas y cuando el imputado sea único custodio de menores de edad, salvo en casos de delitos contra la libertad sexual o de patrimonio mediante violencia o corrupción.

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