Escribe Andrés Gómez Vela

Los ocho fiscales que avergonzaron a la justicia

Escribe Andrés Gómez Vela

OPINIÓN | 11 Nov 2018

No sé si ellos, pero nosotros sí sentimos vergüenza de haberlos tenido como promotores de justicia y defensores de los intereses generales de la sociedad, siendo en realidad que eran la misma encarnación de la injusticia y la misma personificación del mal.

Para medir la dimensión de la paradoja bochornosa, hagamos una rápida revisión de nombres y casos:

Marcelo Soza saltó a la fama con el caso llamado “terrorismo”. Investigó un hecho que no sucedió. Lo confesó el mismo desde Brasil, a donde fugó en marzo de 2014. En su “Carta al Pueblo de Bolivia”, dijo que en la “investigación” del caso Rozsa hubo sobornos, compra de testigos y presiones para procesar sin pruebas a líderes cruceños.

Ana Claudia Arruda Flores reveló que, a solicitud de Soza, extorsionó a Zvonko Matkovic Fleig, a quien pidió, en primera instancia, 50.000 dólares para beneficiar a su hijo involucrado en este montaje.

Isabelino Gómez investigó en 2009 el caso Catler-Uniservice, en el que fue involucrado Santos Ramírez, en ese entonces, militante del MAS y presidente de YFPB. Posteriormente, en 2011, fue nombrado fiscal interino del Distrito de Santa Cruz, donde un acusado de violación, Pedro Cresencio Pinto Costas, declaró que dos enviados de Gómez le pidieron 200.000 dólares por su libertad y 300.000 dólares por la audiencia conclusiva. Además, reveló que le exigieron transferir su vehículo, que estaba incautado, a una tercera persona para después entregárselo a Isabelino.

Es más, 30 internos de Palmasola lo acusaron de extorsión y fue implicado en el escandaloso caso Jacob Ostreicher.

Edward Mollinedo, Janeth Velarde y Roberto Achá tenían como misión hallar “la verdad histórica de los hechos”, pero terminaron esquilmando y encarcelando sin evidencia alguna al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher. Los tres eran parte de la red de extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno. El caso estalló entre 2014 y 2015.

Humberto Quispe fue algo así como el prototipo del fiscal corrupto. El ciudadano José Luis Cuenca lo acusó en 2014 de haberle robado 300.000 dólares, 200.000 dólares y un vehículo. En venganza, el entonces fiscal mandó a golpearlo en una celda para obligarle a autoculparse de autorrobo.

La abogada Carmiña Luna dijo que Quispe montó un operativo en su oficina y que ella terminó siendo acusada de falsificación de documentos y arrestada en su domicilio, informó Página Siete en enero de 2015.

Mario Gutiérrez, joyero, declaró que policías enviados por Quispe le robaron oro, lo golpearon en un coche y le pidieron dinero para no ser acusado de autorrobo.

Edwin Blanco y Susana Boyan investigaron otro caso que nunca pasó: la violación de bebé Alexander. Según un reportaje de ATB, escondieron pruebas para imputar, acusar y encarcelar al médico Jhiery Fernández. Presionaron y amenazaron a jueces para que éstos no liberen de culpa al inocente. La enfermera Lola Fernández declaró ante la jueza Patricia Pacajes que Blanco le pidió 10.000 dólares para liberarla del caso. Como no pagó esa suma, la sentenciaron. Pese a esta grave revelación, el Ministerio Público ni se inmutó.

Los casos descritos son los más sobresalientes, conozco otros sucedidos en ciudades intermedias y áreas rurales, donde hay fiscales que medran de la pobreza y miedo de la gente.

¿Cuál la razón de esta pobredumbre?

La Constitución caracteriza al fiscal como el defensor de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Pero, paradójicamente, el Fiscal General es nombrado por el partido de gobierno y no por la sociedad.

Desde esa condición nomina a los fiscales departamentales, aunque la Ley Orgánica del Ministerio Público señala, en su artículo 33, que éstos “serán designados (…) previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”.

En consecuencia, los fiscales, en su mayoría, son un peligro para la sociedad. Por ello, los casos que involucran a altos funcionarios de Estado casi nunca fueron ni son investigados pese a las evidencias.

Mientras los fiscales sean instrumentos para perseguir y encarcelar a sus “enemigos” e inocentes como el caso del dirigente cocalero Franklin Gutiérrez, no habrá justicia en Bolivia.

La sociedad debe participar en la designación del Fiscal General y de los fiscales departamentales.

//*ANDRÉS GÓMEZ VELA ES PERIODISTA Y ABOGADO//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN//