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Sábado, 20 de Abril de 2019

Yungas: La millonaria "carretera de la muerte" y sus responsables, según investigación

SOCIEDAD | 10 Feb 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El investigador Edgar Ramos Andrade se ocupó de revisar los antecedentes de la construcción y mantenimiento de la ruta hacia los Yungas de La Paz, donde hace una semana se produjo otra tragedia con más de una docena de muertos por un deslizamiento de tierra en el sector Puente Armas. La conclusión es que en una década y con cuatro contratos estatales, la vía sigue cobrando vidas.

El pasado sábado 2 de febrero, un alud de tierra que día antes había tapado la vía en Puente Armas, sector Yolosita, provocó que varios vehículos queden varados en la zona. Un alud de tierra cayó repentinamente arrastrando a los motorizados y sus ocupantes.

El deslave mató al menos a 16 personas y dejo dos docenas de heridos y desaparecidos.

Ramos, quien es director de la Unidad de Comunicación de la Gobernación de La Paz, indagó los antecedentes de esa obra, luego que el Gobierno central activara una campaña de desprestigio contra la entidad departamental, siendo el camino a Yunga parte de la red que es de competencia nacional, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC.

La investigación demuestra que en diez años hubo cuatro contratos que alcanzaron los 326 millones de dólares para la construcción, asfaltado y mantenimiento de la ruta troncal Santa Bárbara - Caranavi - Quiquibey. Las empresas beneficiadas por el Estado fueron ArBol y Royal.

En el primer caso, al Administradora Boliviana de Carreteras - ABC activó el contrató por $us 257 millones en 2010 para el asfaltado de 184 kilómetros de esta vía. El mandatario Evo Morales presenció la firma con el empresario Gerardo Ferreyra. La obra fue financiada por un crédito venezolano de $us 198 millones y su contraparte con la Gobernación paceña, entonces administrada por el oficialista César Cocarico, con los otros 59 millones de dólares.

ArBol, detalla el investigador, debió entregar la obra en 2015, pero tuvo problemas incluso con el personal que en 2013 paralizaron actividades, además de las denuncias por falta de pagos a 500 microempresas y proveedores.

En 2015 el Ministerio de Obras Públicas rescindió el contrato con ArBol pro el tramo a Quiquibey y en 2018 Ferreyra, de nacionalidad argentina, es implicado en el caso Lava Jato de Argentina y el régimen de Cristina Fernández.

En el caso de la empresa Royal, Ramos verificó el contrato de la ABC por 60 millones de dólares para la construcción de la carretera que une Santa Bárbara, Caranavi, Alto Beni y Quiquibey, según datos del Sistema Estatal de Contrataciones - SICOES.

En septiembre de 2017 la ABC hizo otro contrato para la fiscalización y control de obras de Royal por 431 mil dólares y en enero del siguiente año, la Confederación de Interculturales y la Federación Regional de Transporte a Yungas verificaron y avalaron las obras que llegaban al 71% de ejecución.

En octubre de 2018 se lanzó otro contrato para la conservación de la vía Quiquibey por $us 143 mil.

Ya en 2019, complementa Ramos Andrade, la ABC comunicó a Royal su intención de rescindir el contrato por “serias deficiencias que ponen en riesgo la conclusión de obras”. Ese anuncio se hacía público el 28 de enero. Cinco días después se produciría el primer deslizamiento de material sobre Puente Armas y entre el 2 y 3 de febrero la tragedia que volvió a enlutar a las familias bolivianas.

El rescate de cuerpos se paralizó el viernes y este domingo se habilitó por algunas horas el paso vehicular en la ruta Santa Bárbara a Caranavi.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, agradecía a la ABC por los trabajos de estabilización en la zona y, en el tema humano, aclaró que la búsqueda de desaparecidos continuará en el río colindante a la vía.

“Hemos pedido que nuestros grupos de búsqueda y rescate hagan un rastrillaje de todo el río, río abajo, para ver si podemos encontrar a alguien todavía. Mientras hay paso y donde se pueda, todavía estamos tratando de encontrar a las personas que han fallecido ahí”, dijo el funcionario a los medios estatales.

CONCLUSIONES

Ramos, en su investigación, difundida por Radio Líder, lanza cinco conclusiones sobre el manejo de las vías en el norte paceño por parte del nivel central de gobierno:

"a) Esta inconclusa obra le cuesta a Bolivia (hasta ahora): $us.326.143.243 y su manejo es muy dudoso, por impericia y posible corrupción. Los presidentes de ABC: Mullisaca, Villegas, Loayza y Sánchez, tienen mucho que explicar.

b) No estamos preparados para desastres como Puente Armas. Los rescatistas trabajan en total precariedad y la gente se lo dijo al escapista ministro Zabaleta, el jueves 7 en Caranavi.

c) El gobierno demostró nueva segregación a los Yungas, y este es un caso parecido a CAMC (el de Gabriela, la novia del Presidente) por favores partidarios a ciertas empresas.

d) Los dirigentes sociales, serviles al gobierno aparecen como posibles cómplices de este derroche.

e) Miles de personas, o transportistas de pasajeros y carga, que viajan por tierra, de o hacia: Cobija, Guayaramerín, Ixiamas, San Buenaventura, Riberalta, Alto Beni, Palos Plancos, Caranavi, y cientas de colonias y comunidades, están severamente dañadas o perjudicadas".

//@VisorBolivia/ Radio Líder FM//  

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