Escribe Carlos Armando Cardozo

Estado de coca

Escribe Carlos Armando Cardozo

OPINIÓN | 27 Feb 2019

Semanas atrás el país entraba en revuelo con la internación de un vehículo de alta gama que fue fotografiado en los depósitos de Aduana, inmediatamente empezaron a circular versiones sobre sus orígenes. Todas ellas apuntaron hacia algún capo del narcotráfico, dirigente del sector cocalero del Chapare o empresario beneficiado de grandes negociados con el Estado.

No sorprende que la sociedad en su conjunto sea bastante escéptica sobre los verdaderos orígenes de bienes de este tipo, al parecer el hecho de que un vehículo de esas características se encuentre en nuestro país solo puede asociarse a actividades delictuosas o criminales de distinta índole, como el narcotráfico, que rememora un verdadero estigma con el que Bolivia ha tenido que convivir desde la década de los 80s.

En palabras de Claudia Espinoza (Bolivia, la construcción mediática del “narcoestado”, 23 de abril de 2017) este fenómeno se exacerbó desde la ascensión de Evo Morales como figura política en nuestro país, en su calidad de dirigente máximo del sector cocalero del Chapare, fue víctima de una campaña de desprestigio continuo donde incluso el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, buscaron ligar al líder campesino con el narcotráfico. Poco después ya en función de gobierno, Evo Morales, ya como primer mandatario fue acusado de socapar actividades ilícitas en nuestro país, con el pretexto de defender los cultivos de la hoja de coca como una especie de símbolo o talismán milenario; su cruzada por la coca no solo paso por la expulsión de la DEA (Drug Enforcement Agency), sino también por la legalización de mayores áreas de superficie de cultivo tradicional de coca que fueron de 12.000 hectáreas a 22.000 hectáreas.

Paralelamente, la Revista Veja (Brasil) en dos artículos uno de Duda Texeira (La Republica de la Cocaína, 11 de julio de 2012) y otro de Leonardo Coutinho (Prisiones revelan proximidad de tráfico con Evo Morales, 27 de octubre de 2017) se sumaron a otros columnistas a nivel nacional haciendo eco con cada vez más fuerza de diversos hechos que ligaban al Estado boliviano con el narcotráfico. Evo Morales centraba toda la atención y su cruzada inicialmente “noble” parecía ser solo una cortina “discursiva” para ocultar sus verdaderos intereses; se mencionan personajes como Juan Ramón Quintana (Ministro de la Presidencia, Diplomático en Cuba), Jessica Jordán (Candidata a la Gobernación del Beni, Cónsul en Nueva York, Vicecónsul en Miami) y Raúl García Linera (hermano del vicepresidente) como operadores ya sea cumpliendo tareas como vínculos para salvaguardar el tráfico de cargamentos de cocaína rumbo a Estados Unidos (Vía Cuba) y Brasil (Vía Beni), o como mecanismos de influencia para garantizar la lealtad y complicidad del nuevo funcionario al frente de Aduanas en el Aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz) aún pendiente de ser designado.

Lo descrito en ambas publicaciones pareció haber despertado alarma en el Estado boliviano, tanto que se anunció una demanda legal en contra de la Revista Veja misma que nunca paso de eso, una simple amenaza curiosamente en voz de Juan Ramón Quintana directo implicado en la polémica, que no supo aclarar la versión de Veja. Pero ¿Cuál es el trasfondo de esta supuesta campaña de desprestigio? ¿Existen evidencias suficientes como para poner en duda a Morales y su entorno? Veamos.

Hoy sin la presencia de la DEA, Bolivia ha podido erradicar y reducir la superficie cultivada a través de una política de dialogo y coordinación directa con los sindicatos productores de coca, de acuerdo a datos de UNODC (Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito) teníamos para el 2008, cuando la DEA se retira del país, una superficie de 30.500 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Para el año 2017, último dato proveniente de los informes de monitoreo de cultivos de coca, se tiene que Bolivia presentaba una reducción a una superficie de solo 16.117 hectáreas.

De los 3 países productores de hoja de coca, hablamos de Colombia, Perú y Bolivia, el país que mayores tasas de reducción durante el periodo 2008-2017 fue nuestro país, mismo que logro reducir a una tasa promedio un 6,15% anual mientras Perú solamente redujo sus cultivos a un 0,80% anual y Colombia por el contrario experimentó un incremento promedio de 11,65% anual, nuevamente apelando a datos de UNODC.

Desmenuzando los distintos componentes de los macro resultados presentados anteriormente nos detendremos para destacar algunos elementos puntuales: primero, el periodo 2003-2017, de las 3 regiones identificadas como productoras de hoja de coca en Bolivia (Chapare, Yungas y Norte de La Paz) el Chapare fue la única zona donde la superficie de cultivo se amplió. El año 2003 esta zona excedentaria de cultivos de coca, representaba el 31,12% de la producción nacional; para 2017 se tuvo un incremento progresivo que llegó al 34,27%, entre tanto la zona de Yungas se ha reducido de 68,67% en 2003 a un 65,00% en 2017. Finalmente, el Norte de La Paz aporta con menos del 1% a la superficie destinada a los cultivos de coca, durante el mismo periodo solamente se incrementó de 0,21% (2003) a 0,73% (2012) por tanto su contribución es casi marginal para los fines de este análisis.

Segundo, en la actualidad el epicentro de la producción de coca en Bolivia se consolida nuevamente en el Trópico Cochabambino, a pesar de ser considerada históricamente un área de coca excedentaria (no tradicional) hoy goza de total legalidad una vez la Ley de Hoja de Coca (marzo, 2017) fuese promulgada por Evo Morales, presidente de los bolivianos y de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba. Sin embargo, de acuerdo a los últimos datos de UNODC específicamente aquellos que representan a la zona del Chapare dan cuenta que en 2017 la superficie destinada al cultivo de coca ascendió a 8.402 hectáreas, siendo el límite establecido por ley solamente 7.000 hectáreas. Un año antes, en Chapare ya se contaba con 7.222 hectáreas a pesar de ello, el Estado se mantuvo en una pasividad casi cómplice a título de erradicación consensuada.

Tercera, de las tres regiones mencionadas solamente el Chapare ha gozado con excepciones por demás llamativas, existen dos áreas protegidas que fueron avasalladas con cultivos de hoja de coca que en la actualidad han sido saneadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), estamos hablando del Parque Isiboro Sécure (Polígono 7) y Parque Carrasco (Línea Roja), los cuales hasta el 2017 tenían 1.109 y 613 hectáreas cultivadas pero esta vez en calidad de tierra con derecho propietario en favor de “colonos” que responden a la estructura cocalera afín a Morales.

Hablar de Chapare no es algo nuevo o jalado de los pelos, ya desde finales de los años 80, el Trópico Cochabambino tomo relevancia a causa del Narcotráfico. Michael Isikoff narraba en su artículo - DEA in Bolivia “Guerrilla Warfare” - (Washington Post, 1989) que era impresionante como las exportaciones ilegales de coca ascendían a 600 millones de dólares americanos, cifra superior al total de las exportaciones legales en Bolivia en ese entonces. Isikoff recogió testimonios de oficiales desplegados en la base americana instalada en Chimoré lugar donde cumplían tareas de lucha contra el narcotráfico y capacitación del escuadrón “Jaguares” de la milicia antinarcóticos de las Fuerzas Armadas; dentro de estas crónicas se reconocía abiertamente el nivel de complicidad de las autoridades bolivianas policiales y militares que trabajaban en coordinación con grupos ligados al narcotráfico filtrando información sobre los operativos e indagaciones tanto de la DEA como del escuadrón “Jaguares”. Una lucha en desventaja donde la DEA se veía apabullada por los tentáculos del narcotráfico ya en el núcleo de la sociedad civil, fuerzas militares y policiales e incluso funcionarios de Gobierno.

En 2011 la historia parecía repetirse cuando el hombre de confianza de Morales en temas de narcotráfico, hablamos del ex general Rene Sanabria, fuese extraditado hacia los Estados Unidos por haberse visto involucrado directamente en el envío de un cargamento de cocaína desde Arica con destino a Miami vía Panamá, por demás está decir que el operativo fue llevado a cabo entre la DEA y los carabineros chilenos, sin que en si quiera se tenga la ligera sospecha de un escándalo de tales magnitudes.

Si nos remitimos estrictamente a los datos presentados por Naciones Unidas, podríamos manifestar cierto alivio respecto a la superficie destinada al cultivo de hoja de coca, sin embargo, debemos señalar que el contexto de países como Colombia y Perú juegan un rol fundamental en cuanto a las dinámicas de producción de hoja de coca. Según Jeremy McDermott (10 razones por las cuales Bolivia es un potencial paraíso para el COT, octubre 16 de 2014) el efecto globo podría explicar que mientras el principal productor, Colombia, expanda sus áreas de producción, se reducirá la presión incesante de la demanda de países secundarios como Perú y Bolivia por ende su producción no sufriría mayores incentivos para crecer; hablando específicamente de Colombia es importante recordar que durante el periodo 2010-2017 (16,52% de crecimiento promedio anual de superficie de cultivos de coca) Juan Manuel Santos estuvo en la presidencia de aquel país, fue un actor importante en el proceso de paz entre el Estado colombiano y el ejército de las FARC, mismo que requirió de la flexibilización de las políticas antidrogas más severas y consecuentes que en otro escenario hubieran zanjado cualquier salida pacífica al conflicto. Con el cambio de gobierno y la llegada de Iván Duque, tal parece que se retomará una política contra el narcotráfico con mayor severidad que la de su predecesor, un escenario que podría acercar los mercados ilegales hacia Bolivia cuya producción de coca se tornaría más asequible en cuanto a costos y disponibilidad al representar menores riesgos para los virtuales “compradores”.

Mientras tengamos un Estado que no consolide una institucionalidad fuerte, la corrupción, pobreza y narcotráfico, serán las tres cabezas de nuestro subdesarrollo que hoy por hoy se encuentra más vigente que nunca.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA ES ECONOMISTA, MÁSTER EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y PRESIDENTE DE FUNDACIÓN LOZANÍA//

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