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Sábado, 20 de Abril de 2019

Caso terrorismo: La historia de un montaje que ya conlleva consecuencias para el Estado Plurinacional

¿Estratagema política o costosa ingenuidad regional? El martes se cumplen diez años de un hecho violento que no termina de esclarecerse en Bolivia, pero que ya ingresó a la CIDH

ESPECIALES | 14 Abr 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Eran las 04:30 del jueves 16 de abril de 2009. El Hotel Las Américas, entre las calles 21 de Mayo y Seoane del centro cruceño era intervenido por el grupo Delta de la Policía, en busca de la célula irregular del boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores. Tres sujetos fueron abatidos y dos detenidos en el inicio del caso terrorismo que cumplirá diez años bajo el manto del montaje político.

El grupo Delta, que luego se supo fue la Unidad Táctica de Resolución de Crisis - UTARC, ingresó la madrugada del 16 de abril, hace diez años, en la habitación 456 del céntrico hotel de la capital cruceña para dar con los autores del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, ocurrido un día antes. El operativo no contó con orden fiscal, se ordenó apagar las cámaras de seguridad y luego se montaron pruebas como la famosa mochila roja dejada por la oficial identificada como Marylin Villca, alias Karen, una infiltrada en el grupo junto al capitán Walter Andrade.

El denominado caso de “terrorismo y alzamiento armado”, sirvió para desbaratar a la oposición regional asentada en Santa Cruz, afirman los involucrados. Empresarios, cívicos y líderes políticos fueron perseguidos, detenidos o decidieron huir ante lo que se considera un montaje político ejecutado por gente de extrema izquierda con formación en táctica y guerrilla, que fue parte de la estructura del régimen de Evo Morales.

La nueva Constitución Política del Estado - CPE se había promulgado en febrero y luego de la revocatoria de dos prefectos y el caso Porvenir, ambos en 2008, la llamada “media luna” quedó dividida, descabezada y con Santa Cruz como único bastión opositor.

Tras la sangrienta intervención, el régimen mostró las armas incautadas en el stand de COTAS en la FexpoCruz, en un operativo paralelo que sirvió para sustentar la hipótesis que desde Santa Cruz se preparaba un levantamiento armado para separar a la “media luna” de Bolivia e incluso un "magnicidio".

El vicepresidente Alvaro Garcia alertaba que no solo era el grupo de Rózsa el que se estaba preparando para atentar contra Morales, sino que había información de otras células terroristas activas.
“No estamos solamente ante una célula, se supone y deducimos que hay otras células por la cantidad de armas encontradas en el stand de COTAS y por las cajas vacías de armamento que deben estar en algún lado”, declaró entonces Garcia.

LA FIGURA PRESENTE DE DWYER

En la intervención de la UTARC se dio muerte a Rózsa Flores, Árpád Magyarosi de nacionalidad húngara rumana, y Michael Martin Dwyer, irlandés. De este último es que parten las dudas de la comunidad internacional, el Parlamento Europeo y, sobre todo, su madre, Caroline Dwyer.

Entrevistada este sábado por el periódico The Irish Times, la madre de Dwyer reiteró que la muerte de su hijo fue una ejecución sumaria, porque así lo confirma la autopsia e informe patológico que se hizo al cuerpo del joven irlandés de 24 años cuando el cadáver fue repatriado.

Una bala en el corazón, disparada desde arriba, lo mató. Cuatro tiros más por la espalda marcaron el cuerpo en lo que la versión del régimen de Evo Morales llama “un enfrentamiento a tiros que duró más de 20 minutos”.

Michale Dwyer había llegado a Bolivia a finales de 2008 para aprender construcción y seguridad, luego de haber estudiado esa carrera en su país. Su plan inicial era viajar por África, pero en noviembre se decidió por conocer el corazón de Sudamérica.

En los pocos correos que escribió a su madre, ya desde Santa Cruz, Dwyer le explicaba que había conocido a un “hombre de negocios” con quien empezaría a trabajar. Ese hombre era Eduardo Rózsa.

El irlandés fue señalado por el régimen oficialista de ser un “terrorista” entrenado. Incluso se presentaron fotos de éste manejando armas de fuego. Caroline Dwyer explica que esas fotos fueron bajadas de la red social Bebo, cuando su hijo practicaba el juego de airsoft, en el que se usan rifles de aire comprimido y balas de pintura.

Y es que la narrativa para mostrar a los extranjeros como “mercenarios” se dio a horas del mismo día del operativo, luego que el propio mandatario del Estado Plurinacional, desde Cumaná en Venezuela y acompañado por los entonces presidentes, el venezolano Hugo Chávez y el cubano Raúl Castro, reconoció haber dado la orden para el operativo.

“Yo tenía alguna información de que estaban preparando algún atentado, sin embargo, el día de ayer le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República, y mediante el vicepresidente al comandante de la Policía, a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios”, declaró Morales Ayma.

En noviembre de 2015, Morales viajó a Irlanda y se reunió con su par Michael D Higgins. En la reunión, el canciller irlandés Charlie Flanagan expresó al mandatario boliviano que existe preocupación por el caso Dwyer y que se espera la apertura de una investigación internacional al respecto. Morales mandó “sus condolencias” a la familia Dwyer y expresó su “voluntad” para el esclarecimiento de la investigación.

Sin embargo, la investigación en Bolivia no prospera y por ello Caroline Dwyer acudió al Comité de Asuntos Exteriores que aprobó en enero de 2017 una petición al Parlamento Europeo. La figura de ejecución sumaria es la línea judicial que se maneja desde entonces.

CIDH CONTRA EL ESTADO PLURINACIONAL

Caroline Dwyer y la asesora legal Catherine Heaney llevaron el caso ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extra Judiciales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH con sede en Washington.

En abril de 2018 se conoció la admisión del caso por parte de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos - OEA, por la violación de derechos humanos de ciudadanos extranjeros en Bolivia, además de la ejecución extrajudicial de Dwyer, Magyarosi y Rózsa.

El régimen de Evo Morales tenía 90 días para responder a la denuncia inicial. El mandatario boliviano, al conocer esa decisión dijo, vía Twitter, que la CIDH era “un defensor del terrorismo y el separatismo que quería dividir el país”.

“Mi lucha es con el sistema de justicia boliviano, y para tratar de obtener justicia para Michael”, dijo Caroline Dwyer a The Irish Times.

Del caso, los dos sobrevivientes detenidos, el croata Mario Tadic y el húngaro EIöad Tóazó, que pasaron seis años en detención en la cárcel de Palmasola, se sometieron a proceso abreviado por la figura de complicidad en alzamiento armado. Fueron liberados y salieron a Chile, para luego volver a sus países. Ya en Europa, ambos negaron haber sido parte de una célula terrorista y denunciaron presión del Gobierno boliviano para inculparse.

Tadic y Tóazó se sumaron a las denuncias contra el Estado Plurinacional por violación a los Derechos Humanos, tanto ante la CIDH como a la Relatoría Especial de NNUU.

El abogado de cuatro implicados en el caso terrorismo I, Gary Prado Arauz, entrevistado ayer por la periodista Maggy Talavera, reveló que se está preparando una larga lista de denuncias contra el Estado boliviano por este proceso que cumple diez años este martes.

Del lado de los bolivianos implicados, Prado afirma que los propios jueces han sugerido a Juan Carlos Guedes y a Alcides Mendoza, declararse culpables en proceso abreviado para no extender más el caso. Pero también existe presión desde el Ministerio de Gobierno, a través de ofrecimientos de casas de lujo en condominios a cambio de aceptar responsabilidades.

La presión, afirma, se da para que Guedes y Mendoza dejen su denuncia ante la CIDH. Ambos están por cumplir diez años desde su detención en Santa Cruz y posterior traslado a La Paz, luego a Palmasola. Ambos son señalados de vender armas a Rózsa, pero en descargo afirman que eran armas de colección, “inservibles” para “atentar” contra nadie.

El abogado también patrocina a su padre, el general en retiro Gary Prado Salmón y a Zvonko Matkovic, el joven líder cruceño que estuvo ocho años encarcelado y que ahora mantiene detención domiciliaria. El joven fue incluido en la lista del fiscal Marcelo Soza por haber recibido una llamada perdida de un conocido de Rózsa, pero su detención se dio, en palabras del propio Zvonko Matkovic, por denunciar la extorsión de la cual era víctima su padre, por parte del ex “súper fiscal”.

RÓZSA: SOLDADO, ESCRITOR, IDEALISTA RADICAL

Eduardo Rózsa Flores nació en Santa Cruz en 1960. Fue apasionado por el arte, el cine y la poesía. Su formación ideológica se enmarcó en las religiones, pues su padre tenía ascendencia judía, pero él decidió militar en el conservador Opus Dei. Al final, se convertiría al islam.

A principios de los 90s se fue a Serbia para participar en la guerra del lado Croata, primero como corresponsal de guerra, pero luego involucrado militarmente, por lo que obtuvo triple nacionalidad. Luego, el políglota retomó su vocación de escritor y editó ocho libros, además de filmar y protagonizar cuatro películas documentales que repercutieron en Hungría.

El diario El Deber viajó en 2012 a Budapest para entrevistar a sus amistades, incluida su pareja Linda Szászvári, quienes revelaron que Rózsa partió hacia Bolivia en octubre de 2008 alentado por “alguien” desde Santa Cruz para realizar la “defensa” de ese departamento y con la promesa de ser “comandante de la Policía cruceña”. Ese “alguien” resulta imposible de identificar, pues el boliviano húngaro croata era muy reservado en sus relaciones, solo se sabe que se hacía llamar “Igor”.

Rózsa explicaba sus móviles en una entrevista local antes de partir hacia Bolivia. “En Santa Cruz se presentó ante el Consejo de la provincia una propuesta de decreto, la que al final aceptaron. Se trataba de la formación de un órgano de defensa provincial, cuya tarea es la protección de la propiedad pública, la garantía de la tranquilidad pública, la defensa de las personalidades de alto cargo. Todo esto tiene una base legal. No hay ejército todavía, hay que realizarlo”.

El enigmático personaje se declaró anti comunista y pese a haber celebrado la llegada al poder de Evo Morales en 2006, luego lo criticó por relacionarse al régimen de Hugo Chávez, detallan sus amistades.

La cobertura del diario cruceño también dio con allegados de Árpád Magyarosi.

Sobre el tercer abatido en el Hotel Las Américas, su madre Mária Tóth, recuerda que el húngaro de 28 años debía viajar a Londres para comenzar a estudiar música, su pasión, pero decidió visitar a su amigo Elod Tóasó en Santa Cruz, Bolivia en febrero de 2009.

Magyarosi era músico, graduado de Pedagogía, no tenía contextura para la guerrilla y debía salir del país el 20 de abril, pero las balas de la UTARC le quitaron la vida cuatro días antes.

La autopsia local, encomendada por la familia Magyarosi determinó que el joven murió asfixiado por su propia sangre, agonizando un “largo tiempo”, por los siete impactos de bala recibidos, además de lesiones en el rostro.

LOS OPERADORES DEL MONTAJE

Otros antecedentes que servirán de prueba para un proceso contra el Estado Plurinacional, ratifica Prado, es la sentencia que se le dictó al exfiscal Marcelo Soza, hoy refugiado en Brasil y que en su tiempo su declarado “súper fiscal” por el Gobierno nacional.

Soza fue sentenciado a 12 años de cárcel por concusión, la figura equivalente a extorsión, pero cometida en el ejercicio público con el agravante de ventajas en razón del cargo.

“El día que Marcelo Soza vuelva al país irá directo a Palmasola a cumplir esos 12 años”, sostuvo Prado.

Prado también recuerda a Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, quien fue chofer del grupo Rózsa, luego testigo clave del fiscal Soza y del Ministerio de Gobierno, para terminar como implicado, acusado y sentenciado por complicidad en terrorismo, esto último mediante procedimiento abreviado.

“El Viejo” reconoció haber participado en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, pero también reveló que recibió llamadas desde La Paz, desde un número que no se investigó, pero que Prado logró ubicar en COTEL. Carlos Núñez del Prado fue el “coordinador”, tanto del atentado a la casa del delegado presidencial Saúl Ávalos del 29 de marzo, como a la casa del jerarca católico.

Núñez del Prado, quien falleció en abril de 2014, fue viceministro de Seguridad Ciudadana y luego trabajó en la Defensoría del Pueblo. Su relación con Villa Vargas se delató en 2011 con el famoso “video soborno” en el que éste entrega 30 mil dólares a “El Viejo” para “fugar” a Argentina en compañía de Edson Alí, exfuncionario del Ministerio de Gobierno.

Las investigaciones por el caso terrorismo nunca llegaron a este hombre de izquierda extrema, declarado guevarista, formado tácticamente en Cuba, hijo del exsenador masista Antonio Peredo, sobrino de Inti Peredo, quien fue parte y muerto en la guerrilla de Ñancahuazú.

Finalmente, tanto Prado como las investigaciones del periodista Carlos Valverde, señalan a Raúl Garcia Linera, hermano del vicepresidente y exmiembro de la célula irregular Ejército Guerrillero Tupac Katari - EGTK, como el operador que trajo a Rózsa a Bolivia en coordinación con el régimen chavista venezolano.

Garcia negó los cargos y en su última declaración ante el juez, en abril de 2017, dijo que con su presencia en juzgados solo se trata de “manchar políticamente” la imagen de su hermano, el vicepresidente.

El caso terrorismo implicó a 39 acusados, hubo 12 procesados y seis personas acudieron al procedimiento abreviado. En esta década se acumularon 221 cuerpos procesales y la investigación derivó en el caso terrorismo II con otros 13 sindicados.

Una eventual sentencia contra el Estado Plurinacional obligaría a anular el caso, indemnizar a los sujetos que vieron vulnerados sus derechos y una posible acción penal interna contra los protagonistas, operadores, ejecutores y administradores de justicia que fueron protagonistas de esta década de montaje político judicial.

VEA: ENTREVISTA A CAROLINE DWYER EN THE IRISH TIMES

VEA: COBERTURA DE EL DEBER EN HUNGRÍA (2012)

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