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Martes, 19 de Marzo de 2024

Caso de linchamiento y canibalismo que cumplirá diez años está por volver a fojas cero

Desde febrero se dilatan las audiencias por inasistencias de fiscales y abogados. Este viernes se podría dictar la resolución para comenzar todo de nuevo

SEGURIDAD | 19 May 2019

VISOR BOLIVIA / Ángel Salazar.- El caso de linchamiento y canibalismo contra un joven que tuvo lugar en una provincia paceña lleva diez años sin encontrar justicia para las personas que injustamente sufrieron pérdidas familiares, económicas y sociales. Maniobras legales aplicadas por abogados que, aprovechando huecos jurídicos en el sistema penal, dilatan el proceso que está por volver a fojas cero.

Cambios jurisdiccionales en el Tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto, donde radica el caso desde el año 2016 hasta la actualidad, fueron las primeras trabas que se encontraron en el camino, según explica a @VisorBolivia la juez Wendy Rojas.

Al iniciarse el juicio, este tribunal contaba con tres jueces técnicos, uno de ellos permutó su cargo con otro juez de la ciudad de La Paz. Para no perjudicar el proceso se determinó apartar al nuevo miembro de este caso y continuar con el proceso solo con dos jueces técnicos, lo cual es completamente legal, refiere Rojas.

En el mes de diciembre del año pasado, uno de los jueces restantes, Medardo Vargas, se acogió al derecho a la jubilación por cuestiones personales, dejando sin quórum al tribunal. Es desde este momento que el tribunal se vio impedido de concluir el proceso, que ya se encontraba en la etapa de conclusiones y alegatos, a punto de dictar sentencia.

La juez Rojas aclara que esta es solo la parte final de un dilatado caso, puesto que a lo largo de estos años el proceso se vio envuelto en constantes argucias de los abogados de ambas partes, que provocaron suspensiones de audiencias una tras otra, llegando a este punto en el que, debido a las circunstancias técnicas, el caso deberá volver a foja cero luego de diez años.

LINCHAMIENTO Y CANIBALISMO

Este caso tuvo lugar en la comunidad Uyuni de la provincia Inquisivi, departamento de La Paz, en junio del año 2009, cuando se reportó el robo de una computadora de la escuela de la población. Por esas fechas, Emeterio Cruz se encontraba en la zona, de visita, pues él vivía y trabajaba en Oruro en compañía de un tío, tenían actividades en el área de la minería.

Ante el robo sufrido por la escuela, las autoridades originarias de la comunidad determinaron realizar una vigilia y la búsqueda casa por casa del material sustraído. Tras no encontrar resultados por esta medida y teniendo conocimiento de la reciente visita al poblado de Emeterio Cruz, se determinó inculparlo a él y a su tío por el hurto. De esta manera intervinieron en la vivienda de Flora Janco, madre del joven cristiano de 19 años.

La turba llegó a golpear a la mujer junto a su esposo e hijos, dejándolos en libertad con el ultimátum de 48 horas para que entreguen al supuesto culpable.

Luego del plazo, doña Flora viajó a la ciudad de La Paz para sentar denuncia ante instancias pertinentes. En ese tiempo, pobladores de la comunidad se trasladaron hasta Oruro para traer ellos mismos a los que consideraban como autores del robo. Una vez en la población, y luego de capturar a los sospechosos procedieron a someterlos a tortura para que confiesen el crimen, ante la violencia ejercida y por las acusaciones de su propio tío, Emeterio es obligado a inculparse.

Luego del flagelo sufrido es encerrado en el baño de la escuela, ante la desesperación y el temor por su vida, es que Emeterio logra deshacer sus ataduras y escapa del lugar, pero es interceptado por pobladores en las afueras del colegio, en una zona montañosa. Estas personas proceden a echar kerosene y prender fuego a la humanidad del infortunado, pero al observar que éste no moría, le reventaron la cabeza con una pala, según el relato de una de las hermanas del fallecido.

Lo macabro de esta situación es que algunas de las personas presentes en el lugar procedieron a comer pedazos del cuerpo calcinado con la superstición de que este acto no permitirá dar con sus asesinos y así evitar un castigo judicial para los autores.

UNA MADRE CLAMA JUSTICIA

A un par de semanas de cumplirse diez años de este acto de crueldad humana, doña Flora Janco sobrevive en la ciudad de El Alto y su único medio subsistencia es la venta de comida en una precaria carpa, en la carretera a Oruro, pues desde aquel día tiene prohibido el ingreso a su comunidad, fue despojada de todos sus bienes, su casa y cosechas fueron quemadas, su ganado y terrenos fueron apropiados por la comunidad, no le permiten entablar comunicación con su ahora ex esposo, quien se divorció luego de la presión y drama de este caso.

Janco indica a este medio de comunicación que ella y sus otros hijos, sufren constantes amedrentamientos e incluso amenazas de muerte de parte de los acusados y sus familiares, para que desista de la querella en su contra. “Algunas veces he encontrado amarres extraños de fétido olor en mi puesto”, cuenta.

Las crueles imágenes de ver al joven calcinado y luego rematado con un golpe de pala que le destrozó el cráneo, para luego ser devorado por los mismos comunarios, provocó angustia y trastornos mentales en las hijas de Janco, aquel entonces niñas.

“Grave he sufrido, por eso no quiero dejarlo así, no me voy a rendir hasta encontrar justicia, mi hijo era inocente”, dice, entre lágrimas, Flora Janco que ya comienza a peinar canas.

El fiscal asignado al caso, Gregorio Blanco, manifiesta que desde el principio la parte acusada así como pobladores de la comunidad han obstaculizado permanentemente la labor del Ministerio Público.

“El acto de levantamiento legal y necropsia del cadáver se realizó un año después de ocurridos los hechos al no poder ingresar a la localidad y cuando por fin se intervino al lugar, se necesitó del apoyo de un fuerte contingente policial”, afirma.

“Lo que la parte acusada pretende es la extinción por el transcurso del tiempo, sin embargo, los delitos de atentado contra la vida no se pueden extinguir por el transcurso del tiempo, el hecho de la prescripción, no es viable porque basta que ellos hayan sido quienes han generado la mora procesal. Cuando el acusado genera la mora procesal ya no es beneficiado con la extinción de la acción penal y ellos han sido culpables de esta mora”, agrega Blanco.

A pesar de la predisposición por tener una contraparte y el tiempo invertido en recopilar datos sobre este caso, la parte acusada no manifestó interés por contar su versión de los hechos ocurridos alrededor de la muerte de Emeterio Cruz.

El abogado de la defensa, así como los 12 procesados, dijeron que solo hablarían en conjunto y grabados ante cámaras de televisión, porque se sienten calumniados por los periódicos y otros medios.

Ante esta posibilidad, el abogado que representa a la parte acusadora, Benedicto Tancara, manifiesta que por el tiempo transcurrido, la parte acusada está esperando la extinción del caso o la muerte de Flora Janco y que “pareciera que el ritual efectuado por los asesinos tuvo sus efectos, pues hasta ahora no pueden ser castigados”.

Desde febrero el juzgado Cuarto de Sentencia de El Alto va suspendiendo una y otra vez la resolución del caso por las constantes faltas a audiencia tanto de fiscales como de abogados de ambas partes. La audiencia conclusiva está programada para este viernes 24 de mayo.

La juez Rojas cree que volver a fojas cero, procedimentalmente, es solo cuestión de trámite, y así todo el caso tendrá que comenzar de nuevo tras una década de retardación e injusticia.

//@VisorBolivia// 

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