EDUARDO LEÓN MANTIENE OBJETIVO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO Y DE EVO MORALES

Juez rechazó amparo constitucional, ahora acudirá a Sucre y luego a CIDH pidiendo al menos $us 5 millones

León presentó amparo en agosto esperando restitución de su título profesional y matrícula de abogado

SEGURIDAD | 28 Sep 2017

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Los daños provocados en su ejercicio profesional y a su familia deben ser resarcidos, asegura el abogado Eduardo León, quien luego de recibir el primer rechazo a su amparo constitucional ha fijado como objetivo personal recuperar en dinero aquello que le fue afectado por parte del Estado y el mandatario Evo Morales.

Este jueves, el abogado a través de sus cuentas de redes sociales, dio a conocer el rechazo del Tribunal Departamental de Justicia al amparo constitucional que pedía la reposición del título de abogacía que le fue anulado luego de haber asumido defensa de Gabriela Zapata, expareja del mandatario del Estado plurinacional. Aquella acción llegó junto a una imputación por presunta falsedad material que llevó a León a detención preventiva en el penal de San Pedro por más de un año antes de obtener el actual estatus de arresto domiciliario.

El abogado asegura que la administración de la justicia en el país tiene presión política del Gobierno central y por ello agotará todas las instancias nacionales para luego proyectar una demanda internacional contra el Estado y sus actuales gobernantes.

“Ahora el recurso se va al Tribunal Constitucional en Sucre donde igual daremos batalla legal y luego queda expedita la vía internacional. La decisión está tomada vamos a seguir luchando hasta que el Estado y el presidente paguen por todo el daño que han cometido en mi contra y hasta el último día de mi vida defenderé mi inocencia”, citó.

Cuestionó además que se le haya quitado el título en provisión nacional que le impide ejercer la profesión al día de hoy. León se benefició de medidas sustitutivas el pasado 24 de abril y tuvo que recurrir a una fábrica de tuberías para sustentar una fuente laboral ante el juez.

“Si ahora nos quitan un derecho adquirido mañana nos quitan la vida y eso no lo podemos permitir, por lo que nuestra pelea contra el gobierno y Evo Morales seguirá mientras no me devuelvan mi título de abogado y paguen por lo que hicieron”, agregó.

León ya había anunciado el lunes que el daño moral y económico a su persona y familia está calculado desde el 30 de mayo de 2016 en al menos 5 millones de dólares.

El amparo presentado ante la juez Yovana Mallea estaba dirigido contra Morales y sus ministros Roberto Aguilar de Educación y Héctor Arce de Justicia por presunta vulneración del debido proceso y el derecho a la petición.

“Yo estoy dispuesto a demandar al Estado Boliviano por unos cinco millones de dólares, porque haciendo cuentas, el daño moral que se causa a una persona no tiene precio”, declaró en al oportunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la última instancia a la que una persona puede acudir en busca de un resarcimiento económico de un Estado en base a principios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que cita el derecho de reparación: “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.

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