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Sábado, 18 de Enero de 2020

DIPUTADA ANUNCIA RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA “LEY DE IMPUNIDAD”

POLÍTICA | 13 Ene 2020

MONITOR / DIPUTADOS.- La diputada por Tarija, Ginna Torrez, anunció que interpondrá una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad contra la Ley de Garantías Constitucionales, si la presidenta del Senado, Eva Copa, decide promulgar esa polémica norma que solo busca blindar al anterior gobierno con un manto de impunidad.

Ante la reciente aprobación de la también conocida como "Ley de Impunidad", la noche del viernes 10 en la Cámara Alta, bajo el nuevo nombre de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, la legisladora tarijeña y abogada explicó que dicha normativa va contra la Constitución Política del Estado, atribuyendo más derechos y garantías a un solo sector de la ciudadanía, en este caso la clase política y sindical aliada al MAS.

En ese marco, la presidenta constitucional Jeanine Áñez, ya adelantó que no promulgará la ley por su carácter inconstitucional, pero Copa podría tomar esa atribución, según declaró, “para pacificar el país”.

Sin embargo, explica Torrez, dicha norma llega a ser innecesaria e inconstitucional, porque todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales están reconocidos en la Ley Fundamental y son “directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”, según expresa el artículo 109, parágrafo I de la CPE.

Asimismo, en su artículo 14, parágrafo II, la CPE señala que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, incluyendo la condición política, que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

“El ser masista o afín al MAS no les da más derechos ni más garantías a estos ciudadanos que al resto de los bolivianos”, sostuvo la diputada y agregó que temas como la amnistía, por ejemplo, son atribuciones presidenciales que se ejercen por decreto supremo y no por ley del Legislativo.

Con este antecedente, además, se podría abrir un nefasto precedente para dotar de inmunidad a quienes cometan crímenes de lesa humanidad, atenten contra los bienes públicos, el patrimonio del Estado o busquen alterar la unidad del país.

La ley, “prohíbe las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019”, según cita uno de sus apartados.

El proyecto del MAS se activó luego de los hechos violentos de octubre y noviembre, tras las elecciones fraudulentas y posterior abandono de funciones de Evo Morales, con enfrentamientos promovidos por los aliados al anterior gobierno que dejaron muertos en las ciudades de Sacaba y Senkata. La norma busca la atención a las víctimas, pero también evitar procesos futuros contra la dirigencia política y sindical del masismo.

La Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos aprobada en sus estaciones en grande y detalle, tuvo algunas modificaciones, por lo que ahora volverá a la Cámara de Diputados antes de su sanción y posterior remisión al Ejecutivo.

//FUENTE: CÁMARA DE DIPUTADOS//

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