DESFALCO, POLÍTICA Y DUDAS: LA HISTORIA COMPLETA DEL BANCO UNIÓN
El caso Pari es solo el corolario de acontecimientos que esta entidad financiera arrastra desde su administración privada hasta su dependencia estatal
ESPECIALES | 29 Oct 2017
VISOR BOLIVIA / Iván R. Rada.- El millonario desfalco de un sujeto en el estatal Banco Unión ha provocado el mayor escándalo del año en Bolivia. La gerente general y el Directorio en pleno renunciaron, hay 35 funcionarios investigados y una docena de detenidos relacionados al entorno de Juan Franz Pari, principal sospechoso, quien declaró como un enigma que robó el dinero “de los dueños” de la entidad y no “del pueblo”.
El millonario flujo de dinero en la localidad de Batallas en el altiplano paceño, donde Pari era jefe de Operaciones, mueve a la sospecha sobre la transparencia en el manejo del banco estatal, catalogado como el tercero más grande de Bolivia.
“Hay gente que sabía lo que pasaba y ahora quieren aprovechar y cargarme a mí todas las irregularidades que hay en el banco con créditos falsos, tarjetas de crédito y otras estafas a la gente”, dijo Pari entrevistado en Chonchocoro por Página Siete sin revelar quiénes son las persona que conocían sus movimientos que ahora son investigados por la Fiscalía.
De acuerdo con el informe de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Pari logró sustraer entre diciembre de 2016 y agosto de este año Bs 37,6 millones (unos 5,4 millones de dólares), mientras el auditor egresado de 27 años “tan solo recuerda” que fueron Bs 20 millones los que fue despilfarrando en fiestas, mujeres, tragos finos, viajes en avión privado, compra de autos importados de alta gama y la constitución de empresas y negocios destinados a lavar ese dinero.
“Yo toqué la plata de los que son dueños del Banco Unión”, reiteró Pari y aludió a gente dentro del Gobierno, sin dar nombres, abriendo más dudas, sobre todo en la oposición política.
Lo cierto es que el Banco Unión tiene como accionista mayoritario al Estado boliviano, mediante las carteras de finanzas, desde que compró el 83,1% de la entidad financiera en 2010, subiendo su paquete a 98,5% a septiembre de ese año.
UN BANCO POLÍTIZADO Y EN CRISIS
El Banco Unión S. A. se fundó en 1979 y tres años después inauguró sus primeras oficinas en La Paz y Santa Cruz, según su reseña institucional.
En su trayectoria institucional el Banco Unión ya tuvo un escándalo de proporciones en 1996 cuando se descubrió la estafa perpetrada por un gerente de apellido Gutiérrez que fue sentenciado a cinco años recién en 2002. La estafa de este alto funcionario, que ya había sido parte del quebrado BancoSur, se calculó en 438.601 dólares por créditos autorizados a ocho “palos blancos” que se beneficiaron de esos sobregiros.
Entre 1990 y 2004 el Banco Unión tuvo otras denuncias por presunta corrupción en el manejo de contratos con la constructora Andrade Gutiérrez, la compra de terrenos agrícolas en San Julián en el departamento de Santa Cruz o el lío por la tenencia de un terreno en Los Manzanos, colindantes a la residencial La Rinconada, famosa por el caso Zapata de 2016, en la zona sur de La Paz.
Asimismo, algunos datos de las últimas reuniones de accionistas confirman que la entidad financiera atravesaba problemas con pérdidas registradas y absorbidas cada gestión entre Bs 20 millones y Bs 40 millones hasta 2004 cuando ya se comenzó a negociar un rescate estatal.
Para 2003 el Banco Unión se vuelve dependiente de Nacional Financiera Boliviana – Sociedad Anónima Mixta (Nafibo - SAM) bajo la presidencia ejecutiva de José Luis Aranguren con el 83,2% de las acciones frente a 16,8% de inversionistas privados. Nafibo – SAM inyectó 14 millones de dólares en capital al banco, de un total de $us 23 millones, porque arrastraba una riesgosa deuda asumida en el Programa de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP) desde 2001.
Nafibo – SAM fue una entidad financiera de segundo piso, sometida al Banco Central de Bolivia (BCB) y con capital internacional que inició sus operaciones en 1996 para coordinar inversiones en el área de vivienda social e infraestructura, microcréditos, arrendamiento financiero y cartera de inversiones para otros bancos y para el mismo Estado.
El compromiso de los representantes entonces fue que el Banco Unión debía volver al control privado en los siguientes dos años y se descartaba la figura de “intervención estatal”.
El paquete accionario del Banco Unión para 2003, según archivo del matutino El Nuevo Día, estaba conformado antes de la intervención o rescate de Nafibo – SAM por: Empresa Tarija S. A. con 32,97 por ciento de las acciones; Andrés Petricevic Raztanovic con 20,95%; Luis Fernando Saavedra Bruno 15,26%; Jorge Guillermo Valdés Añez 13,83%; y el consorcio Inversiones G&V S. A. de Chile con 3,23%. También se citaban a las familias Rojas y Tardío entre otros accionistas minoritarios.
Los accionistas eran militantes, legisladores o exautoridades por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Petricevic, por ejemplo, había ocupado la cartera de Transportes y Comunicaciones y fue quien dio la orden de cierre de radio Metropolitana y canal 4 - RTP en 1988 desencadenando el nacimiento de Conciencia de Patria y el populismo encarnado en Carlos Palenque.
CÓMO PASA EL BANCO UNIÓN A MANOS DEL GOBIERNO
El salvataje de años anteriores era asimilado por el nuevo régimen del proceso de cambio con la advertencia a los socios minoritarios para “que se vayan del banco”, como declaraba el entonces ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, fallecido en 2015. Villegas anunciaba en junio de 2006 que “dos bancos venezolanos” estaban interesados en ser parte del paquete accionario mayoritario.
Desde 2006 el Banco Unión fue utilizado por la administración de Evo Morales, dentro de las competencias de la intervención, para facilitar créditos sociales a la población a intereses más bajos y en competencia con el resto de la banca privada. Aquella política permitió que este banco se estabilice y suba su calificación de riesgo de la categoría BBB3 de “variable” a la A1 de “estable”.
Para 2008 los créditos orientados a la Pequeña y Medina Empresa (PyME) y la “venta masiva de activos improductivos” permitieron al Banco Unión subir a la categoría AAA de “máxima seguridad de inversión”. El patrimonio del Banco Unión al cierre de esa gestión estaba calculado en Bs 198,4 millones.
Entre 2009 y 2010 se fue consolidando la transferencia de la entidad bancaria hacia el Gobierno con constantes cambios de directivas que incluyó la participación de Verónica Ramos, luego nombrada ministra de Desarrollo Productivo y actual directora de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública.
El 5 de septiembre de 2010 el Banco Unión comienza su paso a entidad financiera estatal mediante Decreto Supremo 620 que autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas la compra de acciones a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) que se había convertido en fiduciario de aquel Programa de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP). El BDP, gerentado por Ramos, reemplazó a Nafibo – SAM con un capital de arranque de 300 millones de dólares.
El crédito subordinado que el Banco Unión había contraído en 2001 pasaba por decreto a convertirse en parte del pago por las acciones a favor del Tesoro General de la Nación (TGN).
El Gobierno central confirmaba la compra del 83,1 por ciento de las acciones registradas en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), para convertir al Banco Unión en “facilitador de las operaciones públicas”. Con ello se asumía la tarea de otorgar todo tipo de créditos sociales y la administración casi exclusiva del pago de salarios para los funcionarios estatales.
El entonces ministro de Economía, Luis Arce, se encargaría de anunciar a fines de septiembre de 2010 la compra negociada de las cuotas de Petricevic y Saavedra Bruno que Villegas había amenazado, con lo que el Estado consolidaba el 97,42 por ciento de las acciones del Banco Unión por Bs 13,1 millones.
Para abril de 2011 el Gobierno, a través del banco, absorbía las cuentas de pago a la administración pública que el Estado hacía en el Banco Mercantil y en julio hacía la migración de los clientes del Banco de Crédito para asumir el monopolio para cancelar salarios a 423 mil servidores públicos con una cartera ascendente de 520.82 millones de dólares.
El 19 de diciembre de 2012 la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobaba la constitución definitiva del banco en una dependencia estatal con un patrimonio de 140 millones de dólares.
“Crease la Entidad Bancaria Pública en la persona del Banco Unión SA y como una forma de organización económica en la que el Estado, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), mantendrá una participación accionaria mayor al 97% de capital social que tendrá por objeto realizar, en el marco de lo previsto en esta ley, las operaciones y servicios financieros de la Administración Pública, en sus diferentes niveles de Gobierno, como también operaciones y servicios financieros con el público en general y la ley que regula la actividad de entidades de intermediación financiera”, cita la norma 724.
Luego de esta consolidación se formó el Grupo Unión constituido por el Banco Unión S. A., Valores Unión S. A. y SAFI Unión S. A.
El paquete accionario al 30 de septiembre de 2017 con datos de la BBV muestra al Banco Unión S. A. controlando 98,54%, Roberto Rojas con 1,26%, Banco Nacional de Bolivia S. A. con 0,11%, Banco Bisa S.A. con 0,03%, “Otros” con 0,01%, Jorge Valdez con 0,01%, además de Ana Santos, Ronald Justiniano, Simexbol Ltda, Osvaldo Gutiérrez y Juan Guillén, todos ellos con menos décimas porcentuales de las 156.511.355 acciones que hacen a la entidad.
En tanto, el paquete accionario de Valores Unión S. A. quedó a la misma fecha con 97,99%, para el Banco Unión, 1,95% para Beatriz Peña y 0,05% para Andrés Petricevic de las 53.747 acciones totales.
UN CASO QUE RECIÉN SE COMIENZA A PROFUNDIZAR
La sucursal del Banco Unión cerca de la plaza Isabel la Católica se convertía el reciente 26 de septiembre en el inicio de un escándalo de proporciones para esta entidad financiera estatal.
Juan Franz Pari era detenido por la policía junto a su amante Luciana Cagnola. Una simple infracción de tránsito para el joven vecino de Chijini y el cobro de Bs 20 mil de una licitación estatal por la modelo argentina, convertida en empresaria, llevarían a la investigación del Ministerio Público y la ASFI.
Pari ahora se encuentra detenido acusado de desfalco, apropiación de recursos fiscales y enriquecimiento ilícito, pero solo lamenta haber implicado a su familia, madre, hermano y esposa, señalados por “no haber denunciado” sus actos ilícitos, mientras Cagnola celebró su cumpleaños 27 el lunes dentro del Centro de Orientación Femenina de Obrajes sin lujos ni fiesta.
El escándalo cobró el cargo de la gerente general Marcia Villarroel quien trabajó en la entidad financiera durante diez años. Villarroel fue señalada como esposa de Luis Arce, pero el exministro aclaró que ese vínculo nunca exsistió y citó a Lourdes Durán como su cónyuge, quien también trabaja en el Banco Unión hace 14 años y es subgerente de créditos para MyPES.
En reemplazo de Villarroel, el lunes 23 de octubre, fue posesionado por el presidente del Directorio de Banco Unión el economista Rolando Marín Ibañez, quien fue Vicepresidente del Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) y anteriormente director secretario del Banco de Desarrollo Productivo – SAM.
La última Directiva que tuvo el control ejecutivo del banco anunció este viernes 27 de octubre su renuncia a ser efectiva en diciembre, luego del escándalo provocado por el desfalco de Pari.
La Directiva saliente está compuesta por Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert como presidente; Oscar Rolando Claros Bustillo como primer vicepresidente; Felima Gabriela Mendoza Gumiel como segunda vicepresidenta; Carlos Alfredo Torrez Bravo y Eduardo Pardo como directores y Javier Fernández como síndico.
Como se aprecia, los antecedentes del Banco Unión parecen repetirse en el tiempo con diferentes actores, aunque son las autoridades de turno las llamadas a esclarecer todas las dudas y consolidar la institucionalización de la entidad financiera estatal, hoy salpicada desde una celda de Chonchocoro.
//@VisorBolivia/ Fotos: Archivos TV/ Banco Unión / Diario Opinión/ Captura BBV//
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