Crisis de supervivencia y sindicalismo agrava situación de las trabajadoras sexuales

El comercio sexual de la zona 12 de Octubre se cerró y trasladó a los alojamientos de esa urbe / MEDRANO

SOCIEDAD | 23 Ago 2020

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La crisis económica por efectos de la pandemia del Covid-19 ha golpeado a toda la sociedad, incluyendo al sector de las trabajadoras sexuales, que en el caos de La Paz, además enfrentan un problema gremial, que las expone al escarnio público y la persecución estatal.

Desde marzo, con la declaración de cuarentena y estado de emergencia sanitaria en todo el país, la actividad de la prostitución cerró sus puertas y miles de mujeres quedaron sin una fuente de ingresos.

La pasada semana, el sector se declaró en “estado de emergencia” por los constantes operativos que en la ciudad de El Alto, restringió y penalizó a mujeres que decidieron usar los alojamientos como nuevos espacios de trabajo, pues los locales nocturnos no abren sus puertas hace cinco meses.

“En las casas (de citas) nosotras pagamos un porcentaje por el uso de los cuartos, eso depende cuántas piezas (relaciones sexuales) hagamos cada noche. Es más seguro porque antes teníamos que salir a las calles, a las esquinas, y muchas veces nos atacaban o asaltaban”, relata “Cielo”, nombre convencional.

De esas casas de citas, como las ubicadas en la zona 12 de Octubre de El Alto, las damas de compañía tuvieron que aguantar estos meses sin generar ingresos por el cierre obligado por la pandemia. Mujeres como “Cielo” tuvieron que optar por los anuncios en las redes sociales y el WhatsApp para contactar “clientes” y con ello acudir a los alojamientos de la Ceja y Villa Dolores para trabajar.

“Ahora tenemos que usar el Facebook, en Barrio Chino y otras páginas ponemos el aviso y los hombres nos llaman o escriben, quedamos en vernos en el alojamiento y ellos tiene que pagar la habitación. Nosotras tenemos todas las medidas de bioseguridad al momento de ingresar”, asegura la entrevistada, que muestra su cartera con varias botellas de alcohol en gel, pañuelos desechables y unos guantes usados.

“Angy”, otra dama de compañía que prefiere el anonimato, afirma que ahora la situación es insostenible y peor con los controles policiales y de la Alcaldía de El Alto que las desaloja y las persigue en todas las zonas de esa urbe.

“Yo decía en mi casa que trabajaba de empleada en una casa, pero ahora es como si me hubiera quedado sin ese trabajo. Tengo que decir que estoy saliendo a vender Yanbal para ir a trabajar al alojamiento. Pero tampoco nos dejan generar ingresos, es mucha persecución y abuso policial”, reclama.

Durante la última semana se realizaron al menos tres operativos de la Policía y la Alcaldía en El Alto, para evitar que el comercio sexual se siga desarrollando en los alojamientos.

20 alojamientos de la Ceja y Villa Dolores fueron intervenidos y clausurados en la semana, incluyendo el decomiso de sus muebles. La acción conjunta fue desarrollada por el Viceministerio de Gobierno, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

“Encontramos alojamientos sin documentación que acredite su legal funcionamiento, se ha encontrado personas indocumentadas, carencia de registro de ingreso y salida, falta de medidas de bioseguridad para los usuarios, además de extranjeros indocumentados, sustancias controladas y en una habitación a un par de jóvenes con más de seis cédulas de identidad”, declaró a la AMI, el secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, capitán Dorian Ulloa.

Alcaldía decomisó mobiliario y clausuró 20 alojamientos en El Alto / AMI

A su turno, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, explicó a la televisora estatal BTV, que si bien la actividad sexual no está penalizada, en el actual contexto se infringía la normativa de prevención del Covid-19, además que tampoco era el horario permitido para este trabajo. Finalmente, el funcionario dijo que se trata de precautelar la salud de la ciudadanía y que estos operativos continuarán en todo el país. Efectivos policiales añadieron que no se descarta tipificar el tema como delitos contra la salud pública.

“Angy” reitera que la pandemia las está dejando sin recursos y ahorros, y que muchas de las trabajadoras sexuales deben mantener a sus hijos pues son madres solteras, divorciadas o simplemente quedaron abandonadas de responsabilidad por sus parejas.

“Yo antes podía cubrir el gasto del mercado, mi alquiler y darles algo a mis dos hijos, pero ahora ya debo dos meses y la dueña no sabe que trabajo en la 12 (de octubre), me dice que si pasan los tres meses me va a desalojar, por eso salí (a los alojamientos), pero apenas trabajé dos días y los de la Alcaldía vinieron a clausurarlo”, relata.

En tanto, la crisis gremial también comienza a generar noticia en un sector que quiere salir de la clandestinidad pese a los prejuicios de la sociedad.

La cara y representante la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB), Lily Cortez, ya pidió en julio que esa actividad se apruebe e incluso mostró las “novedosas prendas de bioseguridad”, como tituló la prensa internacional, para la atención a los “clientes”.

“No nos pueden coartar el derecho a trabajar (…). Estamos implementando todas las medidas de bioseguridad, desde tomar la temperatura a los clientes, la limpieza de las habitaciones y estos trajes que son las batas sensuales y que evitan el contacto directo”, declaró a medios como AP.

Lily Cortez dirige a ese gremio hace 17 años, hoy le piden que se retire y rinda cuentas de su gestión / CAPTURA PANTALLA ANTENA 3

Sin embargo, Cortez ya es cuestionada y denunciada por las trabajadoras sexuales de El Alto.

Una reunión del viernes determinó desconocer a la “dirigente” y con ello se exigió que se convoque a una “asamblea general” que designe a una nueva representante. Cortez lleva 17 años en ese cargo, denunciaron.

Según las damas de compañía alteñas, Cortez, de 54 años, también maneja “mucho dinero” de los aportes que hacen las afiliadas a la OTNB, que deberían invertirse en víveres y bonos para las mujeres, pero aquello “hasta ahora nunca hemos visto”, expresaron.

Tan solo en la llamada "zona roja" de la urbe alteña se estima que trabajan unas 3 mil trabajadoras sexuales, incluyendo a transexuales, travestis y gays. En todo el país se calcula 70 mil personas dedicadas al "oficio más antiguo del mundo".

Las damas de compañía pidieron que esta semana se instale un espacio para “entablar una mesa de diálogo” con funcionarios del Servicio departamental de Salud (Sedes), la Alcaldía de El Alto, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno.

“Que las autoridades nos den un espacio para entablar el diálogo. La Policía y la Intendencia las persiguen a nuestras compañeras, no toman en cuenta que son madres de familia que deben llevar la comida a sus casas. Queremos que nos escuchen y nos dejen trabajar”, señaló una entrevistada en red Uno.

En el aspecto laboral, un informe de la Defensoría del Pueblo de 2017, delegaba esa responsabilidad al Ministerio de Trabajo, instancia a la que recomendaba: “Garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo sexual, realizando las inspecciones a través de la Dirección de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, de conformidad al Artículo 25 de la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (existencia de botiquines de primeros auxilios, extinguidores, salidas de emergencias y otros) en los establecimientos en los que se ejerce trabajo sexual”.

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