Legisladores y concejales del MAS afrontan denuncias de violencia contra la mujer

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SOCIEDAD | 25 Ago 2020

El común denominador, la protección de diferentes órganos del Estado a representantes del MAS

ANF.- En medio de la polémica por denuncias de presunto estupro que salpican a Evo Morales, jefe de campaña del MAS, resurgen los casos de los exdiputados Justino Leaño, Jacinto Vega, Eugenio Quispe y del excónsul Ariel Iriarte, los tres primeros sentenciados por violación a menores de edad, y el último con proceso en curso. No se conoce de manera oficial que hayan sido expulsados por la dirigencia del MAS, por el contrario, recibieron protección de sus compañeros de partido.

Estos casos tuvieron un común denominador, la protección de diferentes órganos del Estado a autoridades del MAS. Las víctimas tuvieron que peregrinar durante varios años para lograr la sentencia de los agresores sexuales. A estos casos también se suman las denuncias de violencia contra la mujer que involucra a legisladores, concejales y alcaldes afines al partido de Evo Morales. En estos casos de violencia, ninguno de los acusados fue sancionado.

El caso más llamativo es del exdiputado Justino Leaño, acusado de violar a su hija menor de 8 años. La denuncia por ese delito fue presentada ante el Ministerio Público de Potosí el 16 de agosto de 2012. Durante el proceso de investigación, la menor de edad, en una entrevista con la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tupiza, informó que fue abusada sexualmente desde sus 8 años.

Pero fue en enero de 2013, cuando aprehendieron a Leaño, pero al ser legislador se benefició con detención domiciliaria, amparado en el artículo 152 de la Constitución Política del Estado. Siete meses después, en agosto, fue condenado a 23 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual cometidos contra su hija. Sin embargo, Leaño había fugado del país.

Interpol emitió Sello Rojo para la captura de Leaño, pero nunca se ejecutó. El diputado Amílcar Barral de la bancada de Unidad Demócrata, afirmó que “ahora Leaño vive en Mendoza, Argentina, y dicha solicitud de captura internacional desapareció por obra y gracia de sus compañeros del MAS”.

El segundo caso es del diputado del MAS, Jacinto Vega, quien fue denunciado en Villamontes, el 7 de diciembre de 2012, por violación. El entonces fiscal Miguel Ángel Exeni acusó formalmente a Vega de abusar sexualmente a una niña. Pero el caso se destapó recién en abril de 2015, tras la detención del presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija, Abraham Espinoza, por presunta extorsión.

El abogado Juan Carlos Escalante informó que el entonces diputado Vega citó a Espinoza a un restaurante de la avenida Illimani y le ofreció mil bolivianos supuestamente para viáticos, pero fue rechazado. El legislador insistió y ante la rotunda negativa dejó el dinero sobre la mesa y de repente apareció la Policía y aprehendió a Espinoza. Luego de ese hecho se reveló que sobre Vega pesaba una imputación por el delito de violación.

Fue recién en 2018 que el Tribunal de Sentencia Único de Villa Montes dictó sentencia condenatoria de 20 años de privación de libertad para el suspendido diputado guaraní del MAS, por la comisión del delito de violación a una menor de nueve años. Actualmente, Vega cumple su condena, desde el 17 de enero del 2018, en el Recinto Penitenciario de Villa Montes.

Un tercer caso data de 2018, cuando Eugenio Quispe Melgarejo, diputado del MAS, fue acusado y sentenciado por violar a su sobrina de 14 años en dos oportunidades; a pesar de que los suplentes no pueden tener licencia, sus compañeros del MAS le dieron ese beneficio. En su defensa, el legislador indicó que la muchacha no es su familiar y que la denuncia es parte de un complot para dañarlo.

Actualmente, Choque se encuentra con detención preventiva en el Recinto Penitenciario de San Sebastián varones, desde el 3 de marzo del 2018, por el delito de violación con agravante.

Un cuarto hecho de violación a un menor que salpica al MAS se registró en octubre de 2019. Es el caso de Ariel Iriarte, exprefecto de Chuquisaca (2007- 2008) y cónsul en Argentina, acusado de abuso sexual perpetrado contra un niño de dos años.

En medio del clamor de la madre del niño por justicia, el 20 de agosto el Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal de Chuquisaca, presidido por Alex Rengel, resolvió cesar la detención preventiva y otorgar a Iriarte detención domiciliaria con escolta policial.

Esta determinación causó zozobra en la madre del niño, quien afirmó que se siente desamparada y teme que Iriarte huya del país o atente contra su integridad o la de su hijo. “Mi persona se ve desconcertada con las leyes. No entiendo por qué las autoridades no velan por los menores de edad, por las mujeres que somos un sector vulnerable y dan preferencia a agresores y violadores", reclamó entre lágrimas.

Autoridades del MAS con denuncias de violencia

En el MAS también se registran al menos seis casos de senadores, asambleístas departamentales y concejales con denuncias de violencia intrafamiliar. En ninguno de los casos existe sentencia contra los responsables. En el MAS se calificaron estos hechos como de índole “personal y privado”.

El 14 de septiembre de 2013, Fabiola Sandoval denunció al senador del MAS, Adolfo Mendoza, de agresión física y verbal, en total estado etílico, ocasionándole daños a su integridad. Ante ello, el extinto Eugenio Rojas, jefe de bancada de ese partido, dijo que estos hechos son de orden “privado”.

Un año después, el 3 noviembre de 2014, fue denunciado el diputado Wilfredo Calani. La denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), da cuenta que el parlamentario, en estado de ebriedad, golpeó a su esposa de 29 años de edad, como prueba la víctima presentó un certificado médico forense que señala tres días de impedimento por la agresión que había recibido.

Ese caso quedó en el archivo. En la FELCV quedó el certificado médico policial forense y la denuncia en la Fiscalía. Entonces Calani presidía el Comité del Ministerio Público de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que dirigió un proceso contra tres miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En 2015 se registró el caso de violencia contra la mujer donde se vio involucrado el asambleísta departamental de La Paz, Marín Sandoval. El 24 de diciembre, la jueza Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia, Cinthia Delgadillo, dictó la detención preventiva de Sandoval en la Cárcel de San Pedro de La Paz. Dos meses después, febrero de 2016, el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal de La Paz determinó la libertad.

En junio de 2017, el concejal de Punata, Ariel Guzmán, fue aprehendido por la Policía, cuando fue sorprendido en flagrancia golpeando a su esposa, según un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). El caso no avanzó.

En octubre de 2018, Cris Karen D.Z., con fotografías en mano, denunció al diputado Henry Cabrera de violencia física y psicológica. “Muchas veces me agredía sólo por celos. El señor es una persona celosa y manipuladora”, dijo la denunciante, quien aseguró que mantuvo una relación con Cabrera por más de tres años. El legislador negó el hecho.

Ese mismo año, la concejala Mary Carmen de la Cruz Mamani denunció que el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja Huanca (MAS), en estado de ebriedad, la agredió propinándole un golpe en su rostro. “Yo me caí al piso. Él quiso aprovechar aquello para agredirme nuevamente, pero lo agarraron y se escapó”, relató Cruz. El caso tampoco tuvo avances.   

//FUENTE: ANF//