Escribe: Mónica Olmos Campos

“LA INSTITUCIONALIDAD QUE TENEMOS”

OPINIÓN | 30 Nov 2017

MÓNICA OLMOS / 30 NOVIEMBRE.- Era domingo por la noche, mi marido se puso violento, me dio miedo por mis hijos y por mí. Llamé al 110, nadie contestó; al 911, nadie contestó; a la Defensoría, nadie contestó; llamé a la EPI Norte y me contestó una policía que no entendía mi problema, me decía que yo ya conocía el procedimiento cuando lo único que quería era que acudan en mi ayuda.

Después de hacerle entender que corría peligro y de darle la dirección de mi domicilio, la oficial me dijo que no podían ayudarme porque se trataba de una urbanización privada a donde no podían ingresar, que mejor saliera del recinto en 10 minutos. No creía lo que me estaba ocurriendo. Tuve que salir y esperar en la portería a que llegara la patrulla. Una vez en la EPI me despacharon porque no presentaba ninguna evidencia de violencia; el policía varón me dijo que no tenía nada, que me tranquilizara y que me fuera nomás a mi casa y que si quería mañana volviera para que me deriven al médico forense; el mechón de cabellos que tenía en la mano y el relato del maltrato psicológico que había ejercido mi esposo no eran suficientes.

Luego de sentar la denuncia por violencia doméstica me fui. Al día siguiente, el médico forense me dijo que no podía hacer nada porque no presentaba ninguna señal de violencia. Me sentí una tonta, nadie me hizo caso. Creo que querían ver a una mujer golpeada, ensangrentada, moreteada… o muerta.

Este es el relato de una mujer que cansada de la violencia machista del marido, decidió denunciarlo muy a pesar de que sus hijos le imploraron que no lo hiciera, y que sus suegros y sus cuñadas la sentenciaran por ello.

Fue difícil conseguir ayuda primero porque tenía a la familia en contra; segundo, porque llamó a tres instituciones y ninguna atendió el teléfono; tercero, porque la patrulla de la EPI no podía ingresar a una urbanización privada; cuarto, porque no presentaba señales graves de maltrato físico; y finalmente, porque los oficiales subestimaron su situación por su condición económica: La víctima vive en un barrio de familias pudientes, de gente que nunca denuncia por el qué dirán, de gente que por “tener plata no sufre maltrato de género”. Nadie le creyó y la devolvieron a su “palacio” como diciéndole “no se queje señora que Usted no está mal y además tiene plata…no joda y tranquilícese, vuelva nomás con el violento de su marido y aguante, ¿ya?”.

Queda claro que en este país hay que evitar que el esposo se “enoje” en domingo porque nadie contestará el teléfono; que no puedes vivir en una urbanización privada porque no ingresarán a tu casa; que no te creen si no estás con costillas rotas o agonizando; y que si tienes dinero no eres candidata a pedir ayuda. Más bien, date con piedra en el pecho por vivir donde vives y si te duele mucho, aguanta al lunes y reza para que alguien te ayuda.

Con razón se pegan, se violan y se matan mujeres todos los días en Bolivia: La institucionalidad llamada a evitar este problema es absolutamente ineficiente, insensible, ignorante, incapaz, en definitiva, inservible.

/*Mónica Patricia Olmos Campos es Comunicadora Social y Doctora en Ciencias de la Educación/

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