LEGISLATIVO DESECHA ANTEPROYECTO DE “INFORMACIÓN RESPONSABLE” DE CUATRO OFICIALISTAS

Montaño y su par del Senado desecharon respaldar anteproyecto de cuatro oficialistas

POLÍTICA | 5 Dic 2017

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores confirmaron este martes que el anteproyecto de Ley de Información Responsable elaborado unilateralmente por cuatro oficialistas, fue desechado y no será considerado en el Legislativo. Los gremios del periodismo esperan que no existan mayores intentos de otra “ley mordaza”.

El polémico anteproyecto elaborado por los diputados del MAS Manuel Mamani, Nora Fernández, Leoncio Quispe y Lucio Gómez no fue elaborado en la bancada oficialista ni consensuado con el Ejecutivo, coincidieron en señalar Gabriela Montaño y Alberto Gonzáles.

“Hoy se ha discutido en la Bancada del MAS este tema y se ha decidido que el proyecto de ley sea retirado de manera definitiva hoy mismo, por lo tanto no seguirá el curso que siguen los proyectos de ley, es decir, no será tratado ni siquiera en comisión”, explicó la titular de la Cámara Baja.

El documento fue remitido por los cuatro legisladores a su presidencia el pasado 23 de noviembre y debía pasar a conocimiento de la Comisión de Constitución de Diputados, pero aquello ni siquiera será parte de la correspondencia diaria.

El presidente del Senado, consultado por Erbol, dijo que no habrá ninguna mordaza a los medios de comunicación por parte de este gobierno y que se garantiza la libre expresión y libre información a periodistas y ciudadanos.

“Entonces transmitir una palabra de tranquilidad a los colegas en particular, a los dueños de los medios de comunicación y toda la gente que está vinculada al ámbito del periodismo y la comunicación social; no hay por qué preocuparse”, declaró.

Los gremios del periodismo nacional habían declarado estado de alerta frente a la sola posibilidad de penalizar la difusión de contenidos o generar autocensura, como establecía el proyecto de los cuatro diputados del MAS.

El artículo 9 de esa ley corta pretendía abrir la sanción penal por encima de la Ley de Imprenta y los mecanismos de autorregulación que están vigentes para periodistas, comunicadores y medios informativos en general.

“Serán sujetos de responsabilidad en la vía que corresponda (penal, civil, administrativa) todas aquellas máximas autoridades ejecutivas de los medios de comunicación público o privado que emitan información que de manera indebida dañen la dignidad, prestigio y credibilidad de una persona”.

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