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Martes, 26 de Enero de 2021

MAS sella estrategia internacional para imponer su versión de “golpe”

POLÍTICA | 29 Nov 2020

Abogado norteamericano Thomas Becker, dijo que Áñez podría ser objeto de un juicio internacional por “delitos de lesa humanidad” 

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al trópico de Cochabamba, para escuchar las versiones unilaterales de los habitantes de Sacaba, sobre los hechos luctuosos de noviembre de 2019; paralelamente, se detuvo a un general de Ejército y activistas que trabajaron con el MAS ya anticipan “negligencia” y “delitos de lesa humanidad” para condenar el “golpe” a Evo Morales.

Desde distintos frentes, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus aliados corporativos como las organizaciones sociales, han activado una estrategia internacional para hacer creer a la comunidad mundial que Morales fue “derrocado” por un “golpe de Estado” en 2019 y con ello dejar de lado el fraude electoral que obligó al entonces candidato y presidente a renunciar luego de 14 años en el poder.

La CIDH y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llegó al país para, en teoría, escuchar todas las versiones de los hechos acontecidos entre septiembre y diciembre del año pasado, que incluye la tensión pre electoral, la elección fraudulenta del 20 de octubre, los 21 días de resistencia cívica, la renuncia de Morales, su segundo y los presidentes de ambas cámaras legislativas, la asunción de Jeanine Áñez, la convulsión provocada en Senkata y Sacaba, y la etapa de pacificación que terminó con los acuerdos entre la entonces mandataria y el Legislativo del MAS en diciembre.

Empero, el GIEI comenzó mal su labor al hacer comparecer en audiencia a ambos sectores de víctimas, tanto los pro masistas como los pro resistencia, como sucedió en la audiencia en la que la presentadora de medios Casimira Lema fue interrumpida y violentada en su derecho a la libre expresión, cuando intentaba narrar los hechos que derivaron en la quema de su casa, en la zona de Chasquipampa el pasado 10 de noviembre de 2019, la noche de la renuncia de Morales.

Este sábado, el grupo de expertos llegó al trópico cochabambino, zona Lauca Ñ, para levantar testimonio de los sectores afines al MAS, que forman parte de las “víctimas de Sacaba”, quienes, según reporte de la radio cocalera Kausachum Coca, recibieron a los cinco expertos con guirnaldas y coca.

Entre las versiones de los familiares y heridos de Sacaba, está aquella de haber marchado el pasado 18 de noviembre de 2019 “de forma pacífica y sin portar armas”, cuando las imágenes de esos días muestran a una fila de cocaleros y colonizadores con fusiles y otras armas en mano.

La teoría de la victimización de parte de los sectores del MAS se apoya en que tanto en Senkata como en Sacaba, estos grupos “autoconvocados” salieron a manifestarse de forma “pacífica en defensa de la democracia, la bandera wiphala y contra el golpe de Estado” del gobierno de Jeanine Áñez, que había asumido la Presidencia el 12 de noviembre.

En ese contexto, el medio pro gubernamental La Razón, entrevistó esta jornada al exsecretario de la CIDH, Paulo Abrao, quien dio a entender que el gobierno de Áñez fue negligente, porque “fue poniendo trabas y posponiendo la instalación del GIEI, originalmente prevista para febrero hasta después de las elecciones, para que el último día renunciara oficialmente a su instalación”.

En tanto, otro de los activistas internacionales, el abogado norteamericano Thomas Becker, dijo que Áñez podría ser objeto de un juicio internacional por “delitos de lesa humanidad”, en torno a los muertos de Senkata en la ciudad de El Alto.

Becker es el abogado y activista de izquierda que lleva el caso de “Octubre Negro” de 2003, y en su momento trabajó junto al jurista boliviano Rogelio Mayta, actual canciller del gobierno de Luis Arce. Según el matutino El Alteño, el estadounidense no descartó patrocinar a las “víctimas de Senkata” para activar un juicio internacional contra Áñez.

Los manifestantes de Senkata salieron a marchar las jornadas de noviembre con gritos de “¡ahora sí, guerra civil!”, denunciando que sus símbolos ancestrales habían sido mellados por “los racistas golpistas del oriente”. Un grupo tomó la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para evitar la salida de cisternas y camiones de gas, tal como pasó en 2003.

Un contingente militar se dirigió a esa zona de la ciudad de El Alto y cuando los marchistas comenzaron a atacar a las tanquetas y hacer detonacioens en el muro perimetral de la planta de YPFB, se produjo la represión. Una docena de personas fallecieron ese día con impactos de bala, aunque las Fuerzas Armadas declararon que un usaron armamento letal en ningún caso y los calibres de las balas encontradas eran de otras armas no reglamentarias.

En contraste, para los militares en servicio pasivo, que realizaron una marcha el fin de semana, los procesos contra sus camaradas, como el general Alfredo Cáceres, quien recibió detención domiciliaria y una fianza de Bs 250 mil, es un hecho negativo contra la institución castrense, pues las FFAA “solo cumplen un rol constitucional” y “nunca salen a disparar contra el pueblo”.

En tanto, el flanco político de la expresidenta constitucional se mantiene en silencio y “orfandad”, con procesos penales abiertos por la Fiscalía, también obediente al MAS. Los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, salieron del país, y al menos el primero ya denunció “persecución política” de parte de la administración de Arce.

En tanto, Áñez, desde su residencia en Trinidad, Beni, denunció ser objeto de acoso y seguimiento por gente ligada al actual régimen. Pidió a la CIDH y al Gobierno que se realicen las investigaciones correspondientes sobre los hechos de 2019 con objetividad e imparcialidad, mientras el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en un tono amenazante, le respondió que tiene garantizados todos los derechos para llevar el debido proceso en su contra.

//@VisorBolivia// 

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