ALCALDÍA APLICARÁ LEY 233 RATIFICADA COMO CONSTITUCIONAL CONTRA LOTEADORES

Sentencia 082/2017 aprobó la constitucionalidad de la Ley 233 de Fiscalización Técnica y Territorial

GESTIÓN | 11 Dic 2017

VISOR BOLIVIA / MONITOR.- La Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial está vigente y cuenta con todo el respaldo técnico y legal para ser aplicada en contra de loteadores y avasalladores que pretendan adueñarse de terrenos de propiedad municipal, pero también en contra de empresas constructoras que realicen edificaciones violando las normativas establecidas para esa labor, señalaron el Alcalde Luis Revilla de La Paz y otras autoridades de esa municipalidad.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró el viernes con la sentencia 082/2017, la constitucionalidad de la Ley 233 de Fiscalización Técnica y Territorial, pronunciándose así sobre un recurso de inconstitucionalidad que presentó contra dicha ley el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) ante el Órgano Judicial, luego que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) promulgara el 6 de abril dicha norma.

El objetivo de esta ley municipal es efectuar un procedimiento “ágil y rápido” contra loteadores, avasalladores y quienes infrinjan las normas de construcción de viviendas y edificios a fin de que las instancias ediles puedan actuar con mayor efectividad en vulneraciones a las disposiciones municipales, explicó el Alcalde.

“El que tengamos procedimientos ágiles y rápidos para poder llevar adelante las tareas de fiscalización y no tener, como ocurría en el pasado, procesos de fiscalización que duran años, meses y que hasta que concluyen, por supuesto, las infracciones terminan de consolidarse y se nos hace mucho más difícil intentar intervenir”, refirió la autoridad edil.

Sobre las sanciones que contempla la normativa y sus reglamentos, explicó que son “realistas, pero también efectivas” en comparación a disposiciones anteriores “obsoletas” que datan desde 2004 cuya multas “irrisorias” que ascendían en algunos casos a aproximadamente a 100 bolivianos, lo que posibilitaba consolidar la infracción municipal.

“Los loteadores, los avasalladores son quienes se han opuesto a la aprobación de la ley”, complementó en declaración a las Cosas Claras el secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo, Marcelo Arroyo. Esa autoridad lamentó que pese a haber sido aprobada la norma citada el 6 de abril pasado, es decir, hace ocho meses, debido a que se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley municipal, y por ello la institución edil no pudo sancionar en todo ese tiempo a quienes invadieron propiedad municipal, vulneraron normativa, lotearon o especularon con la propiedad del suelo y negociaron con ella.

Arroyo informó que el fallo del TCP surge cuando se está concluyendo la segunda reglamentación de la Ley 233, relacionada a gran des empresas constructoras que transgreden la norma “y se hacen utilidades de manera incorrecta a los loteadores y avasalladores que especulan con el suelo, se les sancionará como corresponda”.

En los venideros días esa reglamentación será aprobada. El director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Fernando Velásquez complementó la explicación precisando que la norma 233 y su complementaria, la ley 240, a través de uno de sus reglamentos diferencia entre viviendas de carácter social y familiar de las construidas con fines de lucro y establece que la normativa no se aplica para las viviendas de carácter social que no sobrepasen las cuatro plantas.

La Alcaldía de La Paz recuperó un total de 216.429,78 metros cuadrados de propiedad municipal que se encontraba en manos de loteadores y avasalladores. Según el reporte elaborado por la Dirección de Gobernabilidad del GAMLP los datos corresponden hasta octubre de la gestión 2017, las propiedades ocupadas ilegalmente desde hace 20 años fueron identificadas en 7 de los 9 macrodistritos.

Son tres los macrodistritos donde se han recuperado la mayor cantidad de terrenos municipales, estos son: Sur, San Antonio y Cotahuma.

//FUENTE: GAMLP/ AMN//