LEYES A CAMBIO DE VIDAS

MUJERES QUE LE DIERON A LA VIOLENCIA EL NOMBRE DE DELITO

La vida y merte de Hanalí Huaycho Hannover se convirtió en un símbolo para la lucha contra la violencia a la mujer en Bolivia

ESPECIALES | 13 Dic 2017

VISOR BOLIVIA / Carlos Quisbert / Iván R. Rada.- La palabra “feminicidio” había cumplido los mismos 36 años que la periodista Hanalí Huaycho cuando aquel aciago febrero de 2013 la joven fue asesina frente a su hijo y su madre, pero en Bolivia, aún no existía nombre, definición jurídica o ley para tipificar y sancionar la violencia sistemática con la que era arremetido el cuerpo de una mujer hasta antes de ser victimada.

Eran tales los extremos, que el asesinato de una esposa, hija, empleada, concubina o enamorada, podía no ser considerado un delito, sino, un derecho de propiedad sobre sus cuerpos, sobre su vida.

Esa, fue la realidad con la que se encontraron hace 35 años, tres mujeres que hoy son parte inseparable de la inclaudicable lucha por los derechos de las mujeres bolivianas.

Mary Marca en La Paz, Julieta Montaño en Cochabamba y Miriam Suarez en Santa Cruz, son representantes de otras cientos de luchadoras que silenciosas continúan en esa imperturbable postura, que desde la reinstalación de la democracia en Bolivia en 1982, cuestiona al sistema.

“Las leyes son el resultado de la sistematización de procesos muy dolorosos, son una respuesta a necesidades, desigualdades que se convierten en injusticias, no son el invento de algún legislador o de un gobierno; en ese sentido, una puede afirmar que las leyes tienen un alto costo social para las mujeres, y las demás somos herederas de esas luchas y beneficiarias de esas conquistas”, afirma Miriam Suarez, directora de la Casa de la Mujer en Santa Cruz.

Por duro que suene, Mary Marca, una de las fundadoras del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer - Cidem, recuerda que el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho “fue solo uno más” en medio de los tantos y terribles casos que día a día conocían los colectivos y grupos de activistas.

Fue “uno más”, no por carecer de importancia, sino porque al momento del asesinato, las organizaciones como el Cidem, la Oficina Jurídica de la Mujer en Cochabamba y la Casa de la Mujer en Santa Cruz, junto a representantes a nivel nacional, habían logrado plasmar en un proyecto de ley, elementos para estructurar e identificar patrones de conducta violenta en los casos de asesinato de mujeres, perpetrados en su mayoría a manos de sus parejas.

Así, el caso de la periodista era una reiteración más de la falta de una norma que sancione y prevenga la violencia hacia la mujer en nuestro país.

A partir de 2013 en Bolivia se habla de feminicidio cuando una mujer es victimada en base a nueve circunstancias tipificadas en la Ley 348

UN NÚMERO UNA VIDA

Los periodistas reconocen a Marca como un referente y especialista en temas de violencia de género y entre los grandes logros de su trabajo al frente del Cidem, está el haber inculcado a los comunicadores a nunca perder de vista el verdadero significado de un número al hablar de estos temas: “Hablamos de una vida que se extingue, una familia deshecha, un daño irreparable a la sociedad”.

“MI MAMÁ”

“Quiero decir que la extraño mucho a mi mamá, yo creo que va venir un día y me va a decir: Carlos, aquí estoy”, era el deseo en voz alta del hijo de Hanalí el 2014, cuando pidió a su abuela decir lo que sentía en televisión, un año después de aquel trágico 11 de febrero.

Cerca de las 10 de la noche del lunes 11 de febrero del carnaval de ese año, las 13 cuchilladas provocadas con un diminuto cuchillo de cocina, por las que se desangraba la vida de Hanalí, iban a comenzar de inundar los cajones de los escritorios de legisladores, de donde por fin salió a flote el borrador de una ley que había pasado seis años en revisión.

Ante la consternación nacional, las observaciones a todas las instituciones que desoyeron las 14 denuncias previas y pedidos de protección hechas por Hanalí, los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hicieron en 26 días lo que no logaron años de clamor remitidos por colectivos y activistas.

Como quien toma un enorme paño, el 9 de marzo de 2013 el gobierno de Evo Morales, promulgó la “Ley Integral para garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia Nº 348”, y trató de limpiar el charco de errores administrativos y esa larga lista de vidas perdidas que precedieron a la de Hanalí.

Las organizaciones de mujeres apuntalaron su labor desde el retorno de la democracia para visibilizar una realidad que trascendía el nivel doméstico

VIDA Y LEY

La nueva legislación, tipificaría el asesinato de la madre de Carlos, a manos del entonces teniente de Policía y miembro de la desaparecida UTARC, Jorge Clavijo, como el primer feminicidio.

“La Ley (Nº 348) ha estado yendo y viniendo, hasta que sucede el feminicidio tan cruel, ya no asesinato, de la periodista Hanalí Huaycho, eso es lo que logra que se promulgue”, rememora Gloria Tapia, responsable de comunicación del Cidem.

“La Ley siempre estaba en las últimas (instancias de revisión en la Asamblea Legislativa), siempre estaba observada, corregida, otra vez observada, otra vez corregida, tanto tiempo, siete años, y no sé decir si fue una ayuda pero es el asesinato de Hanalí es lo que logra que se promulgue”, cuenta Tapia.

ASFIXIA A CIDEM

Asfixiada entre las políticas implementadas por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) para frenar el trabajo de las ONG, instituciones a las que el Ejecutivo señaló de “conspirar en su contra”, en 2015 el Cidem cerró por falta de presupuesto.

El inicio del trabajo del Cidem se remontaba a los 80, cuando la institución, con apoyo de la cooperación internacional, establece servicios de capacitación y atención a mujeres promoviendo la igualdad de derechos.

Entre los servicios, el Cidem instaló en Ciudad Satélite del municipio de El Alto, consultorios médicos para el acceso gratuito de las mujeres a la salud.

Pero esa acción, reveló otra problemática.

Tapia detalla que establecidos los consultorios, empezaron a identificar casos “especiales”. Llegaban mujeres golpeadas, con lesiones que no podían ser causadas por accidentes, como ellas declaraban en su intento de proteger al agresor, que en la mayoría de los casos era el padre de sus hijos.

Las pacientes eran madres de familias migrantes desplazadas por la “relocalización” que afectó a 25.000 mineros despedidos por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro entre 1985 y 1986.

Uno de los cuadernillos de instrucción publicados por el CIDEM en 1989. El material era entregado en las comunidades para alentar la denuncia pública y judicial de las mujeres

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Mientras los gobiernos de turno continuaban viendo el tema como casos aislados que debían ser resueltos en la “Brigada de la Protección a la Familia”, para las componentes del Cidem éste era un “problema de salud pública”.

En ese sentido, la primera evolución para lograr ayudar a mujeres víctimas de violencia, fue pasar de la atención en salud al asesoramiento legal, pero con la “Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, Ley 1674”, el esfuerzo parecía ser inútil.

Al igual que la Ley 348, para la aprobación de la Ley 1674 debió pasar al menos tres años de revisiones y cálculos políticos hasta que en 1995 es promulgada durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Pero (la Ley 1674) no señalaba como un delito a la violencia, al contrario, la ponía como un tema privado para que se arregle entre dos personas y se den garantías y que no se golpeen, pero las mujeres corrían el riesgo de perder la vida. Esa ley se quedaba chica ante la muerte de tantas mujeres, por eso se busca construir una ley que convierta a la violencia en un delito, que castigue a la persona que ha cometido el delito con la cárcel”, detalla Tapia.

Bajo esa ley, los jueces y abogados de los agresores favorecían a los victimarios procesando el caso como “muerte por emoción violenta”.

“Había tanta saña en cómo las mataban, ya no era ni homicidio ni asesinato, era otro tipo de delito que no tenía nombre, era algo planificado, pues luego de un ciclo de violencia, el agresor cita a la mujer a un lugar baldío para violarla, para matarla, descuartizarla y quemar sus restos y así no quede nada”, rememora Tapia.

Entrecierra los ojos y saca de sus recuerdos la impresión que causaba ver el proceso de la violencia. “Eran casos increíbles que ustedes no pueden creer, de ser atendida por una patada, la próxima vez la mujer venía con heridas porque le habían escrito algo en el cuerpo, le había introducido algo, como sí el agresor marcara su propiedad, de decir este cuerpo me pertenece”.

Uno de los hechos que quedó empantanado, ante la facilidad con la que abogados burlaban la Ley Nº 1674, precisa Tapia, fue el caso de la “niña Patricia Flores”.

Pese a ello, en la medida que el horror de un nuevo asesinato volvía a colocar el tema sobre la mesa, la lucha de las activistas lograba avances y la proliferación de casos también llevaron a mejorar sus técnicas de lucha y cuestionamiento, pasaron a comprometer a autoridades de manera pública, remarcando acuerdos pendientes o incumplimientos de funcionarios.

Pero cada vez que pasaban los actos y la petición ingresaba al ámbito político, era como dejarla en el limbo, afirma Tapia, pues la ley iba de escritorio en escritorito.

Entonces llegó la Asamblea Constituyente y la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado (CPE) a partir de 2006.

Mary Marca recibiendo del primer mandatario el DS 2145 de Reglamentación de la Ley 348 del 15 de octubre 2014

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Sin perder de vista el pasado de las mismas activistas, Julieta Montaño, directora de la Oficina Jurídica de la Mujer en Cochabamba, con 34 años de trabajo, recuerda que la “despatriarcalización” de nuestra sociedad comenzó en casa.

“Ya en democracia, empezamos a observar que la democracia estaba en su apogeo, en el aspecto político, social, la gente podía salir a las calles y protestar por sus derechos, pero lo que no había, era el respeto a los derechos de las mujeres”, afirma Montaño.

“Paradójicamente, incluso los compañeros los compañeros por los que habíamos peleado, por su libertad, por los que incluso junto a sus esposas habíamos hecho huelga de hambre, no reconocían el valor de esas mujeres, y muchas de ellas eran objeto de violencia. Llegamos al convencimiento de que la democracia estaba bien de casa para afuera, pero de la casa para adentro se mantenía intacta una dictadura que siempre había existido, la dictadura machista”, concluye Montaño.

Marca complementa que aunque ahora se hace inverosímil, antes de las reformas, jueces y fiscales se negaban a creer que existieran casos tan crueles.

Dos eran los principales factores para asumir esa postura. Por un lado, el prejuicio machista de autoridades instaladas en esos cargos por años.

El otro factor, era que la Policía no respaldaba las denuncias porque desconocían el contexto y carecían de un protocolo de investigación que ayude a identificar el proceso sistemático de violencia al que la víctima era sometida hasta antes de ser ultimada.

“La Nueva Constitución es el paraguas para esta Ley, porque primero se trabajó por el derecho de las mujeres, y se introducen 33 derechos para las mujeres, uno de los artículos, (el Capítulo segundo, sobre los Derechos Fundamentales y los cinco parágrafos) ya habla de la violencia como un delito, eso nos permite presentar la ley”, detalla Tapia.

Orgullosa, Suarez remarca que la Casa de la Mujer comenzó su trabajo hace 28 años, con el mismo equipo multidisciplinario que exige la actual Ley.

En cifras 2017 cierra con casi 31 mil casos de violencia contra mujeres y varones. Los feminicidios mantienen un alarmante nivel con 94 casos reportados hasta noviembre

Irónicamente, para la familia y los abogados que atendieron el caso, el “feminicidio” que forzó la aprobación de la Ley 348, nunca fue resuelto, pues se niegan en creer que el cuerpo hallado 26 días después, colgado por el cuello cerca de un camino en los Yungas, haya pertenecido al exteniente Clavijo, pues existían indicios señalando que el uniformado que conocía detalles del asalto al Hotel Las Américas donde se ajusticiaron a supuestos terroristas, se encuentra con vida y fuera del país.

//@VisorBolivia//
Esta investigación se realizó en el marco del Fondo Spotligth III de Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsó la Fundación Para el Periodismo (FPP) con el apoyo del European Journalism Centre.