Parlamento Europeo pidió investigar a Neurona y Fiscalía boliviana optó por el sobreseimiento

Miembros de Neurona con militantes y adeptos al MAS reunidos y vestidos con ponchos rojos en una casa particular / RRSS

POLÍTICA | 2 May 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Neurona Consulting, empresa publicitaria española mexicana que es investigada en Europa por presunta legitimación de recursos, fue beneficiada en dos años de gobierno de Evo Morales con Bs 12,4 millones. El Parlamento Europeo pidió que la investigación se agilice, pero la Fiscalía determinó el sobreseimiento de los 23 funcionarios implicados.

El pasado jueves, a tiempo de realizarse la sesión del Parlamento Europeo en el que se debatió el capítulo Bolivia, que encontró una serie de vulneración de derechos humanos y políticos cometidos por el gobierno de Luis Arce, los eurorepresentantes españoles pidieron a la Fiscalía de Bolivia “reabra la investigación sobre la supuesta canalización por parte del Gobierno de Evo Morales de 1,8 millones de dólares de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona”.

Este domingo, un reportaje del matutino Página Siete confirmó que el caso abierto en Bolivia, en noviembre de 2019, sobre el pago de Bs 12.461.704 a esa consultora, con recursos del Estado, para la elaboración de “estrategias de comunicación”, videos y post en redes sociales durante 2017 y 2018, quedó cerrado por disposición de la Fiscalía de La Paz.

La fiscal de materia, Rocío Feraudi, presentó el 15 de abril ante el Juzgado Quinto de Instrucción Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la resolución de sobreseimiento que beneficia a 23 exfuncionarios masistas del entonces ministerio de Comunicación, incluida su titular en esos dos años, Gisela López.

“El transcurso de la investigación y de la etapa preparatoria se han agotado con los mecanismos necesarios para poder establecer en forma cierta y fehaciente la participación de los imputados en los ilícitos descritos. Sin embargo, los elementos acumulados no son suficientes para sustentar de manera indubitable la responsabilidad ni la existencia del hecho tipificado como uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y falsedad ideológica”, cita la resolución, según reporte de Página Siete.

El portal OK Diario de España, explicó que el caso Neurona se investiga en ese país, en juzgados de Madrid, para confirmar si el partido socialista Podemos “firmó con la consultora contratos por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril 2019”. Por lo que se sospecha que fue “un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, por lo que intenta determinar si realmente la empresa hizo ese trabajo para el partido”.

El periodista de ese medio, Alejandro Entrambasaguas, estuvo en el país desde noviembre de 2019 para tratar de indagar los contratos del régimen de Evo Morales con Neurona, una firma que se registró en México para realizar todo tipo de consultorías publicitarias en Bolivia, Ecuador y Uruguay, con el respaldo de sus respectivos gobiernos alineados al socialismo del siglo XXI. De ahí se sospecha una triangulación para favorecer a Podemos con recursos públicos de estos países.

Neurona comenzó a operar en Bolivia en la campaña de reelección contratada por Morales, por lo que no se descarta que se hayan utilizado recursos públicos a favor del candidato masista. De esa incursión, al mando del representante legal de la consultora, César Hernández, es que se comienza a capacitar a los funcionarios públicos y militantes del MAS como “guerreros digitales”, con Iván Canelas, hijo del gobernador de Cochabamba, como jefe de unidad, pese a no cumplir con los requisitos del cargo como la libreta de servicio militar.

El Banco Central de Bolivia (BCB), confirmó en enero de 2020 el desembolso de 1,8 millones de dólares a favor de Neurona Consulting, entre octubre de 2017 a diciembre de 2018, a través del BBVA Bancomer S.A. de México. La transacción fue solicitada por el Ministerio de Comunicación y autorizada por el Ministerio de Economía, entonces a cargo del actual presidente Luis Arce.

Las constantes denuncias llevaron al ministro de Comunicación de 2019, Manuel Caneas, a remitir los ocho contratos de Neurona a la Contraloría General. Su sucesora Roxana Lizárraga, ya en el gobierno constitucional de Jeanine Áñez activó una denuncia formal por daño económico al Estado, pero el caso queda cerrado con la reciente actuación de la fiscal de Materia y el Tribunal de Justicia de La Paz.

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