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Viernes, 19 de Abril de 2024

Mapa de riesgo en Latinoamérica muestra que los sectores más expuestos son la Energía, minería e infraestructura

ECONOMÍA | 9 Ago 2021

Las protestas populares y el activismo social en Bolivia aumentan el riesgo de pérdida de confianza de los inversores internacionales

BEL.- Desde el 2020 el riesgo de huelgas, disturbios y conmoción civil en América Latina es un 50% más elevado que el resto de países según la OCDE.

Los efectos de la pandemia, la contracción de los precios de las materias primas y las fragilidades endémicas que limitan la economía real, han dañado el sustrato social y están impactando gravemente en el potencial de la región.

El nuevo escenario socioeconómico, especialmente a raíz de la pandemia, ha cambiado el mapa de riesgos para las empresas de toda la región. Por ello hoy más que nunca es importante que las empresas identifiquen correctamente sus riesgos, para luego tomar las decisiones más adecuadas para gestionarlos.

Marsh, consultora de riesgos y corretaje de seguro, detectó que hay una enorme brecha entre la percepción que muchas empresas tienen de sus riesgos y su preparación para manejarlos eficazmente. Según el Informe de Resiliencia al Riesgo de Marsh, el 80% de las empresas no está alineando sus procesos de gestión del riesgo y compra de seguros con las estrategias de crecimiento a largo plazo.

Los recientes acontecimientos y movimientos políticos en la región hicieron crecer la preocupación de los mercados reaseguradores de que tales incidentes podrían repetirse en más países latinoamericanos, y empezaron a aplicar condiciones más estrictas para la cobertura de huelgas y protestas. De hecho, las protestas populares y el activismo social en la región (con México, Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Bolivia como los candidatos más probables), aumentan el riesgo de pérdida de confianza de los inversores internacionales.

Nuevos riesgos sumados al escenario político actual

Los efectos de la pandemia, la contracción de los precios de las materias primas y las fragilidades endémicas que limitan la economía real, han dañado el sustrato social y están impactando gravemente en el potencial de la región:

En 2020, cuatro de los seis defaults soberanos del mundo se produjeron en América Latina (Argentina, Belice, Ecuador y Surinam).

La brecha entre las economías latinoamericanas y el resto de los mercados emergentes se amplió teniendo en cuenta los próximos procesos electorales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras, y ante la incertidumbre de las recientes elecciones, se prevé que se expanda aún más en 2021 y 2022.

La contracción del PIB en la región en 2020 ha sido enorme. Si lo visualizáramos como un país, sería el equivalente a la tercera economía más grande de la región, después de Brasil y México. Esto representa una gran pérdida de ingresos fiscales y un daño a la riqueza en toda la región, que afecta especialmente a la población con menos recursos. Con unos índices de riesgo de violencia política ya superiores a la media, América Latina está en el ojo del huracán. Las presiones populares pueden conducir a un aumento del nacionalismo y afectar a los recursos estratégicos.

Dado el entorno político y el malestar social por el limitado acceso a los recursos naturales, el impacto ambiental y la falta de compensación, hay un alto riesgo de daños materiales para los proyectos de minería, petróleo y gas. Para las empresas de estos sectores será fundamental aumentar la sensibilidad y acciones concretas en lo relativo a sus políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Compañías más expuestas al escenario regional

El riesgo es más elevado para sectores como el energético, minero o infraestructuras, pero existen soluciones para paliar el riesgo político, como lo son seguros para Inversiones y/o contratos, seguros para propiedades físicas (actos vandálicos) y soluciones enfocadas en los empleados y la generación de una resiliencia empresarial.

Algunos ejemplos de las coberturas de estas soluciones son:

-Expropiación, confiscación o nacionalización por el gobierno local.
-Cancelación / frustración de contratos, concesiones, licencias o permisos por el gobierno local.
-Desinversión forzosa según las instrucciones del gobierno del país del asegurado.
-Abandono (violencia política o según las instrucciones del gobierno del país del asegurado).
-Daños por violencia política y lucro cesante.
-Inconvertibilidad de moneda local a una moneda fuerte y/o su transferencia fuera del país. 

//FUENTE: BOLIVIA ENERGÍA LIBRE//

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