“¿Cuánto vale 11 años de mi libertad?”, pregunta un acusado por el Estado en dos casos que jamás ocurrieron

Dirk Schmidt muestra uno de los documentos de su proceso / CARLOS QUISBERT

ESPECIALES | 22 Ago 2021

PÁGINA SIETE.- ¿Cuánto valen 11 años de vida procesado por el Estado, acusado por delitos que no cometiste, dos en la cárcel y nueve detenido en tu propia casa? Ésa es la pregunta que el alemán Dirk Schmidt -ex “colaborador de inteligencia” del gobierno de Evo Morales- hizo a la Procuraduría. Hace unos meses, al momento de entregar los documentos para lograr un acuerdo amistoso, un funcionario le dio una respuesta extraoficial: 50.000 dólares.

El alemán fue denunciado en 2010 por el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, por el delito de “alzamiento armado contra la seguridad del Estado y la soberanía”. La madrugada del 8 de julio de ese año, grupos especiales de la Policía irrumpieron en su propiedad en la zona de Turumatú, a 300 kilómetros de Santa Cruz, y lo apresaron frente a su esposa y sus cuatro hijos.

En entrevista con Página Siete, Schmidt cuenta que a los pocos días de ser enviado a la cárcel de Palmasola, Llorenti y los funcionarios que lo acusaron sospecharon que no podrían sostener el caso de supuesto alzamiento armado y optaron por abrir un segundo proceso, en relación con una supuesta extorsión a la comunidad menonita. El caso tuvo como base su supuesto nombramiento ilegal como “asistente personal” del entonces viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico.

Los enrevesados y largos procesos judiciales terminaron con resoluciones de sobreseimiento, en el primer caso y una sentencia de absolución en el segundo, en el que también Torrico estuvo acusado. Sin embargo, el fallo aún no fue ejecutoriado en favor del alemán debido a la retardación de justicia atribuida al juez Sixto Fernández, quien falleció hace unos meses.

El piloto Schmidt llegó a Bolivia hace más de 30 años, encomendado por su gobierno para la desarticulación de grupos delictivos de ciudadanos alemanes dedicados, entre otros delitos, al tráfico de armas. Después se acercó al MAS.

Los memorandos VMRIP - GTL - 001 /2010 del 28 de mayo del 2010 y DGRI-N° 14-14/09 del 12 de noviembre del 2009 confirman que Shmidt trabajó como asesor de seguridad e inteligencia para el Gobierno. “Me enteré que él era informante y me ha seguido informando”, declaró en 2010 Torrico, quien entonces calificó de injustificados los procesos abiertos por Llorenti contra su asistente.

Once años después -dos de los cuales estuvo detenido en Palmasola y el resto en su propio domicilio, impedido de trabajar- Schmidt ahora busca la reparación integral de los daños materiales e inmateriales causados a su “proyecto de vida” y a su familia. Con ese fin, presentó ante la Procuraduría una propuesta para su resarcimiento con un monto estimado, calculado con base en normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.

Schmidt cuenta que necesita una operación de corazón, pero no puede viajar a Estados Unidos, donde hay especialistas para su patología. Se lo impiden la falta de recursos económicos y el temor de no volver y dejar a su familia sumida en una millonaria deuda, producto de la década de “persecución judicial” del gobierno del MAS en su contra.

Por ello, asegura, ha decidido comenzar un proceso de petición de reparación de daños a través del Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en materia de Derechos Humanos (Cesadh), creado en 2015 y dependiente de la Procuraduría.

“No sólo es un derecho de la víctima exigir la reparación integral, sino al mismo tiempo es el deber y una obligación del Estado reparar estos daños”, afirma.

“El momento en que más víctimas vean que existe esta posibilidad de reparación -añade Schmidt- los ciudadanos podrán activar sus casos contra el Estado. Además, los funcionarios públicos involucrados y que no actúen con prontitud pueden incurrir en incumplimiento de deberes y ser señalados como cómplices y encubridores de delitos de lesa humanidad y con ello asumir responsabilidad penal”.

En lo material, para su defensa el alemán tuvo que contratar abogados nacionales e internacionales, dada la gravedad del cargo de alzamiento armado en su contra. Asegura que pagó al menos cinco millones de dólares desde 2010.

También se hizo un cálculo sobre el lucro cesante, figura que se refiere la pérdida económica que una persona sufre al no poder generar sus propios ingresos. Durante su encarcelamiento -asegura el alemán- tuvo que desistir de un proyecto de urbanización que fácilmente pudo generar 10 millones de dólares.

Schmidt quiere sentar jurisprudencia para la reparación de daños personales en Bolivia, perpetrados por funcionarios del Gobierno. En caso de no ser atendido por la Procuraduría, el ex piloto civil y experto en armas apunta a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y tribunales penales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.

Comprende que las opiniones de la Corte IDH no tienen poder coercitivo; pero considera que abren las puertas de los bloques de Estados Unidos y la Unión Europea para lograr la reparación de daños por la violación a los derechos humanos y daños civiles.

En una entrevista informal, un funcionario de la Procuraduría deslizó un comentario que pese a su calidad de “extraoficial” preocupa a su familia: “sólo 50.000 dólares” sería el monto que el actual Gobierno pagaría por la década de persecución judicial del MAS, partido al que el alemán llegó mediante su esposa, Karina Flores.

Dada su buena reputación, por las obras sociales que realizaba en su comunidad, en 2004, Flores fue invitada por los dirigentes del MAS a ser candidata a concejala por la Alcaldía de Porongo.

Como parte del círculo de confianza de dirigentes de ese partido, Flores invitó a su esposo a ser parte del “Instrumento Político” y así se inició la relación del alemán con el Gobierno que lo llevó a la cárcel.

Los archivos de prensa, tanto escrita como televisiva, dan fe de la lucha de toda la familia de Schmidt, en especial la de su esposa, Karina Flores, quien en 2010 se enfrentó a las amenazas de Llorenti y lo desmintió varias veces con la exhibición de documentos del Ministerio de Gobierno. El exministro y actual secretario ejecutivo del ALBA-TCP se negó a referirse al caso cuando fue consultado por este medio.

//FUENTE: PÁGINA SIETE//