Escribe Luis Antezana

Vertiginosa parcelación de la tierra en microfundios

Bolivia opina

OPINIÓN | 12 Sep 2021

El origen de la creación del minifundio se encuentra a partir del momento en que el hombre dejó el nomadismo. Desde entonces ese pequeño terreno, sayaña, etc., generalmente de promedio de dos hectáreas, pasó de la mera ocupación hasta el derecho de propiedad.

En la historia de Bolivia ese proceso fue quebrado varias veces, pero finalmente llegó al mismo punto, o sea siguió siendo minifundio y no varió substancialmente en su superficie, aunque sí en calidad, debido a que fue desarrollado hasta la alta productividad y madurez del suelo.

Al presente, pese a la Reforma agraria de 1953, la parcela minifundiaria es casi la misma, pero está sufriendo una veloz desintegración y ha llegado al nivel de la fragmentación, conocida como surcofundio, donde el cultivo agrícola ya se hace en maceta. Eso se debe a que esa decisión que inicialmente liberó al hombre y la tierra, fue reformada, aunque mantuvo al hombre libre, pero volvió a “encarcelar” a la tierra.

Es de recalcar que la Reforma agraria del MNR no creó el minifundio, sino lo mantuvo. En la actualidad las viejas parcelas de los latifundios y haciendas se mantienen en la misma superficie, pero debido a aspectos constitucionales y legales vigentes desde el año 2009, han ingresado a un proceso de velocísima fragmentación y desintegración, en contra de los tradicionales usos y costumbres a que estaban acostumbrados los indígenas desde siglos atrás.

Actualmente, las antiguas sayañas, pegujales o minifundios que dejó la Reforma agraria, después de su consolidación como tales, se dividen entre todos los herederos del propietario original y, a través del tiempo, esa división ha adquirido velocidad geométrica que conduce a la pulverización de la antigua y productiva parcela, ante la indiferencia de los gobiernos, instituciones, organizaciones “sindicales” de campesinos, “agraristas”, etc.

La legislación agraria vigente en el país es una de las responsables de ese estado de cosas y cuando se hace referencia a la política agraria que origina ese catastrófico problema, las autoridades rehúyen toda aclaración y, demás, reaccionan con golpes de ciego que agravan la cuestión.

Entre otros aspectos, por un lado, aumenta la corriente de acentuar la fragmentación del suelo y evita, por toda clase de medidas, la concentración de la propiedad de la tierra, antigua costumbre indígena, determinando que dejen el medio rural y su trabajo y no quieran retornar a la tierra
Desde la Constitución de 2009, si en una primera parcela de 20 mil metros cuadrados se divide la tierra, sea de comunidad o ex hacienda, se divide entre un promedio de cinco hijos, lo que ocurre es que a cada uno de los descendientes le corresponde un quinto del terreno o sea unos 4.000 metros cuadrados. En seguida, para la segunda generación, los cinco lotes deben dividirse entre nuevos 25 herederos, por lo que la parcela inicial deberá fragmentarse en cinco partes, lo que, en total, viene a producir quince lotes. Y si otra generación también parcela por herencia esos terrenos, el lote inicial de 20 mil metros cuadrados, se habrá convertido en un tablero de terrenitos que no servirán ni para construir una choza.

Entonces la agricultura ya no puede aplicar la tecnología, créditos y, mucho menos, trabajo, determinando caída de producción y creando la necesidad de la importación estatal y privada de alimentos (cuando hay cada vez menos divisas) o bien fomentar el contrabando, mientras se dice que se lo combate.

En seguida, como los terrenos no son uniformes, surgen los conflictos familiares, se expanden, y aparece la violencia intrafamiliar y esto sin contar con una nueva generación de alrededor de 750 nuevos herederos que reciben cien o doscientos metros cuadrados o un solo de mil metros de largo por el que pelean a muerte.

Así, la Pachamama en la zona andina del país se ha convertido en una fuente de empobrecimiento, migración, desempleo, miseria, empobrecimiento del Estado Plurinacional y de toda la población, en particular la indígena, todo ello originado en medidas legales y, lo que es peor, constitucionales desde el año 2009.

//*LUIS ANTEZANA ES ESCRITOR E HISTORIADOR/ TOMADO DE EL DIARIO//

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