Yassir Molina pide a la población no creer las mentiras armadas en su contra

Molina fue beneficiado con libertad irrestricta por una juez, pero luego el TJD de Chuquisaca dictó seis mese de detención el pasado 30 de marzo / ARCHIVOS WEB

SOCIEDAD | 20 Sep 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Mediante un comunicado publicado por la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, joven recluido actualmente en el penal de Cantumarca Potosí, denunció la forma discrecional y tergiversación que se hace de su caso desde su abusiva detención que cumplirá seis meses el próximo jueves 30 de septiembre.

El pasado sábado, Molina fue sorpresivamente trasladado del pabellón 4 de la cárcel San Roque en Sucre, hasta la población de Cantumarca en Potosí, por una resolución administrativa de la Dirección General de Régimen Penitenciario y bajo el argumento de que los propios internos habían pedido su cambio por las “constantes faltas disciplinarias”.

La responsable de Régimen Penitenciario de Chuquisaca, Elizabeth Quispe, explicaba que incluso se recibió un “voto resolutivo” de los internos en el que solicitaba su expulsión, además de haber encontrado “celulares y armas punzo cortantes” en la celda del miembro de la RJC.

Ante esta campaña de desprestigio, Molina logró enviar una nota desde Potosí, para que la RJC difunda su versión de los hechos, en la que aclara su situación y califica su traslado como una acción abusiva y política.

“Jamás busqué alterar el orden en dicho pabellón, me sometí a las normas de conducta al pie de la letra y aporté con mi granito de arena con personas y algunas instituciones, por lo que ruego a la población no creer en las mentiras que manifiestan algunas autoridades”, expuso el joven cochabambino.

Su traslado, según relata, se dio con fuerte custodia policial, que le puso un chaleco antibalas, lo enmanilló y sacó solamente con el pantalón buzo y polera que llevaba puestos para llevarlo hasta Potosí.

Molina lamentó el accionar de un sargento de apellido Romay, quien sería el operador de su traslado, en coordinación con algunos policías de San Roque. Denunció también que tras esa acción abusiva le despojaron de sus pertenencias personales.

“Creyeron hacerme un mal, pero me dieron una nueva familia”, expresó el activista, en agradecimiento a los internos y población de Potosí que le brindaron su apoyo desde ese traslado irregular.

“Gracias Sucre, gracias Potosí, gracias Bolivia; es un honor para mí el estar aquí, pues no me escapé, no me vendí, mis ideales de igualdad, libertad, derecho están intactos. No sólo es Yassir Molina, sino todos los que salimos en contra del fraude y en defensa de nuestro país”, expresó.

Carta pública difundida en las redes de la RJC / RRSS

Recordó que colaboró con la delegatura de San Roque, con trabajos para remodelar la carpintería, la capilla, la sala de audiencias y el consultorio médico, acción que espera repetir en Cantumarca, y para ello pidió la colaboración de las autoridades correspondientes.

Molina aprovechó para mandar un saludo a “su amada llajta” por la reciente efeméride, así como recordar que este 24 de septiembre es el aniversario de Santa Cruz, el Día del Médico, a quienes llamó “ángeles guerreros” y también es el Día del Privado de Libertad.

“Nos están privando de la libertad de expresión, generando persecución, vivimos presos de un gobierno”, citó y concluyó con un mensaje: “¡Fuerza, todo va a mejorar, Dios es grande!”.

El líder de la RJC fue aprehendido el 13 de marzo y llevado a Sucre para audiencia, en la que la juez Ximena Mendizábal determinó libertad irrestricta. Sin embargo, por acción coordinada entre el Gobierno central y la Fiscalía General, la apelación a esa determinación llegó al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que dictó seis meses de detención preventiva en San Roque, desde el 30 de marzo.

Molina junto a otros jóvenes de la RJC como Milena Soto, los hermanos Mario “Tonchy” y Fabio Bascopé, junto a Jaime Maldonado se encuentran detenidos bajo acusaciones de supuesto “deterioro de los bienes del Estado, organización criminal y tenencia ilegal de armas”, por las protestas sociales de octubre de 2020 en la sede de la Fiscalía General en Sucre, cuando se pedía la renuncia de Juan Lanchipa como cabeza del Ministerio Público.

Otras acusaciones activas desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), secundadas por las anteriores administraciones de la Gobernación y Alcaldía de Cochabamba apuntan otras ocho supuestas figuras penales contra los jóvenes cochabambinos que salieron a defender la ciudad de un inminente ataque de los grupos de choque y cocaleros del MAS en 2019.

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