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Lunes, 6 de Diciembre de 2021

Injerencia de la izquierda norteamericana pretende incriminar a jóvenes bolivianos

ESPECIALES | 20 Oct 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Una es representante diplomática de la administración de Joe Biden, la otra es jefa de una Organización No Gubernamental (ONG) que es el nexo internacional de Evo Morales con las cúpulas mundiales que promueven el multilateralismo. Hoy, ambas apuntan contra los jóvenes que resistieron la arremetida y violencia masista en 2019.

El lunes, la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, del Partido Demócrata, envió una nota al viceministro de Seguridad Ciudadana, Nelson Cox, conocido persecutor de la oposición nacional, para pedirle que “desmantele” a los grupos “paraestatales” que según ella, “aún amenazan” a ciudadanos norteamericanos.

“Ha llegado a mi conocimiento que la señora Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, ha estado recibiendo amenazas a su seguridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales violentos. Otras personas estadounidenses también han sido amenazadas por su trabajo en derechos humanos”, señala la nota de la diplomática.

Entre esas “otras personas” que supuestamente son amenazadas por la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, es el abogado Thomas Becker, quien se hizo famoso por apoyar la demanda civil de las denominadas víctimas de octubre negro de 2003, en su causa contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, radicado en EEUU desde ese año.

Phillips aludió a Ledebur, la jefa de la ONG Andean Information Network que administra la Red Andina de Información y la radio cocalera del Chapare Kausachum Coca con su versión en inglés Kausachum News. La organización, además, es parte del conglomerado de Open Society del magnate y especulador George Soros.

Ledebur llegó a Bolivia en los años 90s y desde entonces impulsó la agenda de despenalización de la “hoja sagrada” y se asentó bajo el paraguas de los derechos humanos en el trópico de Cochabamba, donde conoció a Evo Morales y luego la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el exministro Ramón Quintana y su pareja Loreta Tellería, con quien coordina cada acción interna en Bolivia.

El pedido de “desmantelar” a la RJC, por parte de la diplomática Demócrata, se enmarca en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Sin embargo, el exembajador de Bolivia ente la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, ya había advertido que esa “sugerencia” respondía a interese políticos ideológicos.

“El GIEI -CIDH no sólo incumple el acuerdo suscrito con el gobierno anterior, sino que demuestra su falta de independencia e imparcialidad al incluir inconsulta y arbitrariamente en su investigación a la activista norteamericana de Evo Morales y del Chapare, Katherine Ledebur del Andean Information NETWORK”, citó.

Ledebur acompañó a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cada sesión que el grupo tuvo en el trópico cochabambino para investigar la llamada “masacre de Sacaba”, donde no se tomó en cuenta las versiones de las otras partes, es decir, los militares y policías que fueron parte del operativo del 14 noviembre de 2019 y menos a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala.

La operadora de la ONG de Soros, también fue parte de las audiencias instaladas contra los jóvenes de la RJC, en calidad de “veedora de derechos humanos”, pese a que había otras instancias avaladas desde Naciones Unidas para hacer ese seguimiento.

La activista de la RJC, Milena Soto, recordó que Ledebur estuvo 14 horas en línea, en las dos audiencias virtuales efectuadas en Cochabamba como representante de una “víctima” de las supuestas “agresiones” de los jóvenes cochabambinos.

Con el pedido de Charisse Phillips, a denuncia de Kathryn Ledebur, Soto ve que solamente se quiere montar otros casos de “amenazas y terrorismo” para mantener encarcelados a los líderes de la RJC en detención preventiva, tal el caso de Yassir Molina, Tonchy Bascopé o su caso, que está cumpliendo arresto domiciliario.

No es causal, dijo Soto, que la carta sea dirigida a Cox, quien es considerado como “enemigo de Cochabamba”, porque desde que era representante del defensor del Pueblo en el valle, se dedicó a descalificar al movimiento ciudadano de resistencia que surgió a partir del fraude electoral de 2019.

“Si la señora tiene una amenaza tendrá que demostrarlo, porque en ningún momento yo voy a tener esa ligereza y yo no parto de la amenaza (…) son ellos quienes me amenazaron y tengo como probarlo, no solamente a mí sino a mi familia y a mi hijo, me enviaron videos de mujeres descuartizadas de México diciendo que eso me iba a pasar”, completó la activista cochabambina.

La RJC se agrupó en 2019 para hacer resistencia a las amenazas de los grupos masista de ingresar a la capital de Cercado y hacer la toma de la ciudad.

Juan José Mamani fue una de las víctimas fatales de la violencia masista, cuando fue linchado en la zona sur cuando iba a buscar repuestos para su moto el 13 de noviembre de 2019, cuando la RJC ya había determinado replegarse. Al día siguiente, los grupos de cocaleros se dirigieron al puente de Sacaba para intentar entrar a la ciudad, pero fueron reprimidos por policías y militares. Hubo intercambio de disparos que la propia prensa reportó e incluso se ayudó a uniformados heridos a salir de la zona, pero aquello no fue tomado en cuenta por el GIEI en su trabajo de campo desarrollado en Tiquipaya en una sede del MAS, donde también reside Ledebur.

“Hay congresistas de Estados Unidos que están pendientes de este caso, también la Encargada de Negocios de la embajada en Bolivia. Yo me mantengo en contacto con ella. Y salió ese comunicado porque ellos han evaluado, no es con capricho mío que saquen una carta, ellos evaluaron que hay denuncias y también es muy importante que se establezca que estos grupos son ilegales”, declaró la norteamericana, el martes, al periódico oficialista La Razón.

//@VisorBolivia//  

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