Yapacaní: niña embarazada y su madre decidieron que el bebé nazca vivo

La madre de la niña no puede vera su hija por restricciones de la Defensoría / CAPTURA UNITEL

SOCIEDAD | 1 Nov 2021

Madre reveló que desde la decisión de continuar con el embarazo, su familia recibió amenazas de la Fiscalía para realizar el aborto

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Desde el momento que acudieron al centro de salud en Yapacaní, tanto la niña de 11 años que se encuentra embarazada, como su madre, decidieron que el bebé que ya cumple seis meses de gestación nazca vivo.

En entrevista con la red Unitel en Santa Cruz, la madre de la niña que fue víctima de violación aclaró que en ningún momento estuvieron de acuerdo con “interrumpir” el embarazo, más aún luego de las revisiones y explicaciones médicas recibidas.

“Desde que me explicaron en el hospital de Yapacaní que había un riesgo en ambos casos, tanto como en el aborto, como de continuar con el embarazo, nosotros decidimos que continué con el embarazo”, declaró en reserva de identidad.

“Ella quiere que ese bebé nazca vivo, pero así como dicen los analistas psicológicos, ella dice que no quiere criarlo”, agregó y dijo que en su momento se verá si el nuevo ser es criado por su familia o puesto en adopción.

La mujer también reveló que desde que se conoció la decisión de continuar con el embarazo, su familia recibió amenazas de la Fiscalía para realizar el aborto.

El abogado de la familia, Néstor Higa, reiteró que el bien mayor es precautelar la vida de ambos, y por ello el Estado y sus instituciones no tienen facultad para interrumpir un embarazo avanzado como este.

Asimismo, considera que los argumentos de la Defensoría del Pueblo, que pretende obligar al aborto de la niña, están apuntan a presionar a la familia para ir contra su propia voluntad.

Higa explicó que la “interrupción del embarazo” en los casos señalados por el Código Penal, como es la figura de violación, se aplica hasta las 12 semanas y no llegando a las 24, como es el caso de la niña de Yapacaní.

Actualmente la menor se encuentra en un centro de acogida del Arzobispado de la Iglesia Católica y la visita de su madre se encuentra restringida por decisión de la Defensoría de la Niñez que exige acompañarla con una funcionaria para poder ver a su propia hija.

En tanto, las amenazas de procesos continúan desde la Defensoría del Pueblo que ingresó una querella contra el Arzobispado de Santa Cruz, la maternidad Percy Boland y la Defensoría de Yapacaní por haber permitido que el embarazo siga su curso. La supuesta vulneración de derechos reproductivos de la menor fue señalada por esa institución pro aborto.

La propia defensora interina Nadia Cruz, insiste en que “todavía” está a tiempo “dentro de la semana 23” para practicar el legrado a la niña y así extirpar al bebé de seis meses, pues, según citó hoy, “no olvidemos que no sólo se tiene que contabilizar las semanas, sino que se trata del derecho de la menor en cuanto a su integridad física, a su vida y sus derechos”.

Sobre el sujeto que abusó de la menor, se conoce que se trata del padre de la nueva pareja de la madre, con quien ella tuvo un hijo. El denunciado fue trasladado al penal de Palmasola en calidad de detención preventiva por la figura de violación con agravante.

Ante este panorama de amenazas desde una entidad estatal, la madre de la niña solicitó este lunes, medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Solicito con urgencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ordene al Estado Boliviano, como medida cautelar, el asegurar que se ponga fin a los intentos de la Defensoría del Pueblo, y cualquier otro organismos público y privado, de subvertir la opinión y decisión de no concretar el aborto y la muerte del niño que lleva dentro”, cita la nota difundida en agencias de prensa.

El documento también cita los artículos 5,7, 12 y 13 de Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece riesgo a la vida y aluden la libertad de conciencia y pensamiento, ante la presión que pretende ejercer la Defensoría, sin tener representación legal ni convencional sobre la menor o su familia.

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