Medios impresos y periodistas exigen sanción a secuestradores de reporteros

Una imagen difundida por la red privada de televisión ATB muestra a uno de los secuestradores y torturadores de periodistas, mientras apunta con un arma a la cámara de televisión / CAPTURA ATB

SOCIEDAD | 1 Nov 2021

ANP y ANPB señalan que durante los últimos años se registraron acciones de violencia, pero ninguno de los casos fue procesado por la Fiscalía y la justicia

ANP.- Los principales medios impresos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) emplazaron al gobierno a llevar ante la justicia a los autores intelectuales y materiales del secuestro y tortura de periodistas, el pasado jueves 28 de octubre de 2021, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz.

El pronunciamiento también reclama la identificación de las personas que alientan o protegen a estos grupos violentos que mantuvieron cautivos durante siete horas, a trabajadores de un predio rural, propietarios del lugar y policías.

Siete periodistas sufrieron secuestro, tortura, fueron baleados y perdieron equipos de trabajo que fueron destruidos a balazos, según los testimonios que ofrecieron tras su liberación, el mismo jueves 28 de octubre.

Tanto la ANP como la ANPB señalan que durante los últimos años se registraron acciones de violencia e intentos de linchamiento de equipos de prensa desplazados a zonas de conflicto, pero ninguno de los casos fue procesado por la Fiscalía y la justicia.

Las organizaciones representativas de los principales diarios, revistas y una agencia de noticias, y de los periodistas bolivianos, observan que la violencia se registró un día después que un denominado Pacto de Unidad, con abierta afinidad al partido gobernante, tildó de desestabilizadores a los medios de comunicación y anunció una nueva ley de comunicación.

Los periodistas bolivianos defienden la vigencia de la actual Constitución Política del Estado (CPE) que protege las libertades de prensa, de opinión y de expresión, de acuerdo a los estándares internacionales.

El pronunciamiento de la ANP y la ANPB es el siguiente:

Organizaciones periodísticas demandan inmediata sanción al grupo armado que secuestró y agredió a periodistas

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a los principales medios impresos y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) condenamos enérgicamente y denunciamos la aparición y actuación de grupos irregulares y violentos como aquél, que el pasado jueves 28 de octubre de 2021, secuestró por siete horas, agredió, torturó y amedrentó con disparos de armas de fuego a un grupo de periodistas, ciudadanos y policías en la localidad cruceña de Guarayos.

Ese hecho inadmisible ante el país, ante la ley la democracia, pero sobre todo intolerable ante una sociedad que demanda vivir en paz y armonía no puede quedar en la impunidad tal y como ha ocurrido con otros episodios de violencia, cuyos responsables no han sido identificados, detenidos y llevados ante la justicia.

Advertimos y denunciamos que la sistemática retórica hostil hacia los medios de comunicación, emitida desde organizaciones políticas y sociales afines al gobierno, y secundadas por algunas autoridades del órgano ejecutivo, constituyen una implícita invitación a perpetrar actos de intimidación e intolerancia a la labor del periodismo como ya ha sucedido incontables veces en la última década.

Los mensajes de rechazo al trabajo de periodistas y medios se convierten en acciones violentas, secuestro, tortura, persecución y hostigamiento a un sector que por décadas dedicó su labor a defender y construir una democracia sin exclusiones, sin intereses sectoriales o partidarios, y con la voluntad de edificar un país con justicia y libertades.

En esa misma lógica se inscriben los grupos políticos, también irregulares, de activistas progubernamentales que con financiamiento de origen desconocido, actúan abiertamente atacando y desacreditando a periodistas y medios de comunicación, y promoviendo el odio entre bolivianos desde el anonimato de miles de cuentas falsas en las redes sociales.

Asimismo, llama profundamente la atención que los hechos de Guarayos se hayan producido tan solo unas horas después de un pronunciamiento emitido por los dirigentes del denominado Pacto de Unidad, conformado por organizaciones abiertamente afines al partido gobernante, en el que anuncian una nueva ley de comunicación y entre otros desafortunados adjetivos acusan a los medios de haber apoyado un presunto golpe de estado. Nada más ofensivo y falso cuando históricamente los medios de comunicación y los periodistas hemos sido protagonistas para la recuperación de la democracia en Bolivia.

Tampoco pasa inadvertida la inmediata aparición del vocero presidencial Jorge Richter que fue explícito en señalar su interés de instalar un debate sobre “límites y conductas” en las relaciones comunicacionales, lo cual implicaría un deseo de revisar las libertades de prensa y de opinión de todos los ciudadanos expresadas en la Constitución.

La misma lógica gubernamental contra los medios de comunicación ha sido reiteradamente expuesta en anteriores ocasiones por el Canciller, el Ministro de Justicia y el Procurador General que intentan asignar funciones políticas de oposición al periodismo, cuando no nos corresponde.

Hechos como los arriba denunciados conforman una clara estrategia política orientada a deteriorar la libertad de prensa y de expresión en Bolivia, y como efecto de ello, promover la extinción paulatina de los derechos de los ciudadanos con un daño irreparable a la democracia.

Por la gravedad de los sucesos que han quedado ampliamente documentados y verificados, en particular en el reciente registrado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, las organizaciones firmantes del presente pronunciamiento emplazan al gobierno a investigar, identificar y llevar ante la justicia a los autores intelectuales y materiales, en los plazos señalados por ley. Del mismo modo, la investigación debe determinar quién o quiénes alientan y/o protegen a estos grupos violentos.

Una actuación lenta en procedimientos e inefectiva ante la formación de grupos irregulares, implicará una actitud contemplativa con el delito, contraria al valor fundamental del trabajo y alentará otras acciones de funestas consecuencias.

Elevamos este mensaje a conocimiento de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) países defensores de la democracia, y redes de defensa de la libre expresión, y pedimos una labor activa de observación de los acontecimientos en Bolivia.

//FUENTE: ANP - UNIDAD DE MONITOREO//