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Domingo, 23 de Enero de 2022

Redes de avasalladores y traficantes de tierras operan armadas y organizadas en el oriente

SOCIEDAD | 2 Nov 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- El hecho delictivo ocurrido en Las Londras, la pasada semana, demostró que la inseguridad corre en las áreas productivas del oriente. La Policía reveló que algunos de los avasalladores identificados cuentan con prontuario, mientras otro caso registrado en Warnes confirmó la existencia de una red de avasalladores.

“Varias de estas personas han estado involucradas en hechos delictivos”, mencionó el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, a tiempo de informar que se busca al menos a siete personas que protagonizaron los hechos del jueves pasado.

El desdoblamiento de imágenes fue importante para identificar a tres sujetos, mientras se trabaja en otros cuatro sospechosos de la emboscada, secuestro y tortura a civiles, policías y periodistas en la provincia Guarayos, dentro de la propiedad de Las Londras.

En su primer ingreso a la zona, la Policía pudo confirmar la edificación de un galpón donde existían cochones y algunos objetos que podrían ser usados como armas.

Las figuras por las que se podría juzgar a estos sujetos son secuestro, privación de libertad, lesiones graves y leves, daño calificado, alzamiento armado, organización criminal, terrorismo, tentativa de homicidio, atentado contra la libertad de prensa y tenencia y porte de armas de fuego.

Sin embargo, los hechos de la pasada semana no fueron aislados, pues se denunció que ya hubo otros ataques armados en la zona de Las Londras.

En declaraciones al matutino Página Siete, el gerente de la empresa agropecuaria Jihussa, Álvaro Gonzáles, dijo que los días 22 y 26 se dieron hechos similares con grupos armados que pretenden hacerse con los predios de 3.500 hectáreas ganaderas.

“Dos en Las Londras y uno en cercanías de Las Londras, el tercero de la toma de rehenes empieza afuera y termina adentro, porque ellos los sacan de los vehículos y los llevan hasta un corral que tenemos en Las Londras”, dijo.

También llama la atención que además de las armas, estos grupos de avasalladores realicen seguimiento y sobrevuelo con drones, que son costosos y difíciles de operar.

“El poder de fuego letal que tienen las armas que están usando esas personas y los drones, hago mucho hincapié porque esos drones son carísimos, poca gente los sabe operar”, agregó el ganadero.

Gonzáles afirma que los documentos de propiedad datan de los años 80s, por tanto, descarta la versión de los denominados interculturales que califican los terrenos como “tierras fiscales” de las cuales “solo piden un pedazo” para “aportar al desarrollo y la reactivación económica”.

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, había calificado el hecho de Guarayos como un caso de tierras en conflicto.

“Hay 16 poseedores ahí que desde 1990 han iniciado el proceso de saneamiento. El INRA ya tomó una determinación en algún momento, a estos 16, por ejemplo, cuando concluyó el proceso de saneamiento se determinó que ésas eran áreas fiscales, ninguno tenía derecho y ellos acudieron a la justicia agroambiental, como corresponde”, expuso el funcionario.

En ese caso, es el Tribunal Agroambiental el que deberá dar una sentencia definitiva, pero mientras aquello no ocurra, las tierras continúan en propiedad del grupo afiliado a la ANAPO.

En tanto, en Warnes otro grupo de avasalladores trató de ingresar a la propiedad de una mujer de la tercera edad. El caso pudo quedar en otro intento de inseguridad ciudadana, pero los vecinos lograron recuperar unos cuadernos que confirman el intento organizado para la toma de tierras.

El diario El Deber reportó que entre esos documentos se encontró listas de “aportes” desde Bs 50 hasta Bs 7.000, además de un plano del terreno totalmente parcelado y otros lotes con áreas y precios listos para la venta.

“Es larga la lista de gente a la que están engañado, haciéndoles creer que van a venderle los lotes”, declaró una familiar de la mujer afectada.

Otro caso anterior se dio en la Chiquitanía, donde grupos de avasalladores trataron de expulsar a comunarios indígenas a la fuerza.

De esos hechos violentos registrados en julio en San Julián, dos indígenas fueron heridos y uno de ellos, Lino Peña, perdió la vida el día 30 de ese mes. El comunario solo salió a proteger sus predios en la comunidad Jerusalén III del ataque de avasalladores identificados como “interculturales”. Nadie fue imputado por ese caso.

//@VisorBolivia// 

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