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Lunes, 6 de Diciembre de 2021

Encapuchados que dinamitaban durante conflicto de ADEPCOCA salieron del Ministerio de Gobierno

ESPECIALES | 17 Nov 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Infiltrados, encapuchados y portando explosivos en Villa Fátima y Villa El Carmen; así actuaron los funcionarios del Ministerio de Gobierno que en septiembre causaron zozobra en esas zonas paceñas, durante el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) y que continúan movilizados para amedrentar a la oposición política al régimen del masismo.

Entre el 23 y 30 de septiembre, las zonas cercanas al mercado de la coca y sede de ADEPCOCA se vieron afectadas por las marchas y bloqueos sectoriales, pero ante todo por los dinamitazos que causaron destrozos en viviendas particulares. El hospital Municipal La Merced también sufrió los ataques al punto de quedar sin luz durante varios minutos, con el riesgo consecuente para la vida de los pacientes.

Los vecinos lograron grabar muchas de esas acciones violentas y denunciaron la presencia de infiltrados que además eran “resguardados” por la propia Policía Nacional.

Hoy se conoce que esos encapuchados eran dirigidos desde el Ministerio de Gobierno, con funcionarios y militantes de los llamados “cuadros políticos” de Columna Sur y Jichis, hoy convertidos en grupos de choque del masismo.

Marco Antonio Cuentas es el funcionario del Ministerio de Gobierno y “jefe” de los llamados Jichis, quien encabezó el enfrentamiento de las células masistas contra los productores de coca de Yungas. Actualmente figura como director de Régimen Interior y responde al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, otro “connotado miembro” de la célula comunista Columna Sur.

El 5 de agosto, Cuentas gritaba a todo pulmón “¡55% carajo!”, mientras increpaba a la marcha que había convocado el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) n contra del cierre del caso fraude y por la defensa de la democracia.

Esa jornada se dio los enfrentamientos a una cuadra de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), institución que dirige la octogenaria activista Amparo Carvajal. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, fue uno de los más afectados con golpes y cortes en la cabeza por parte de estos grupos que tuvieron al dirigente masista Gustavo Torrico como principal responsable.

Cuentas y sus Jichis, identificados además como funcionarios públicos, el 24 de agosto y en horario de oficina salieron a gritar “¡asesina, golpista!” frente a la clínica UNIMED, donde había sido trasladada la expresidenta constitucional Jeanine Áñez para una valoración médica.

“Pasaba por acá y me enteré que la señora Jeanine Añez estaba internada. Indignado, me vine a protestar, porque la señora se hace a la víctima”, protestó Cuentas ante los micrófonos de Red Uno y Radio Éxito.

En las imágenes de los medios de cobertura se evidencia la presencia del responsable de prevención de conflictos, Marco Antonio Balderrama, y la abogada de la Dirección de Régimen Interior, Nadia Anave.

Página Siete y ViSOR consultaron con fuentes al interior del MAS para confirmar los datos.

Las fuentes en reserva, explicaron que Cuentas y su grupo, fueron parte de las campañas proselitistas de César Dockweiler y Franklin Flores en las pasadas elecciones subnacionales de marzo. También señalaron que su accionar trata de imitar la estructura policial para intervenir como “agentes del caos” y esto está afectando al “instrumento político”.

“Ese tipo de organización aún se coordina en la Casa del Pueblo (…) nosotros rechazamos a esa gente improvisada y sus cabecillas”, dijo la fuente oficialista.

VECINA DE VILLA FÁTIMA: “TODO ERA UNA GUERRA”

“Había dos por aquí, uno que lanzaba dinamita ahí abajo, era un señor gordo que estaba en las rejas, hay un video, y al lado estaba un policía que no le dijo nada. Entonces salimos todos los vecinos a botarlos y nos lanzaron dinamitas, incluso una señora se cayó aquí, ella apareció en las noticias, todo era una guerra”, dijo Milenka, nombre convencional, vecina de Villa Fátima, al señalar la esquina de la calle Huancané, donde el grupo de infiltrados fue filmado el pasado 23 de septiembre.

En esa fecha, el mercado cocalero estaba bajo control de la facción del dirigente afín al MAS, Arnol Alanez que días antes había sido “posesionado” y “avalado” por el ministro Del Castillo, un acto que encendió las protestas del sector. Cuentas cumplió su labor al encabezar la comitiva de avanzada que luego respaldó al joven cocalero.

El día 23, las detonaciones afectaron a cinco viviendas, una perdió todos los vidrios y la reja metálica de una tienda de barrio también quedó destruida, además de los daños en las aceras y asfalto de esa calle.

“Había jóvenes que encararon a los policías por estos infiltrados, pero no les decían nada de lo que estaban lanzando dinamita”, recordó la vecina.

Al día siguiente, durante la transmisión “en vivo” que hizo el canal pro gubernamental ATB, Cuentas aparece en diferentes instantes junto con otros civiles en medio de los policías que resguardaban esas calles. Los infiltrados civiles se movían sin problemas junto con los oficiales que comandaban la represión contra cocaleros que rechazaban a Alanez, en la calle Arapata, paralela a la calle Huancané.

“¡Vamos, vamos, avance sin miedo!”, gritaba un oficial, según se ve en la transmisión; en ese momento aparecen también los otros civiles encapuchados reconocidos por los vecinos. Éstos tenían petardos de gran tamaño y fueron grabados en diferentes puntos manipulando las mochilas donde se presume cargaban explosivos.

LA SALVÓ DE PERDER LAS PIERNAS

Los vecinos describieron con detalle que el grupo liderado por Cuentas acompañó el recorrido de los policías hasta llegar a la calle Huancané; allí, luego de ser vistos arrojando dinamitas contra los cocaleros y causar la rotura de vidrios por las ondas expansivas, varios vecinos intentaron echarlos de la zona.

Los vecinos pidieron una y otra vez el auxilio de los policías que estaban en la avenida Las Américas, e identificaron a los encapuchados que portaban los explosivos, pero no les hicieron caso.

Otros dos vecinos relataron con detalles que el civil identificado como Cuentas se paró en una de las esquinas de la calle Huancané y en la parte baja se quedaron tres de sus acompañantes. Uno de ellos, “un gordo vestido de negro”, fue quien arrojó una dinamita hacia una mujer que por el susto cayó al piso, con un cartucho cuya mecha se consumía a escasos centímetros y a punto de detonar.

Fue la reacción desesperada de otra vecina que “jaló de los cabellos” a la persona caída y la arrastró unos metros, lo que impidió una desgracia y “la salvó de perder las piernas” por la explosión que dejó un notorio orificio en el asfalto.

Los propietarios de viviendas denunciaron que las dinamitas lanzadas por estos encapuchados afectaron dos tiendas, ladrillos que estaban a la venta y vidrios de al menos cinco domicilios.

La noche del 30 de septiembre también se realizaron detonaciones de dinamita, que fueron grabadas por los vecinos.

En un video se ve cómo este grupo de encapuchados, sentados junto a los policías, preparan los explosivos y los lanzan en una calle vacía. Inmediatamente dos sujetos retornan tapándose los oídos y segundos después se escucha el estruendo de la detonación. Los vecinos de Villa Fátima y Villa El Carmen vivieron una semana marcada por la tensión y el miedo.

¿QUÉ DICE EL RÉGIMEN?

El 23 de septiembre, en medio de la convulsión social y la violencia generada en ADEPCOCA, el comandante departamental de la Policía, coronel Augusto Russo, aseguró que quienes fueron filmados portando dinamitas fuero los cocaleros y no “policías encubiertos”.

“No son policías de civil, son cocaleros; ahí tienen 33 (detenidos) en la FELCC yo les pido que se constituyan ahí”, respondió el jefe policial en tono molesto ante la consulta de los medios de cobertura.

El ministro Del Castillo y su viceministro Nelson Cox luego acusaron y mantuvieron la versión de que los cocaleros de Yungas “eran violentos y atacaban con dinamitas a los uniformados”.

El 1 de octubre, Del Castillo anunciaba: “se tiene plenamente identificadas a 30 personas a través de imágenes”, por lo que se espera su aprehensión y los catalogó como “grupos parapoliciales” que tenían como objetivo generar violencia en el sector cocalero.

Consultado por Página Siete sobre si se logró identificar a estos “encapuchados”, el comandante de la Policía, general Jhonny Aguilera, dijo que no se tiene una investigación en curso.

“Cuando se trata de un delito, primero hay que encontrar una acción que tiene que estar enmarcada en una tipicidad (...) Son cuestiones vinculadas a hechos que no forman parte de una estructura penal; por lo tanto, no merecen la atención de la Policía; sin embargo, se toman los recaudos necesarios para que en el futuro no se vuelva a dar”, respondió el general.

En octubre la respuesta del comandante también fue contundente: “No existen. No. Es imposible. Puedo garantizar fehacientemente que es imposible que haya ni medio infiltrado, eso no va. Tenemos una doctrina, nosotros trabajamos para el restablecimiento del orden, no para causar desorden”.

Finalmente, desde la Unidad de Comunicación del Ministerio de Gobierno, dirigida por José Llorenti, señalado por la oposición de ser el “cabecilla” de los “guerreros digitales” nacidos en la era de Evo Morales, bajo los pseudónimos virales del “piojo cabrón” y “soy un cocodrilo”, se rechazó cualquier sindicación contra Cuentas, porque “el director solamente actuó en coherencia con el cargo el cual ejerce actualmente”.

La nota firmada por el mencionado funcionario, también miembro de las juventudes comunistas del MAS, se dio luego de la nota original publicada este martes por el matutino Página Siete, bajo el titular “Miembros de un grupo parapolicial trabajan en el Ministerio de Gobierno”.

Según Llorenti, el director de Régimen Interior tiene entre sus funciones como servidor público: “Dirigir la ejecución de planes de seguridad interna del Estado; coordinar el desarrollo de acciones de seguridad interna con la Policía Boliviana y de las diferentes instituciones públicas y sociedad civil organizada; movilizar a la fuerza de orden pública para garantizar la seguridad interna del Estado cuando esta acción sea requerida”.

//@VisorBolivia/ con datos de Página Siete//

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