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Sábado, 2 de Marzo de 2024

Fiscalía y la UIF no investigaron los bienes de Gabriela Zapata

SOCIEDAD | 20 Dic 2021

Inacción no permitió “identificar el tipo penal exacto del cual se le atribuyó autoría”, señala el Auto Supremo

PÁGINA SIETE.- El Auto Supremo del 26 de marzo de 2019 remitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el caso Gabriela Zapata, acusada y sentenciada por legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos, muestra que el Ministerio Público no investigó la procedencia de sus bienes, porque la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) no elevó “ningún informe que denote movimientos sospechosos”.

“La Unidad de Investigaciones Financieras no ha elevado ningún informe previo a (su) aprehensión que denote movimientos económicos sospechosos, estableciendo cuál es el origen de los mismos y cuál el destino… y si los mismos proceden del TGN (Tesoro General de la Nación) que causen daño económico directo al Estado’”, dice el inciso “e” del recurso de casación que la defensa de Zapata presentó al TSJ para apelar su sentencia, dos años después de emitida.

Zapata, exnovia de Evo Morales, fue procesada y sentenciada por legitimación de ganancias ilícitas en 2017, pero el 29 de noviembre pasado fue beneficiada con libertad condicional por el juez cuarto de Ejecución Penal, Abraham Aguirre Romero, por haber cumplido dos terceras partes de su condena de 10 años, tener vocación para el trabajo y por buena conducta. Zapata fue la principal implicada en los contratos millonarios con la empresa china CAMC y el Estado boliviano.

El documento al que tuvo acceso Página Siete revela además que por la no indagación de la UIF se incumplió la Ley 1768 del Código Penal, que dispone remitir al Ministerio Público los antecedentes para que el Tribunal de Sentencia establezca el monto de los recursos legitimados, lo cual no permitió “identificar el tipo penal exacto del cual se le atribuyó autoría”, dice el Auto Supremo, que es la máxima decisión judicial en el país.

La sala plena del TSJ explica que “la falta de informe de la Unidad de Investigaciones Financieras que denote movimiento económico sospechoso, impide resolver” los temas de fondo, señala el Auto Supremo.

Como la UIF no presentó a la Fiscalía ningún informe, el Ministerio Público no realizó la anotación de sus bienes, ni congeló sus cuentas para someterlas a una indagación. El único bien incautado por un tiempo fue un vehículo, que luego fue devuelto,

La única sanción emitida en la sentencia contra Zapata, además de la pena de diez años de presidio, fue una “multa de 200 días a razón de 10 bolivianos diarios más al pago de daños civiles y costas al Estado”. En total la multa a Zapata ascendió a los 2.000 bolivianos, indica el Auto Supremo.

“En todo el proceso por el delito de legitimación de ganancias ilícitas no se hizo la cuantificación de los bienes de Zapata, entre inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, contratos empresariales con el Estado u otros”, dice el abogado Eduardo León.

La UIF no hizo su trabajo. “Debía decir, por ejemplo, la señora Zapata hasta el 2012 tenía un determinado monto en patrimonio, pero a partir de 2013 incrementó. Zapata ha pagado la casa de la señora Ximena Fortún por un monto de 850 mil dólares, pero jamás se investigó el origen de ese dinero”, insiste León.

Hace más de dos semanas que la exnovia de Evo Morales salió de la cárcel. Habita, supuestamente, en un departamento que está a su nombre en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, aunque hasta la fecha no se la vio entrar o salir del edificio.

Otras observaciones

El abogado penalista Ramiro Carrillo explicó por qué la comisión de fiscales del caso debió pedir, además, información a Derechos Reales, Tránsito, Cotel, e incluso la ATT (Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes) sobre la tenencia de bienes a nombre de Zapata, algo que no se cumplió.

“La comisión de fiscales, los investigadores, el juez de instrucción, el tribunal del juicio oral, todos ellos han configurado su accionar en incumplimiento de deberes. Además, involucra a todos los que han sido parte querellante, como los ministerios de Justicia, de Gobierno, de la Presidencia. Entonces, todos aquellos que no han solicitado la anotación preventiva de los bienes de Zapata han cometido incumplimiento de deberes, lo que se traduce en un daño económico al Estado”, señaló Carrillo.

En ese marco, subrayó que según la Constitución Política del Estado todos los procesos por daño económico al Estado son imprescriptibles. “Es decir, a la larga, sea en éste o en otro gobierno –mientras no cambie la Constitución– los funcionarios que han obrado desconociendo la norma van a tener ser procesados ”, reitera el experto.

Bienes

De acuerdo con recibos de pagos de transferencia de bienes a los que tuvo acceso este impreso, Zapata era poseedora de, por lo menos, nueve bienes inmuebles, entre ellas la casona de La Rinconada, terrenos en Huajchilla y Mecapaca y un departamento en Cochabamba, el mismo que supuestamente habita después de ser liberada.

Además de esos bienes, la exnovia de Morales supuestamente es propietaria de por lo menos cinco vehículos, entre ellos un auto de lujo Mercedes Benz negro y vagonetas. Una fuente indicó que la Fiscalía se incautó de uno de los vehículos, pero tiempo después le fue devuelto. Se supo que todos no están a su nombre.

El 18 de junio de 2016, el entonces fiscal general Ramiro Guerrero dijo que Zapata tenía bienes en Santa Cruz. “Tiene movimientos bancarios, diferentes cuentas bancarias (…) otros bienes inmuebles, otros vehículos”, dijo Guerrero ese año.

Mediante recibos se pudo constatar que la exejecutiva de CAMC manejaba grandes sumas de dinero en efectivo para la compra y venta de inmuebles. El 28 de noviembre de 2015, Zapata depositó en efectivo 200 mil dólares a la cuenta de Ana María Fortún (hermana de Ximena) por la venta de un terreno en Huajchilla, al sur de La Paz.

Posteriormente, el 7 de diciembre de 2015 realizó otro depósito por 50.000 dólares. El destino de los fondos era la compra de otro bien inmueble en La Rinconada, en La Paz.

“Fue un proceso amañado”, afirma el abogado constitucionalista José Luis Santistevan.

"La investigación fue dirigida solamente a proteger las altas esferas del gobierno y para que nunca se vayan a recuperar los recursos. Los únicos que sufren el daño son el Estado y sus arcas, además del pueblo, porque eran recursos de los 11 millones de bolivianos.

La justicia siempre se corta por el lado más delgado. Ese fue un proceso amañado, dirigido para proteger a los verdaderos responsables que ayudaron a Gabriela Zapata para el enriquecimiento ilícito.

Por eso es que las investigaciones que fueron dirigidas nunca se preocuparon de hacer inteligencia financiera, de inscribir los bienes y todo lo adquirido para recuperar el daño económico.

El proceso tuvo dos elementos. Primero, no se investigó todos los vínculos y los registros económicos que han producido ese hecho de corrupción que tiene como origen la relación incestuosa con el expresidente Evo Morales.

En segundo lugar, la investigación fue para proteger a Evo Morales y a algunos excolaboradores. Por eso nunca se investigó como manda la Ley Marcelo Quiroga y el Código de Procedimiento Penal que dicen que lo primero que tiene que hacerse en un delito de corrupción es aplicar el sistema de inteligencia financiera".

//FUENTE: PÁGINA SIETE//

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