De Áñez a Pumari, 91 procesados y detenidos en 2021 a nombre del "golpe"

Foto agencias

POLÍTICA | 31 Dic 2021

"No nos mueve el odio, nos mueve un afán de justicia”, dijo Luis Arce y activó una serie de demandas en la vía judicial

ANUARIO PÁGINA SIETE.- La expresidenta transitoria Jeanine Añez y al menos 91 personas -entre exautoridades, militares, policías y cívicos- fueron llevados a estrados judiciales a denuncia del gobierno del Movimiento Al Socialismo y con la reiterada insistencia de vincular todos los procesos con la crisis política de 2019 y el supuesto “golpe de Estado”.

Con la consigna “no nos mueve el odio, nos mueve un afán de justicia”, el gobierno de Luis Arce activó una serie de demandas en la vía judicial para convencer a la población de que en noviembre de 2019 hubo un golpe de Estado al entonces presidente Evo Morales.

Para el MAS, el centro de todos los hechos de 2019 es el “golpe” y en torno a ese caso se vinculan otros procesos como el de las muertes en Senkata y Sacaba, denuncias de corrupción contra la oposición o quema de tribunales electorales. Incluyen incluso hechos más recientes, como el caso de los ítems fantasmas en el municipio de Santa Cruz, del cual se dijo que los montos ilícitos obtenidos fueron para financiar el paro de los cívicos y articular el “golpe”.

En ese contexto, este año 91 personas fueron procesadas en diferentes causas. El caso golpe de Estado I fue activado a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Mientras que el caso golpe II fue abierto ante la demanda del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y otras instancias del gobierno.

Siete personas fueron encarceladas por el caso “golpe”, entre ellos la expresidenta Añez, dos exministros y cuatro exjefes militares. Otros tres exministros, tres militares y un exjefe policial son buscados por la justicia.

Los principales denunciados, Luis Fernando Camacho y su padre, José Luis Camacho, aún no declararon, como tampoco lo hicieron quienes figuran como víctimas en el proceso: Evo Morales y Álvaro García Linera.

La exdiputada Patty envió varios memoriales a la Fiscalía pidiendo la aprehensión de Camacho, pero no se les dio curso. “No hay avance al momento, por eso exigimos que se detenga al señor Camacho, pero no hay cuándo, solo lo están protegiendo”, cuestionó la demandante.

Por su parte, el abogado de dos de los militares detenidos, Eusebio Vera, aseguró que sus defendidos fueron implicados solo por salir en la foto cuando el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman sugirió la renuncia de Morales. “Les atribuyen hechos y actos que no han cometido”, reclamó.

Trece militares fueron procesados por las muertes de 2019 en Senkata, Sacaba y Betanzos; de ellos 11 están con detención preventiva y dos con arresto domiciliario. Entre los policías, el excomandante Rodolfo Montero fue encarcelado por el caso Senkata; el excomandante de Cochabamba Jaime Zurita cumple medidas sustitutivas por el caso Sacaba; mientras que el excomandante policial Javier Fuad Vaca, que fue recluido por las muertes en la zona Sur, falleció el pasado 28 de octubre.

David Inka, activista de Derechos Humanos y representante de las víctimas de Senkata y Sacaba, dijo que todavía está pendiente el inicio de juicios penales contra los exministros de Añez que firmaron el Decreto Supremo 4078, “que dio vía libre a graves vulneraciones de derechos” en 2019. Recalcó que debe cumplirse todas las recomendaciones plasmadas en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en agosto de este año.

GIEI y otros organismos

Entre sus conclusiones, los expertos del GIEI recomendaron al Estado boliviano esclarecer todas las graves violaciones de los derechos humanos registradas tanto en el gobierno de Evo Morales como en el de Jeanine Añez. Esos hechos dejaron el saldo de varias personas fallecidas y heridas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Pero para lograr eso, la instancia internacional exhortó a encaminar la transformación de la justicia y fortalecer la independencia de las instituciones públicas para garantizar el acceso imparcial a la justicia para todos.

Otros organismos internacionales como la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), así como Human Rights Watch (HRW) instaron a una reforma judicial en Bolivia con el mismo argumento: falta de independencia en el Órgano Judicial.

Murillo y otros exministros

En mayo, el exministro de Gobierno de la gestión transitoria Arturo Murillo fue detenido en Estados Unidos por el cargo de lavado de dinero y sobornos en la compra de gases lacrimógenos. A diferencia de los otros cuatro implicados en el caso que admitieron su responsabilidad, Murillo se declaró “no culpable” e irá a juicio ante la justicia norteamericana.

Desde Bolivia, el gobierno sigue ese proceso y también gestiona la extradición de Murillo para que responda no solo por la compra de gases lacrimógenos, sino por el caso “golpe” y las muertes en Senkata y Sacaba, entre otros procesos en los también está involucrado el exministro de Defensa Luis Fernando López, de quien se dice escapó al Brasil.

Además de Murillo, López, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, hay otros 12 exministros que enfrentan denuncias del MAS, en casos como designaciones ilegales y compras irregulares en la pandemia.

También fueron procesados los exviceministros Wilson Santamaría, Javier Issa y Carlos Schlink, este último estuvo recluido unos meses y luego fue liberado con medidas sustitutivas por el caso FMI. Se suma el encarcelamiento del exgerente de Entel, Eddy Luis Franco, por contratos irregulares.

Cívicos en la mira

En cuanto a los líderes cívicos, además de Camacho y su padre, Rómulo Calvo (Santa Cruz), los potosinos Marco Pumari, Juan Carlos Manuel y Ramiro Subia fueron procesados en distintos casos, uno ellos es el paro contra la Ley 1386 por el que fueron sindicados de intentar otro golpe.

A todos ellos se suman ocho miembros de la Resistencia Juvenil Cochala involucrados en distintos procesos; 26 policías procesados por el motín, 12 fueron dados de baja; otros tres policías y dos militares procesados por caso gases; además de exfuncionarios.

//FUENTE: PÁGINA SIETE//