Escribe Mónica Olmos Campos

La Resolución 001 y el quinto depósito

Escribe Mónica Olmos Campos

OPINIÓN | 11 Ene 2022

El Ministerio de Educación ha dejado en claro que su tarea está hecha y presentada emitiendo la Resolución Ministerial correspondiente a la presente gestión. Las acciones, el mensaje y el esfuerzo parecen decir “listo, ahora arréglenselas como mejor puedan, pero cumplan con los 200 días hábiles”.

La Resolución Ministerial 001 que norma la gestión del Subsistema de la Educación Regular es un documento que en lo sustancial varía casi nada cada gestión, aunque es evidente que desde el 2020 algunas reglas se han modificado por el Covid-19 siendo la gran novedad la modalidad de atención educativa, vale decir que a la tradicional forma de pasar clases se han sumado la semipresencialidad y la modalidad a distancia; por lo demás, la Resolución 001 de este y de todos los años anteriores es un documento que regula lo básico, lo formal, lo obvio, aunque no lo mínimo y mucho menos lo fundamental y esencial para la academia.

El Ministerio de Educación y el gobierno de Luis Arce deben agradecer que la educación mantenga un perfil bajo debido al estrecho interés que la mayoría de los bolivianos tiene en el tema; deben agradecer, también, que el segundo semestre del 2021 el Covid-19 haya sido menos agresivo; y estar agradecidísimos de que no exista “oposición” que investigue ni cuestione ni fiscalice nada que tenga ver con la educación de los bolivianos. Así es, la gestión, aciertos y fracasos de la educación formal en el país son asuntos de Estado y como tal se mantienen en exclusiva reserva para quienes la centralizan y controlan.

Preocupa -pero no extraña- que la Resolución 001 de este año excluya, por ejemplo, la instrucción de un diagnóstico integral de aprendizajes, una evaluación de aprendizajes específicos o por áreas del conocimiento, una valoración del impacto de la virtualidad, unas estrategias para la recuperación de los aprendizajes y para conocer las condiciones de la salud emocional de los estudiantes, una valoración de la calidad de la educación presencial versus a distancia, el plan B y C en caso de que la entrega de materiales escolares una vez más se haga de manera tardía que obligue a adelantar las vacaciones de invierno; una evaluación de los programas de educación a distancia (Radio y TV); en fin, la Resolución Ministerial 001/2022 debió incorporar un “combo” de acciones integrales que permitan al Ministerio de Educación y especialmente a las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas gestionarse con la carretera iluminada, con las franjas pintadas, con la señalética instalada y con las advertencias de curva, giro y pendiente anunciadas; es decir, con las consignas y preguntas respondidas porque así como se está, hay muchos gestores educativos que no ven el camino y lo peor, tampoco saben a quienes conducen.

En concreto, el esfuerzo del Ministerio de Educación parece decantarse en la habilitación y elección de las tres modalidades que deben ser “impartidas de manera gratuita en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado” y cuya obligación de “adecuar y dotar la infraestructura, mobiliario, equipamiento y material de bioseguridad (…) de acuerdo a la situación epidemiológica del país y la región” es de los Gobiernos Autónomos Municipales; es decir que ¿además de la ausencia de los estudios (diagnósticos y evaluaciones), la Resolución sugiere que son las Alcaldías las que deben dotar de Internet, computadoras, móviles, datos, alcohol, jaboncillos, cloro, trapos y gomero? ¿Que son las Alcaldías las que deben proporcionar el staff médico, camillas, agua, oxígeno, oxímetro, medidores de temperatura, paracetamol, ibuprofeno y barbijos?

Hay una serie de asuntos pedagógicos, didácticos y curriculares que son de competencia y responsabilidad del Ministerio de Educación y seguramente también de otras instancias de Estado como Economía, Salud, Deportes, Cultura y Comunicación, por mencionar algunos, y que están siendo metidos debajo de la Resolución 001/2022; una normativa que a todas luces es absolutamente insuficiente para atender las demandas que el sector tiene luego de dos gestiones consecutivas muy complicadas por el impacto de la pandemia que lo único que ha dejado en evidencia es que en Bolivia existe una brecha educativa, tecnológica y social grosera y abusiva.

La Resolución 001/2022 no debió anotar solo lo que de memoria sabe cualquier director de escuela, procedimientos formales y burocráticos que rigen la rutina. No, la Resolución, al menos este año, debió ser un documento que permita orientar, de verdad, el trabajo de directores, maestros, psicólogos y padres de familia; debió convocar al sistema educativo a conocerse y reconocerse para que de esa manera sea capaz de gestionarse.

Los calendarios, requisitos de inscripción, inauguraciones, clausuras, prohibiciones, restricciones y compulsas, días de clases e incluso modalidades de atención son tareas mecánicas que, en todo caso, pueden ser recordadas revisando cualquiera de las Resoluciones pasadas; por tanto, la Resolución en cuestión no debe ser ni parecer ser el A,B,C de la educación, peor cuando la realidad demanda acciones integrales y planificadas orientadas primero a conocer dónde se está, y segundo, adónde se tiene que llegar.

La calidad de la educación está cada vez más alejada de las instrucciones burocráticas controladoras de la administración de la escuela; por el contrario, es consecuencia de medidas académicas acertadas vinculadas con la cualificación permanente de los maestros; el aprendizaje y crecimiento integral de los estudiantes; las mejores formas de enseñar y aprender; la incorporación curricular de los avances de la ciencia; la implementación de tecnología educativa y el proceso educativo con visión internacional. En ese contexto, la burocracia de la administración, así como las reglas que consideran el tamaño y color de los calcetines o de los guardapolvos, las carátulas de las carpetas o los forros de color específico deben archivarse en el cuarto del quinto depósito, allá en el subterráneo.

//*MÓNICA PATRICIA OLMOS CAMPOS ES COMUNICADORA SOCIAL Y DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN//

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