Disputa por la tierra: una pulseta entre el favor político y el poder económico

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ECONOMÍA | 28 Ene 2022

Guido Alejo: “el mayor perdedor es el indígena de tierras bajas, poniendo en riesgo toda su forma de cultura y vida"

ANF.- La disputa por la tierra en Bolivia está marcada por la distribución basada en el favor político desde el Gobierno y en el poder económico de los empresarios agroindustriales, reflejando así la confrontación política que vive el país, manteniendo la desigualdad porque muchas hectáreas siguen en pocas manos y causando la migración masiva hacia el oriente, pero también los avasallamientos de propiedad privada y amenazas a las áreas protegidas.

El tema fue debatido en un foro de la Agencia de Noticias Fides (ANF) con la participación de la comunicadora Yara Espinoza (Cochabamba), el arquitecto y analista Guido Alejo (El Alto) y los politólogos Rodrigo Pacheco (La Paz), Evelyn Callapino (Potosí), y Estefaní Tapia, que fungió como moderadora del encuentro virtual.

Espinoza recordó que el pasado 2 de agosto el presidente Luis Arce entregó 26.000 títulos ejecutoriados, de los cuales “solo tres corresponden a comunidades indígenas”, pese al discurso del oficialismo para reivindicar que la “tierra es de quien la trabaja”.

La mayoría de esos títulos eran para medianas y pequeñas empresas y unas 15 para las empresas grandes agroindustriales, agregó la analista, tras la señalar que estos datos muestran “la ruptura del discurso político desde las altas esferas del poder”.

La situación obliga a las comunidades indígenas a “replegarse” hacia escenarios de marginalidad o “asimilarse” a los grupos de colonos que crean asentamientos y “avasallan” con el respaldo del Gobierno, sostuvo.

El 28 % de las tierras del Estado, igual a 25 millones de hectáreas, fue entregado a la agrupación de los interculturales, que está formada por aymaras y quechuas, pero que no nacieron con la llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS), sino que tienen un origen histórico más antiguo, agregó.

Para la analista, en los gobiernos de Evo Morales y de Jeanine Añez no se cumplió la prohibición legal de que tener un máximo de 5.000 hectáreas por productor y, por otro lado, no hay garantía sobre la propiedad privada como se vio en el caso de Las Londras, ni tampoco para la preservación de las áreas protegidas o reservas naturales.

Además, apuntó que “el agronegocio solo sirve para la exportación y no para la soberanía alimentaria” y que el minifundio está vinculado con los transgénicos, los monocultivos y la pérdida de semillas y, por tanto, de diversidad en la agricultura.

De su parte, Pacheco llamó la atención sobre la “desigualdad” que existe en el sistema de acceso a la tierra al coexistir empresas agropecuarias grandes y medianas, las economías campesinas y la producción de pueblos indígenas, con una polarización entre los dos primeros sectores y una nula influencia de las etnias en las esferas del poder.

Agregó que mientras se expande el modelo del agronegocio, lo contrario ocurre con las economías campesinas que afrontan problemas desarrollo y productividad. En ese sentido, hay una convivencia del latifundio y el minifundio.

Citando al investigador Danilo Paz, señaló que hay datos “alarmantes” como que el 82 % de las unidades productivas disponen del 16 % de la tierra cultivada, mientras que el 9 % de los productores del agronegocio posee el 50 % de la tierra, y el resto está en manos de pueblos indígenas, pero se trata de hectáreas con vocación silvopastoril.

Apuntó que el panorama se complica porque existe una concentración de la tierra y también una “extranjerización” con ocupaciones de parte de brasileños y de menonitas.

El otro problema es que el modelo desarrollo productivo “es insostenible” porque el “agronegocio es parasitario” al tener subvencionado por el diésel, agregó.

Pacheco también cuestionó la narrativa contra los “avasallamientos” que, según dijo, surge en Santa Cruz para identificar a quienes los ejecutan como migrantes andinos, aymaras o quechuas, y cocaleros del Movimiento al Socialismo (MAS), cuando también avasallan empresarios mineros o agroindustriales del oriente.

Alejo: “El mayor perdedor es el indígena de tierras bajas”

Para el analista Alejo, en ese contexto, “el mayor perdedor es el indígena de tierras bajas” poniendo en riesgo toda su forma de cultura y vida, y dijo que debe investigarse qué pasa con los jóvenes de esos pueblos, si se quedan en sus regiones o se ven obligados a migrar, y qué expectativa de vida tienen.

A su juicio, una investigación así permitiría ver si los hijos de esos pueblos ven en su horizonte vincularse al agronegocio o a los interculturales, y qué adaptación están afrontando para ver si mejora o empeora su calidad de vida.

Esto sucede con los pueblos de la amazonia, pese a que la Constitución del 2009 tiene, a su juicio, un enfoque jurídico centrado en la protección de esas etnias por lo que dijo que deberían exigir el respeto a la autodeterminación y sus derechos como establece el texto constitucional.

“Más que postular unas reformas estructurales bastante complejas, será interesante como mal menor para amortiguar todo el daño que están sufriendo estos pueblos, el pedir respeto a sus formas de vida”, subrayó Alejo.

Agregó que el Estado debería dejar de usar la tierra como un elemento para cooptar adeptos políticos y los gobernantes deberían desarrollar una mirada de estadistas para una planificación con vistas al futuro.

Desde Potosí, Callapino sostuvo que tiene una mirada “pesimista” sobre este problema porque es muy complejo y “porque hablar de la tierra es hablar de relaciones de poder”, no supone debatir sobre hectáreas, sino de desarrollo y progreso en función de aspectos económicos y por eso se produce la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

Y si se quiere hablar de una distribución técnica y justa, la responsabilidad recae siempre en manos del Estado y de los gobernantes de turno sin responder a los problemas estructurales de fondo, sino a grupos de interés que viven una “politización negativa” porque es partidaria.

Concluyó que no ve posibles cambios en la política de tierras de Estado en la próxima década.

//FUENTE: ANF//