Escribe: Andrés Gómez Vela

“EL VOTO BLANCO Y NULO EN LAS ELECCIONES JUDICIALES”

OPINIÓN | 18 Jun 2017

ANDRÉS GÓMEZ VELA / 18 junio.- Antes de que la Asamblea Legislativa postergue las elecciones judiciales para el próximo 3 de diciembre, miles de personas adelantaron, sin haber siquiera conocido los nombres de los candidatos y candidatas, que votarán en blanco o nulo. El artículo 79 de la Ley de Régimen Electoral señala que serán electos los candidatos que obtengan el "mayor número de votos válidos”, lo que significa que el blanco y nulo no inciden.

La norma señalada desconoce la decisión de una parte de los electores que se traduce en el rechazo, no sólo a los candidatos, sino al cómo y quiénes los seleccionaron. Después de la mala experiencia de 2011, debiera haber sido modificado ese artículo.

¿Qué pasó en las elecciones judiciales de 2011? Ganó el voto blanco/nulo. En el caso del Tribunal Agroambiental, el nulo sumó 42,6 % y el blanco, 15%; en el Tribunal Constitucional, 44% fue nulo y 13%, blanco; en el Consejo de la Magistratura, 42% nulo y 15% blanco; en el Tribunal Supremo de Justicia, la elección por circunscripción departamental aminoró el golpe, pero el promedio del blanco/nulo osciló entre 25 y 35%.

El mensaje fue contundente, más del 50% rechazó a los elegidos, que obtuvieron apenas entre el 5% y 15% de respaldo; pero el sistema aprobado por el gobierno del MAS impuso a "no elegidos” y condenó a los electores a sufrir las nefastas consecuencias durante seis años.

Decir que la gente votó nulo y blanco porque no entendió la elección o faltó información, significa despreciar la inteligencia del elector, que generalmente no llega a la urna con la mente en blanco, sino llena de información y con una decisión tomada anticipadamente sobre determinados precedentes.

En 2011, el nulo se entendió como el voto protesta contra la forma de selección y sus autores; y el blanco, como el descontento ante los candidatos.
El desastre judicial que aún sufre el país impele a los decisores discutir de forma general sobre el voto blanco y nulo. No es coherente que el artículo 26.II.2. de la Constitución y el 43, inciso a, de la Ley de Régimen Electoral obliguen al ciudadano a votar, le sancionen por incumplir y luego no reconozcan ese voto.

Tampoco es democrático obligar al elector a optar por candidatos elegidos de forma truculenta o para fines políticos. ¿Quién es el legislador para inmiscuirse en la decisión soberana del elector?

El voto es un derecho político, ergo es una forma de toma de decisión en materia política. El Artículo 26 de la Constitución indica que es una vía de participación directa en la conformación de un gobierno o de un poder. Entonces, no se puede desconocer el voto blanco/nulo.

Se presupone que el Estado garantiza, previo a la elección, el derecho del ciudadano a la información, lo que quiere decir que el elector sabe por qué vota blanco o nulo.

La misma racionalidad democrática aplica el sistema de mayorías para determinar cuál fue la decisión de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se puede posesionar a magistrados rechazados por la mayoría?

Justamente para evitar esta disfunción, la Corte Constitucional de Colombia determinó en 2011 que el voto en blanco es "una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos [y] constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector”. De este modo, reconoció la incidencia decisiva del voto blanco en procesos electorales y lo incluyó en la papeleta electoral.

En años pasados, sólo a los amigos trotskistas escuchaba convocar al voto blanco y nulo, hoy la tendencia crece porque el sistema de selección de candidatos a magistrados no incluye a aquellos que no simpatizan políticamente con el partido de gobierno, pese a que son capaces, idóneos y honestos.

No es difícil entender cuando no hay ambiciones de eternizarse en el poder. Espero que el fracaso de la primera convocatoria obligue al masismo a comprender que la elección de magistrados debe superar las ambiciones de grupo; de otro modo, en diciembre ganará probablemente con más porcentaje el rechazo y la sociedad boliviana estará condenada a seguir existiendo sin justicia y con un gobierno autoritario.

/*Andrés Gómez es periodista y abogado/

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