Escribe Angélica Siles Parrado

El GAFI y su condicionamiento al FMI y BM para otorgar créditos

Escribe Angélica Siles Parrado

OPINIÓN | 22 Oct 2021

El Grupo Acción Financiera (GAFI), es una Institución creada en 1989, en París, Francia, por el Grupo de los 7 para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Esto, por el incremento del narcotráfico y las sustancias controladas que crecieron a tal grado que afectan al sistema financiero, porque realiza el blanqueo de capitales con la adquisición de inmuebles, empresas, y que luego se amplió para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas del narcotráfico y los estupefacientes. Participan el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras para velar el cumplimiento de los estándares de prevenir, detectar y judicializar estos delitos en el mundo.

Luego se creó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que lo conforman Bolivia y otros 16 países, y que ha ido evolucionando en función del Concejo de Seguridad de Naciones Unidas compuesto por China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos y otros 10 miembros no permanentes. Primero la legitimación de ganancias ilegitimas, luego tomó cuerpo el financiamiento de armas para el terrorismo, con la Resolución Nº 2368, que habla del terrorismo en la que existe lista de sanciones y sancionados por el Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas a 260 personas y 89 entidades internacionales. En el GAFILAT, se deben aplicar medidas para proteger al sistema financiero de estos delitos al momento de tener alguna relación comercial o instituciones que pertenezcan a países incluidos en la “lista negra”.

En el BID están en la lista con prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas y obstructivas: Argentina, Chile y Venezuela, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, México y Perú. A las entidades inhabilitadas se las declara inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el grupo BID.

Ante la autoevaluación que debe realizar en noviembre el Estado Boliviano, vienen del GAFILAT para ver si cumplen con el mandato del FMI y el BM y como el gobierno de Arce están desesperados por lograr que las “leyes malditas” se apliquen, para satisfacer los requisitos del FMI aunque una de las recomendaciones es que primero debe existir justicia independiente.

Por la crisis económica que vive Bolivia, Luis Arce trató de colocar bonos por 3.000 millones de dólares y como no consiguió su propósito, entonces acude al brazo financiero del “Imperio” a solicitar PRÉSTAMOS del FMI y al BM, porque su gestión pretende sustentarse con préstamos para cubrir la “inversión pública” y seguir engañando al soberano con obras fantasmas para satisfacer a sus “movimientos sociales” con las prebendas que les acostumbró cuando era Ministro de Economía en el gobierno de Morales.

El gobierno de Arce, no solo quiere meter la mano al bolsillo el pueblo trabajador que genera ingresos, sino legitimar la persecución política y tapar los 89 muertos y 120 heridos en la gestión de 14 años de Morales. Y además con Del Castillo están preparando una lista de personas que “supuestamente se presume” financian el terrorismo, para congelar sus cuentas, grabar y confiscar sus bienes sin necesidad de notificar, pero no dicen nada de la compra de autos Lamborgini en el Chapare que cuestan $us 100.000 $us., las mansiones de millones de dólares y sobre las empresas estatales que deben al TGN $us 6.000 millones, sin ningún control para reducir la ineficiencia y el despilfarro, por el contrario siguen financiando para cubrir el déficit.

Como no cuentan con recursos frescos, quieren meter mano a ADEPCOCA, una asociación privada que genera ingresos propios y empleo privado. No controlan dónde va el 92% de la producción de coca en el Chapare que según el UNODC no cuenta con registros, por tanto se presume que va al narcotráfico.

Exigimos que el Gobierno de Arce la abrogación de las leyes inconstitucionales como la Ley 1386 y las otras leyes nefastas que pretenden someter al pueblo. No seremos otra Venezuela ni Cuba; “Morir antes que Esclavos vivir”.

//*ANGÉLICA SILES PARRADO ES ABOGADA, EX ASAMBLEÍSTA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA//

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